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Los desafíos del sistema penal

Actualizado el 01 de marzo de 2013 a las 12:00 am

La justicia debeestricto apegoa la ConstituciónPolítica

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Desde las primeras clases universitarias se nos enseña que una pena debe desplegar efectos preventivos sobre el condenado y sobre toda la sociedad, con el objetivo de que aquel no vuelva a delinquir y que el conglomerado social se motive a respetar las leyes.

También aprendemos que la aplicación de un castigo a un acusado debe realizarse siguiendo una serie de etapas sucesivas que integran el proceso jurisdiccional, el cual, dicho sea de paso, es la única vía que puede seguir el Estado para sancionar de manera lícita.

La finalidad del proceso, por consiguiente, es garantizar la aplicación de la ley penal mediante el respeto absoluto de la presunción de inocencia, el derecho de defensa y la necesaria demostración de culpabilidad.

Con los resultados de recientes casos de impacto mediático, hemos podido comprobar que determinados asuntos en los que no había ninguna viabilidad para condenar a los imputados llegaron a juicio mediante abigarradas interpretaciones de las normas y con prueba recabada que resulta contraria a los derechos fundamentales de los involucrados. Estas situaciones que la mayoría de las veces son muy evidentes para los defensores y para cualquier observador neutral, no parecen serlo tanto para fiscales y jueces, a la luz de las decisiones que toman.

Pareciera entonces que los fines de la pena se han trasladado al proceso; es decir, que el solo hecho de someter a persecución penal a una persona, aunque no haya posibilidades reales de condenarla, debe tener suficientes efectos preventivos sobre ella, y las medidas cautelares como la prisión provisional vendrían a ser un anticipado castigo. Si un tribunal absuelve de responsabilidad posteriormente, eso se convierte en algo circunstancial, porque ya el supuesto responsable pagó el precio de sus acciones delictivas con el solo hecho de verse expuesto ante la opinión pública y tener que estar incluso temporalmente privado de su libertad.

Como principal causa de este fenómeno está sin duda la violación al principio de objetividad contenido en los artículos 63 y 180 del Código Procesal Penal por parte de fiscales y jueces; estos numerales consagran el deber de investigar y juzgar tomando en cuenta no solo las circunstancias que acrediten la acusación, sino también las que sirvan para eximir de responsabilidad al imputado.

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Cuando la objetividad se deja de lado y se consideran otros elementos, los operadores del sistema incurren generalmente en arbitrariedades y abusos, los cuales deberían acarrear alguna consecuencia, cosa que lamentablemente no sucede en la actualidad y de ahí quizás la reiteración constante de estos mismos vicios.

No puede obviarse que las malas decisiones de una fiscalía, de un juez o de un tribunal generan enormes gastos de tiempo y recursos, sin mencionar la zozobra para los que se ven involucrados en estos juicios. Aun cuando existan remedios para corregir esas valoraciones de las autoridades que se hacen con premura, sesgo o parcialidad, como ha sucedido últimamente en las instancias de apelación, ese tiempo y esos recursos no se recuperan y bien pudieron haber sido utilizados para perseguir y castigar delitos que efectivamente podían terminar con una condena.

Por último, hay un aspecto primordial en toda esta situación: el sistema penal no está a favor del Ministerio Público, de la víctima, o del imputado. La justicia punitiva tiene que estar a favor del estricto apego a la Constitución Política y al bloque de legalidad, independientemente de cuál sea la sentencia que se tenga que dictar. En esta materia, por más que una acción sea éticamente reprochable, si no se puede castigar por cualquier motivo –atipicidad, prescripción, prueba ilícita u otros–, la pena simplemente no procede y así debe declararse, aunque cada uno de nosotros como ciudadanos podamos sacar nuestras propias conclusiones al respecto desde un punto de vista no jurídico.

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