Opinión

El desafíoconstitucional 2014-2018

Actualizado el 26 de octubre de 2013 a las 12:00 am

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Nuestro problema es de malformación cultural. Estamos aferrados a una idea ya fenecida respecto del rol del Estado. ¿Cuál es la lógica existente detrás del gigantismo del sector público? Sigue siendo la propia de la era industrial que muere: que el Estado acumule recursos y autoridad a cambio de resolver “en serie” los problemas ciudadanos.

Por alcanzar esa quimera, se promueve un Estado invasor de todos los aspectos de nuestra vida. Justificados en la legitimidad de la democracia electoral representativa, transitamos el camino hacia un progresivo totalitarismo legalista. Por muchas razones, hoy esta no solo es una lógica perversa, sino obsoleta. Es propia tanto de la era industrial, como de la etapa del Estado representativo, y ambos paradigmas dan estertores de muerte.

En la nueva era del conocimiento y del Estado participativo no funciona la fórmula del Estado burocrático fiscalmente voraz. Además, la historia ha demostrado que la acción política siempre arrastra hacia resultados distintos de los anticipados. Aunque la clase política lo niegue, nada es más vano que los intentos de solucionar los problemas sociales por la vía del decreto político. Ello es un espejismo.

Excesivo control. Permítaseme solo un ejemplo práctico. En el afán de erradicar la corrupción, nunca en Costa Rica ha habido mayor cantidad de regulaciones, controles sobre controles y leguleyadas. Sin embargo, no ha sido por ese costoso y excesivo control –sino solo gracias a la prensa– que se han destapado los más gruesos desfalcos públicos de la historia. Por el contrario, la cantidad de obstáculos que se imponen por vía de la ascendente hiperlegalización de la vida ciudadana está engendrando una sociedad cada día más antidemocrática.

Esta tendencia nos afecta a todos, pero aún más a aquellos con menor poder económico, pues quien tiene recursos enfrenta mejor los progresivos caprichos reguladores del sistema. ¡Ni qué decir de cómo afecta ello al más débil! Lo condena a parasitarse en la oferta clientelista del Estado, la cual, por antonomasia, será siempre insuficiente, pues el clientelismo es un concepto congénitamente errado. Durante el 2006-2010, la Contraloría registró que el clientelismo estatal devoró el 26% del presupuesto total promedio de los sectores de nuestro Poder Ejecutivo.

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Ante el desafío de la sobrerregulación, ¿qué hacer? Ciertamente, se deben tomar algunas medidas inmediatas, como la de fortalecer en la Administración Pública el instituto jurídico del silencio positivo, o la transformación del Título XIV constitucional, de tal forma que las burocracias que venden bienes y servicios, como los bancos públicos, el INS, las telecomunicaciones estatales, los ferrocarriles o, por ejemplo, la Junta que emite la lotería, se conviertan en empresas públicas con un régimen de actuación menos caro y más expedito.

Pero, más que un asunto de reformas inmediatas, es un cambio de la cultura política y constitucional. De lo contrario, la voracidad de la fórmula en la que estamos enfrascados –la de la ascendente tendencia: “más endeudamiento público y más impuestos”– nos terminará arrastrando al mismo drama en el que están países como Francia, donde Hollande se ha visto obligado a solicitar un impuesto de hasta el 75% sobre los ingresos.

Lo preocupante es que no se escuchan voces, con alguna autoridad política, que propugnen una disciplina fiscal en la que el dinero esté firmemente dirigido a hacer posibles los fines genuinos del Estado, como lo son la realización de infraestructura, la producción o el desarrollo de la educación y la cultura. Por el contrario, hoy la deuda pública y la burocracia como tal han adquirido valor por sí mismas. ¡Ahora son fines y no medios! En la cosa pública, los instrumentos se tornaron más importantes que los objetivos legítimos del Estado, el cual se afirmó como finalidad en sí mismo.

Medidas urgentes. Por ello, apenas entre, la próxima Administración constitucional debería proponer una agenda de medidas urgentes en, al menos, cuatro aspectos: a) la determinación de un inventario de ejecución de infraestructura en orden de prioridad, de tal forma que sea posible un acuerdo político que garantice los medios para financiarla y la forma de ejecutarla; b) a partir de las diversas reformas al Estado que han propuesto las diferentes mesas ciudadanas, incluida la de la Comisión de Notables, determinar cuáles de esas reformas políticas serán prioritarias para la nueva Administración, a fin de alcanzar el acuerdo político que las haga posibles; c) proponer al país un plan de disciplina fiscal a largo plazo, orientado a garantizar que se destinen más recursos para inversión del que se aplica al gasto corriente; d) un plan sistemático de atracción de inversiones internacionales que garantice el cierre de la brecha de desempleo que nos amenaza. La resistencia vendrá de los usuales prejuicios domésticos contra la innovación propia del progreso y la competencia que nos imponen otros países empeñados en ese mismo esfuerzo de atracción de inversiones. Por ello es indispensable transformar nuestra errada cultura política hacia el emprendedurismo.

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Por ejemplo, una de las noticias más preocupantes de los últimos días la he leído, el pasado 20 de agosto, en un reportaje de este diario. Allí se denuncia que nuestro sistema educativo no contribuye a la formación de emprendedores. Solo el 30% de los entrevistados dijo haber recibido del sistema estímulos para pensar en desarrollar actividades productivas por propia iniciativa. No por casualidad nos ubicamos en el deshonroso puesto 110 en el mundo, respecto al clima de facilidad empresarial evaluado por el Banco Mundial en 185 países.

Factores favorables. Ahora bien, pese al desfavorable estado de cosas en el sector público, Costa Rica posee tres factores que siguen inclinando a su favor la balanza de la historia. Una envidiable posición geoestratégica en América, la herencia subsistente de un sistema político estable y, pese a la pequeña economía que somos, un sector empresarial audaz. Estas, entre otras, son razones que le ofrecen al Gobierno constitucional entrante condiciones envidiables para reactivar nuestra economía.

El nuestro no es un problema de diagnóstico, sino de determinaciones políticas puntuales. El optimismo es hoy obligación política. Al fin y al cabo, nuestros problemas no tienen las mismas dimensiones –ni la misma dificultad para resolverlos– que en otras naciones del Continente. No sufrimos azotes como los que agobian a México o a Venezuela.

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