Las negociaciones relacionadas con la elección del Directorio de la nueva Asamblea Legislativa, efectuadas entre el 30 de abril y el primero de mayo pasados, evidenciaron un profundo contraste entre diputados evangélicos, cuyas posiciones son innegociables, y legisladores de distintos partidos dispuestos a flexibilizar principios.
Decisión y flexibilidad, sin embargo, se combinaron de una manera tal que los evangélicos, que son unos pocos, consiguieron que el eje de las negociaciones fuera la posposición, por uno o varios años, del debate de iniciativas de ley favorables a los derechos de las minorías y de las mujeres. A su vez, diputados de los partidos con las bancadas mayoritarias se prestaron a ese infame juego. Al final, los evangélicos fracasaron, una derrota atribuible a la determinación tomada por el Frente Amplio de no apoyar al Partido Acción Ciudadana si consolidaba el acuerdo para posponer el debate de las iniciativas referidas, y, sobre todo, a la intensa y rápida protesta de los sectores que serían afectados por esa posposición.
Discriminación. Cuando la decisión y la innegociabilidad tienen por objeto defender prejuicios basados en fundamentalismos de diversa índole, flexibilizar principios asociados con la promoción de derechos humanos siempre conduce a perpetuar la discriminación y fomentar la intolerancia.
Sería conveniente que, en los próximos días, los partidos no fundamentalistas representados en la Asamblea Legislativa se comprometan públicamente a no incurrir más en ese oportunismo político que, al equiparar derechos y prejuicios, extiende el territorio del prejuicio y reduce los horizontes del derecho.
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