Con respecto a la nota titulada “Pobladores del sur se sienten olvidados un mes después de Nate”, publicada el domingo 5 de noviembre del 2017, el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) aclara que la cantidad de familias atendidas por zona no depende de nuestra institución, sino de la magnitud de la afectación por región, y estas son consecuentes con la información que entregan las comisiones locales de emergencia, los censos en los albergues y los barridos institucionales; cada caso es distinto, incluso hay familias atendidas con oferta programática de otras instituciones, según la caracterización familiar y la composición de esta.
El IMAS solamente puede atender familias en pobreza y pobreza extrema por norma, lo que significa que no todas las familias afectadas son objetivo de la institución.
A pesar de que son menos familias en la zona sur, la inversión social es mayor, comparado con otras áreas, lo cual es proporcional a la intensidad de la afectación.
Cada Área Regional de Desarrollo Social (ARDS) del IMAS, incluyendo el ARDS Brunca, hizo su trabajo con un alto compromiso con el objetivo de que los beneficios otorgados fueran asignados a las familias que realmente fueron afectadas por la tormenta tropical Nate y que se ubican en situación de pobreza y pobreza extrema, según la normativa vigente y los parámetros institucionales.
El IMAS inició su intervención 48 horas después de declarada la emergencia, según lo indica el reglamento institucional, para atender las necesidades inmediatas de los damnificados. Antes, se organizó al equipo de funcionarios de todas las regiones, entre los que destacaban encuestadores, cogestores y trabajadores sociales para la valoración de las familias, aplicación de la Ficha de la Información Social (FIS) y la asignación del beneficio por emergencia, según los parámetros institucionales y la normativa vigente.
El trabajo (registro de la información de familias en albergues y oficinas, valoración en campo y aplicación de FIS en campo de las familias que reportaron sufrir afectación) se ejecutó de manera articulada y coordinada con la Comisión Municipal de Emergencia (CME), durante todo el tiempo que duró la atención de la emergencia. Previo a la valoración del IMAS en el campo de los casos que reportaron afectación, se requería que los listados fueran referidos por la CME, ya que es la entidad encargada de certificar si una familia fue afectada por una emergencia o no.
El IMAS también buscó otros mecanismos y estrategias para agilizar dicho trámite, dentro de estos, se procedió a coordinar con la CME para trasladarle los listados de las familias valoradas por el IMAS para su respectiva certificación según corresponde.
La afectación de la emergencia en la Región Brunca fue diferente a otras zonas como la Chorotega o Puntarenas, pues las familias afectadas se encontraban localizadas en tres cantones: Buenos Aires, Osa y Pérez Zeledón; muchas de ellas reportadas como afectadas al inicio de la emergencia fueron movilizadas de sus comunidades por prevención, información que fue corroborada por los funcionarios del ARDS Brunca. Los poblados donde se ubicaban los damnificados eran pequeños y los daños fueron intensos, lo que se refleja en el informe emitido, donde se tiene menos población beneficiada pero con mayor inversión social, pues las familias afectadas tuvieron grandes pérdidas.
Dentro de estas afectaciones, existen familias con pérdida total de sus viviendas, el ARDS Brunca hizo un esfuerzo por apoyarlas con el beneficio de emergencia-pago de alquiler temporal. No obstante, se encontraron limitaciones propias de los lugares afectados, por ejemplo, los territorios indígenas de Rey Curré y Ujarrás de Buenos Aires quedaron en alto riesgo de ser habitados y sin alternativas de alquiler en la zona, lo que significó una movilización total de las familias a otros territorios.
En el caso de Osa, muchas familias afectadas se ubican en las fincas del distrito de Palmar, donde en su mayoría no cuentan con plano ni escritura, lo que dificulta que opten por un bono de vivienda en lugares con menos riesgo; también muchas viven en estos sitios por la cercanía de sus trabajos o el asentamiento de muchos años en estas tierras, donde han logrado desarrollar sus vidas. Estos aspectos deben tomarse en consideración, ya que mientras no se otorgue una solución habitacional definitiva, continuarán en situación de vulnerabilidad ante futuras situaciones de emergencia.
Al mes de declarada la emergencia, el ARDS Brunca atendió a 1.514 familias con una inversión de ¢788.188.438 en toda la región. El cantón de Osa recibió mayor atención e inversión, justamente por su grado de afectación, con una inversión de ¢415.693.772, lo que representa más del 50 % de la totalidad de la inversión efectuada, este monto ha beneficiado a 894 familias en ese cantón.
En segundo lugar se encuentra Pérez Zeledón con una inversión de ¢220.271.371, que representa apoyo para 425 familias. Seguido de Buenos Aires con ¢139.087.394, que han sido recibidos por 142 familias.
Corredores ha invertido ¢9.884.446 en 48 familias; en quinto lugar se encuentra Coto Brus con una atención de cuatro familias y un monto de ¢3.003.800. Golfito solo requirió de la asignación para una familia por ¢247.655.
No se recibió ninguna consulta del medio de comunicación para constatar las declaraciones de los entrevistados. Ante esta situación, de acuerdo con los datos proporcionados por nuestros sistemas informáticos, el IMAS verificó los casos mencionados en la nota publicada:
1. Juan Rodríguez Ruiz: resolución aprobada por ¢279.753, tramitada el 31 de octubre.
2. Alexánder Rojas Agüero: según nuestros registros es compañero de Ruth González Araya, resolución aprobada por ¢280.125, tramitada el 3 de noviembre.
3. “Maria Rojas”: se consultó al medio de comunicación sobre el segundo apellido para localizarla; sin embargo, la periodista quien redacta la nota no contaba con la información. El IMAS tiene dos personas registradas en el Sistema de Información sobre Población Objetivos (SIPO) con el mismo nombre y apellido en Ciudad Cortés de Osa: María Rojas Rojas, quien cuenta con el beneficio aprobado y completado por ¢567.000, tramitado el 20 de octubre; y María de los Ángeles Rojas Chinchilla, la cual no cuenta con trámite aprobado; no obstante, según el SIPO, vive en un lugar que no fue afectado por la emergencia.
4. María de los Ángeles Bolaños Zelaya: es la única de las personas mencionadas en la nota que no tiene un beneficio aprobado, debido a que, una vez realizada la actualización de la Ficha de Información Social (FIS), el 14 de octubre, se ubicó en el nivel 4 o nivel “no pobres”, población, que aun en emergencia, no ingresa en los parámetros que por ley le permiten a la institución atender de acuerdo con la Directriz de Priorización Institucional y la valoración profesional realizada por la Unidad Local de Desarrollo Social (ULDS).
Cabe resaltar que el IMAS solamente puede atender familias en pobreza y pobreza extrema por norma, lo que significa que no todas las familias afectadas son objetivo IMAS.
Desde el inicio de la presente administración, se giró la Directriz de Priorización, emitida el 14 de octubre del 2014, en la cual el IMAS definió los lineamientos de priorización para la atención de la población objetivo, logrando con ello colocar a las personas o familias en situación de pobreza extrema en el centro de la gestión institucional, reorientando al IMAS al cumplimiento del objetivo fundamental que emana de su ley constitutiva. Mientras que en un segundo nivel de priorización se considera la población en pobreza básica. La atención a la población que accede a los servicios del IMAS es efectuada en apego a este orden de prioridades.
Emilio Arias Rodríguez, presidente ejecutivo del IMAS