El manejo de los indicadores socioeconómicos en su expresión de promedios nacionales, minimiza y oculta el drama que viven los habitantes de importantes regiones del país, afectados por la postración económica de sus comunidades y los flagelos sociales del desempleo, la prostitución, drogadicción de sus jóvenes y la desnutrición y el hambre de sus niños.
Cuando esos indicadores se disgregan por regiones, los datos resultantes expresan con crudeza la atroz desigualdad entre el desarrollo de la zona central del país y de las regiones periféricas, y evidencian lo injusto de un esquema de desarrollo, influenciado por la modalidad centralista de toma de decisiones y la ausencia de una efectiva regionalización, que no ha sido equitativo con todos sus territorios.
Las asimetrías entre las diferentes regiones del país son una realidad innegable y provienen de una ancestral política de concentración de las inversiones en las comunidades de la zona central, en detrimento de aquellas situadas en las zonas costeras del Pacífico y el Caribe, y de las que se ubican en las zonas fronterizas con Nicaragua y Panamá.
Los índices de pobreza y desempleo, o los relacionados con la educación, la vivienda o el agua potable, de los cantones pertenecientes a las regiones periféricas son alarmantemente desventajosos, comparados con aquellos referidos a los cantones del Valle Central, como lo señalé en el artículo “La Costa Rica abandonada”, publicado el 26 de julio en La Nación .
Esta desigualdad debe llenarnos de vergüenza como país porque denota falta de solidaridad con aquellos compatriotas que nacen y viven en las regiones menos favorecidas, ya que se les escatiman opciones y se les reducen expectativas para su bienestar, y condenan a los habitantes a ser ciudadanos de segunda clase. El Gobierno central y las instituciones del Estado, hoy y siempre, han demostrado desinterés, negligencia e incapacidad para impulsar el desarrollo de esas regiones.
Tema prioritario. Al inicio de un nuevo proceso electoral (y entendiendo que el análisis, el debate y la solución de la problemática nacional debe ser la constante en el actuar de los dirigentes políticos) es válido y oportuno llamar la atención sobre la necesidad de que el tema del desarrollo regional sea una prioridad en sus agendas.
Es importante que, en esta nueva campaña, los candidatos y sus equipos le den prioridad al tema de la disparidad regional de nuestro desarrollo; que incluyan en sus programas las ideas con las que pretenden reducir la brecha existente; que digan cuáles son los proyectos para dirigir una mayor inversión pública hacia las regiones más rezagadas, de tal forma que estimulen las inversiones privadas para dinamizar aquellas deprimidas economías y disminuyan el elevado desempleo y los abrumadores niveles de pobreza, simple y extrema, que agobian a sus moradores.
Cualquier propuesta seria debe establecer con claridad cómo se incentivará la creatividad y cómo se movilizarán la capacidad de iniciativa y los recursos políticos de las propias comunidades y regiones.
Quienes aspiran a gobernar el país, a partir del 8 de mayo del 2014, deben tener en cuenta que, en diversas elecciones nacionales, los resultados de las urnas de las regiones periféricas han definido al titular de la silla presidencial y que, tristemente, la mayor parte de quienes se han sentado en ella no han correspondido a ese apoyo. Por ello, es grande la desilusión de sus habitantes ante las promesas incumplidas.
Se requiere, entonces, el planteamiento de una nueva visión sobre el desarrollo del país, integral, que favorezca a todas las regiones sin excluir ni una sola porción de nuestro territorio. El sentido de la acción política es, precisamente, la lucha por el bienestar de todos.