No existe un pacto de Álvarez con los gremios. Fue un acuerdo de todas las fracciones

 3 agosto

El lunes pasado, el columnista Juan Carlos Hidalgo enarbola un ataque desmedido contra el candidato del Partido Liberación Nacional (PLN) sobre bases absolutamente falsas, aduciendo que don Antonio Álvarez Desanti no se había manifestado sobre la huelga del Poder Judicial y sugiriendo la existencia de un pacto oscuro entre la fracción de nuestro partido y los sindicatos.

El intento del señor Hidalgo por colocar al PLN en el mismo saco del PAC, agrupación que junto con el FA, sí mantiene un acuerdo con los sindicatos desde junio del 2015, firmado en el Teatro Melico Salazar, es a todas luces malintencionado y busca ser confundido con el acuerdo adquirido, cuando don Antonio Álvarez se desempeñaba como presidente del Congreso, por todas las fracciones Legislativas con el sindicato del Poder Judicial, para evitar precisamente la triste huelga que tanto dolor causó a algunos costarricenses, por tener secuestrados por varios días los cuerpos de sus familiares, y que asestó un golpe irreversible a la imagen de este poder de la República.

En efecto, en el acta ordinaria n°. 37, del 30 de abril del 2016, quedó claro al acuerdo a que habían llegado todos los jefes de las fracciones legislativas: se aprobaría un texto sustitutivo que se agregaría al expediente legislativo n.° 19.615, el cual sería el texto base de discusión y que se modificaría con base en el estudio actuarial que estaba siendo elaborado por la Universidad de Costa Rica (UCR).

Ese fue el acuerdo aprobado por una mayoría legislativa calificada mediante la moción que otorgó la vía rápida al proyecto de ley. No es cierto, entonces, que se trata de “un pacto de Álvarez con los gremios”; se trata del acuerdo legislativo aprobado con el concurso de todos los jefes de fracción.

Sí hubo pronunciamiento. Hidalgo aduce, también falsamente, que hubo un silencio sepulcral de nuestro candidato en relación con la huelga. Todo lo contrario. Don Antonio claramente manifestó en las redes sociales, el pasado 26 de julio, que en relación con la reciente huelga quedaba claro que no se debía permitir en los servicios públicos fundamentales y que el decreto ejecutivo n.° 38.767, promulgado por la administración Solís en diciembre del 2014 “había dejado indefensa a la población que requiere servicios que brinda el Poder Judicial”.

Sobre el fondo, el 29 de julio, La Nación publicó las claras declaraciones de don Antonio Álvarez dando respaldo a lo actuado por la fracción legislativa del PLN y apoyando las reformas del régimen de pensiones del Poder Judicial, aprobadas por la comisión especial del Congreso, las cuales se basaban en las recomendaciones técnicas de los actuarios de la UCR.

La posición de la fracción del PLN, respaldada por su candidato, quedó ratificada en el reportaje de La Nación del 1.° de agosto, en donde se comprometen públicamente los votos de nuestros 18 diputados a favor de la reforma.

Álvarez Desanti, a lo largo de su trayectoria, ha manifestado su intención de acabar con los privilegios de las pensiones de los supremos poderes de manera comedida y prudente.

La autora es diputada del PLN.