El derecho a la alimentación

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NUEVA YORK – Los sistemas de alimentación se han vuelto globales. Los alimentos promedio de un estadounidense recorren ahora una distancia de 2.400 kilómetros para llegar del campo a la mesa. Como la cadena alimentaria se ha transformado, los esfuerzos para garantizar el acceso general a ella se han intensificado, en los cuales el “derecho a la alimentación” es un motor importante de cambio de abajo hacia arriba.

En setiembre, India adoptó una ley histórica de seguridad alimentaria que garantiza cinco kilogramos mensuales de trigo, arroz y otros productos alimenticios subsidiados a dos tercios de la población, e incrementa el apoyo a mujeres embarazadas, niños escolarizados y personas mayores. Sin duda, hay numerosas lagunas en el sistema, pero hacer del acceso a los alimentos un derecho jurídico es un paso importante en la dirección correcta.

Dicho progreso, que se extiende más allá de India, ocurre después de una década de activismo global que ha desafiado como nunca antes la lógica de los sistemas de alimentos actuales. Desde que se adoptó en 1948 la Declaración Universal de Derechos Humanos, se han exigido ampliamente derechos políticos como la libertad de expresión, mientras que el derecho a la alimentación se ha descuidado enormemente.

Sin duda, desde que se firmó la Declaración, una plétora de herramientas se ha introducido con el objetivo de combatir el hambre. Algunos países han abierto sus mercados a las importaciones, mientras que otros se los han cerrado. Muchos se hicieron dependientes de la ayuda alimentaria, y otros actuaban bajo la convicción de que erradicar el hambre era meramente una cuestión de estimular el crecimiento del PIB. Sin embargo, dichos esfuerzos han tenido un éxito limitado.

Mientras tanto, la herramienta institucional más poderosa no se ha tomado en cuenta. A diferencia de las soluciones técnicas verticales que los responsables del diseño de políticas generalmente han favorecido, una solución basada en el concepto de alimentos como un derecho jurídico, no como un privilegio, involucraría –y empoderaría– a múltiples actores. Un enfoque como este se centraría en defender el derecho de todas las personas a producir o conseguir el acceso a los alimentos.

Es claro que este enfoque ha tenido aceptación en India, donde millones de personas viven con hambre y pobreza, aunque la red de riqueza del país crezca. A lo largo de la última década, el movimiento por el derecho a la alimentación se ha arraigado en el país y ha presionado a los responsables del diseño de políticas; también ha hecho que el problema se aborde legal y políticamente.

En el 2001, una demanda presentada por ONG de interés público resultó en el reconocimiento del Tribunal Supremo de India del derecho a la alimentación como un aspecto del constitucionalmente protegido “derecho a la vida”. El Tribunal dictaminó la expansión de una serie de programas sociales a fin de ofrecer una base nutricional para todos. Esto activó un círculo virtuoso, pues al estimular los movimientos sociales en favor del derecho a la alimentación, la decisión del Tribunal Superior les posibilitó aumentar la presión en los gobiernos estatales a fin de construir un aparato de seguridad alimentaria efectivo.

La nueva ley es un hito en este proceso, pero de ninguna manera el objetivo final. En un país que se caracteriza por una gigantesca desigualdad regional de la riqueza y una pobreza profundamente arraigada, el camino para erradicar el hambre es, sin duda, largo y difícil. La clave para asegurar progreso es la rendición de cuentas. En este sentido, las auditorías sociales de la campaña Derecho a la Alimentación de India, que evalúan el cumplimiento de las políticas dictaminadas por el Tribunal, como el suministro de comidas escolares, serán esenciales en los próximos años.

En otros lugares, campesinos, congresistas, grupos de la sociedad civil y actores institucionales se han unido de forma similar –incluidos Brasil, Sudáfrica y México– para exigir protección jurídica contra el hambre. En Argentina, Guatemala, Ecuador, Brasil, Venezuela, Colombia, Nicaragua y Honduras se han adoptado marcos legislativos de derecho a la alimentación. Esto a menudo ha generado un enfoque participativo en el diseño de políticas que empodera a los pobres y posibilita realizar acciones duraderas contra el hambre.

En Brasil, por ejemplo, dos terceras partes del Consejo Nacional para la Seguridad Alimentaria y Nutricional son representantes de la sociedad civil y, por ende, tienen la oportunidad de influir en la toma de decisiones al más alto nivel. En México –donde el derecho a la alimentación se reconoció en la Constitución, en el 2011–, una comisión interministerial incluye 19 departamentos gubernamentales e instituciones. No es coincidencia que estos países impulsen ahora programas sociales sólidos que están reduciendo espectacularmente el hambre en los grupos más pobres.

Sin duda, los tribunales han hecho una contribución notable en la lucha contra el hambre al defender y hacer plenamente operativo el derecho a los alimentos. En el 2012, el Tribunal Supremo de Sudáfrica ordenó hacer una revisión de la legislación sobre pesca a fin de proteger el medio de vida de pequeños pescadores. En Nigeria, Argentina y Nepal se invocó recientemente el derecho a los alimentos en nombre de regiones y grupos de personas –incluidos grupos indígenas– cuyo acceso a los alimentos estaba en peligro.

Cultivos desarrollados, subsidios a los fertilizantes y campañas de asistencia pueden acaparar los encabezados, pero el movimiento del derecho a la alimentación es el que ofrece la mayor promesa para acabar con el hambre. La buena noticia es que su poder apenas se está descubriendo. El movimiento verdaderamente global de derecho a la alimentación ahora está emergiendo, pero lo mejor está por venir.

Olivier De Schutter es relator especial de las Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación. © Project Syndicate.

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Noticia La Nación: El derecho a la alimentación