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Los desafíos del nuevo jerarca de la Corte Suprema

Actualizado el 09 de marzo de 2013 a las 12:00 am

La independencia judicial debe volver a constituirse en parte fundamental de nuestra democracia

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Luego de la lamentable desaparición física del Dr. Luis Paulino Mora Mora, el Poder Judicial de nuestro país se encuentra a la expectativa por conocer quién será el próximo presidente o presidenta de la Corte Suprema de Justicia, tarea que no se vislumbra como fácil porque habrá que lidiar con un estilo observado a lo largo de más de trece años por el desaparecido jerarca, y con todos los cambios que durante ese tiempo se generaron. Pero con independencia de quien se trate, estimo importante y prudente realizar algunas acotaciones.

Primeramente, lo relativo al Fondo de Pensiones y Jubilaciones del Poder Judicial, en donde, si nos atenemos a los estudios realizados, requiere ajustes, incluido lo referente a las inversiones hechas y, sobre todo, a la administración que se ha venido ejerciendo durante todo este tiempo ya que, de resultar ciertas las observaciones de los expertos, se percibe con claridad que no ha sido la mejor ni la más acorde con los tiempos que corren.

Es importante que el tema se retome, aunque con estricto respeto a los derechos adquiridos y a las expectativas de muchos y muchas surgidas a partir de los años de cotización. Si ha habido algún desacierto en la forma de administrarlo, se deben sentar responsabilidades, pues existen las vías dispuestas para ello.

Por otra parte, en el año 2013, la tecnología se presenta como una gran aliada del servicio público que se brinda en el Poder Judicial costarricense. Sin embargo, es más que evidente que, mientras se ocupan equipos muy modernos que se instalan en las oficinas judiciales, muchos de los programas utilizados no van de la mano de tal avance ya que, bajo el argumento del ahorro en la adquisición de las licencias correspondientes, se echa mano de programas absolutamente inadecuados e ineficientes.

No es posible que en este momento se utilice un procesador de texto como el PJEditor, que se queda atrás con otros instrumentos como el Word de Windows, que solamente se encuentra disponible en algunas oficinas. Siempre en la misma línea, mientras se hace gala de la oralidad como instrumento útil y que permite el contacto directo entre el juzgador y las partes, se continúa con registros de audiencia y sentencias obsoletos, tediosos, con una vida útil muy limitada y que en definitiva no llenan en las expectativas para un Poder Judicial de avanzada, que se precia de ser el primero en lo referente a la información que se brinda en línea al público.

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Debe también procurarse una institución más democrática y menos verticalizada, en donde se escuche y tome en cuenta la voz de los sectores involucrados en el desempeño del servicio público, incluidos los trabajadores y las trabajadoras, que son una pieza clave en la maquinaria judicial. El recurso humano debe ser valorado en su justa medida y motivado adecuadamente para efectos de la labor, sin tener que acudir a emitir circulares o reglamentos, en donde prácticamente se regula casi todo (incluida la vestimenta o el uso de grapas en las carátulas de los expedientes). Existe una campaña de “ponerse en los zapatos del usuario”, aunque nadie se pone en los zapatos del trabajador y la trabajadora del Poder Judicial, sobre todo de las zonas rurales, en donde muchas veces no se cuenta con los recursos del caso, centralizados en el área metropolitana.

Finalmente, dos puntos delicados: la formación de los jueces, sumamente criticada (más aún en casos de nombramientos interinos de personas que no reúnen requisitos), debe ser foco de atención, y la independencia judicial, tan tristemente vulnerada en los últimos tiempos, debe rescatarse a plenitud y volver a constituirse en un aspecto fundamental del régimen republicano democrático. Es inaceptable que existan procesos disciplinarios abiertos contra jueces y juezas por aplicar normas jurídicas respecto de un caso concreto, cuya solución no resulta del agrado de ciertos sectores. Al igual que en el caso del magistrado Cruz, quien ocupe la Presidencia de la Corte debe defender a cabalidad este principio, consagrado en nuestra Carta Magna. Esto es así porque, como decía don Luis Paulino en sus clases, el juez es un garante y solo puede serlo si se le dota de independencia, a lo externo y a lo interno.

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