5 septiembre

Con respecto a los artículos publicados el 30 y 31 de agosto, debo decir que se resolvió el misterio de las actas. Para los que no saben cómo terminó, el proyecto de acta se modificó por solicitud expresa de la presidenta de la Junta Directiva del Banco de Costa Rica de ese entonces, quien después trató de servirse en la Comisión Especial Legislativa de ese cambio que ella misma gestó.

El secretario general de la Junta Directiva confirmó que en la versión final, que es la única oficial del acta, aprobada sin mi concurso por encontrarme fuera del país, se incluye un texto que resume mi participación, propuesto por la presidenta de ese entonces, con el cual no tengo objeción, pues refleja el espíritu de mi participación en la sesión. Ese espíritu es que la prioridad del Banco es velar por que los créditos no tengan problemas y se pueda lograr la recuperación de los fondos en caso de ejecución.

El secretario general de la Junta Directiva informó a la comisión legislativa que las actas de la institución no son una transcripción literal, según establece el artículo 56 de la Ley General de la Administración Pública, el cual dispone que basta con consignar los puntos principales de la deliberación. También confirmó que sobre este tema hay abundantes pronunciamientos de la Procuraduría General de la República.

Cuando he dicho que me he inhibido de participar en el análisis y discusión durante las sesiones en las que varios de mis compañeros directores, ante las condiciones del crédito de Sinocem, valientemente pedían explicación a la Administración, me refiero a una limitación autoimpuesta para no demeritar sus preocupaciones. Esto por cuanto, si yo las apoyara expresamente podría estarlas demeritando, debido al nexo profesional que mantiene la firma en la cual trabajo con un competidor del cliente. Como lo ha expresado la Asesoría Legal del Banco en diferentes pronunciamientos, no existe deber u obligación de que un director se inhiba de estar presente durante dichas sesiones, solo corresponde inhibirse cuando se tome un acuerdo respecto de un crédito en el que el director tenga un interés directo. Por el contrario, es el deber de todo director asistir e informarse de la situación de los créditos que generan preocupación para poder custodiar los fondos públicos a cargo del Banco.

Mi única manifestación ha consistido en que el Banco debe velar por que la operación y sus garantías no presenten problemas que impidan la recuperación de los fondos, lo cual creo y defiendo. Por lo tanto, no he faltado a la verdad ni he entrado en contradicciones. Mi posición en todo momento ha sido coherente en colocar primero los intereses del Banco. Esto se confirma con la participación del gerente general del Banco en el acta 28-17 del pasado seis de julio, en la que dice: “… que quiere dejar establecido, enfáticamente que ninguno de los miembros del Comité Corporativo Ejecutivo, quienes están presentes en este reciento, ni tampoco su persona, en ningún momento, ni de manera formal ni de manera informal, han recibido ninguna indicación, pregunta, nada, de parte de don Alberto con respecto al crédito de Sinocem… señala que los pocos comentarios que don Alberto ha realizado en el seno de la Junta Directiva General, con respecto a Sinocem, no tienen nada que ver con la política del gobierno de la República, relacionada con la apertura del mercado del cemento, siendo las dudas de don Alberto respecto al dueño de Sinocem, y esas dudas han sido por referencias que ha tenido a lo largo del tiempo”.

En efecto no he hecho nunca manifestaciones negativas que puedan interpretarse como un intento de entorpecer el crédito, pero sí he advertido sobre la falta de experiencia del sujeto de crédito en el mercado y las inquietudes que suscita sus propietario. Lo anterior, únicamente con el ánimo de que se aseguren de mantener el crédito y sus garantías en orden para el caso de que resulte inevitable proceder con una ejecución para recuperar los fondos de los costarricenses.

Quienes pretenden hacer creer que en el seno de la Junta Directiva se ha presentado una guerra comercial, no solo faltan a la verdad, sino que están siguiendo la misma narrativa que dejó expuesta el audio revelado por un subgerente a estrados judiciales, el cual ha circulado en la prensa. Esa narrativa lo que busca es generar una excusa y chivos expiatorios en el caso de que no se honren las deudas con el Banco. En la realidad estamos ante una operación que está investigándose y el objetivo debe ser garantizar que se logre una recuperación efectiva salvaguardando los intereses del Banco.

Confío en Dios que el deudor va a honrar su deuda y que, si no lo hace, todos los que lo han defendido contribuyan a que el Banco no pierda esos fondos que pertenecen a los costarricenses.

Alberto Raven Odio

Cédula 1-572-508