Opinión

La democracia y el Poder Judicial

Actualizado el 06 de octubre de 2014 a las 12:00 am

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La democracia y el Poder Judicial

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He vivido en dictaduras y en democracia. La vida que tengo es ya mediana en extensión y me ha permitido ver las diferencias sin perder la capacidad de asombro. Por eso, escribo desde la perspectiva de quien no tiene una formación ni una vocación políticas, sino como un operador del derecho interesado en brindar un punto de vista informado.

Tribunales necesarios. ¿Necesitamos al Poder Judicial? Aristóteles, el primer teórico de las constituciones políticas que abordó el tema de modo sistemático, sostuvo que los tribunales eran necesarios para resolver conflictos en cualquier régimen, aplicando principios generales del derecho a situaciones particulares de hecho, cualquiera que fuera su contenido sustantivo. Más de dos milenios después, Max Weber expuso que, incluso, las comunidades políticas que se basan de manera precaria (o que, simplemente, no se basan) en reglas jurídicas fijas, requieren acudir a los tribunales como puntos de apoyo para erigir un sistema de gobierno. De este modo, se puede afirmar esta idea con claridad: sin tribunales, no hay gobierno y, ciertamente, no hay democracia.

Incluso, las dictaduras legitiman sus decisiones a través de la judicialización de la política, sea conformando la estructura judicial con personas afines a sus intereses, o bien por la vía del debilitamiento institucional hasta intentar doblegarlo. El dinero es cobarde… la inversión extranjera y local tiende a huir cuando no se le brinda seguridad jurídica. No es un secreto que los Estados hacen ingentes esfuerzos por atraer capital que genere fuentes de empleo en un país donde se respete un régimen de derecho.

Posición privilegiada. Costa Rica, pese a nuestras dificultades, y en perspectiva comparativa, aún goza de una posición privilegiada con relación a Centroamérica. Las decisiones judiciales que se tomen conforme a las leyes aprobadas por nuestros legisladores tienen mucho que ver con lo que los especialistas llaman “clima de negocios”.

El ciudadano quiere que sus conflictos se resuelvan de manera imparcial por jueces que no tomen en cuenta los deseos o las presiones de otros actores estatales, al igual que de otros grupos sociales de poder. Es decir, en el corazón mismo de nuestra democracia, la independencia judicial es un mecanismo de aseguramiento de continuidad de que nadie nos dirá cómo debemos vivir nuestras vidas, si nos apegamos a las reglas jurídicas, y eso es, ni más ni menos, el antídoto contra cualquier forma dictatorial que pretenda instalarse.

Aparente obstáculo. Suele suceder que algunos sectores de otros poderes del Estado no quieren tener jueces que interfieran en sus políticas y planes, pese a que estos se limitan a cumplir con las normas creadas por esos poderes. A veces parece que los jueces solo son un obstáculo para una agenda desconocida por el común de los ciudadanos. Es común también, como ha destacado Eugenio Raúl Zaffaroni, que quienes detentan el poder olvidan el hecho de que su poder no es ilimitado y que es, además, delegado. Por eso, en los sistemas democráticos se ha intentado establecer un sistema de frenos y balances. Muchas veces, sin embargo, esto ha existido en la teoría, en la Constitución, y no tanto así en la realidad.

Riesgo. Si descuidamos la fortaleza institucional del Poder Judicial costarricense, la democracia correría, en combinación con otros factores, el riesgo de “quebrarse” o de que se presente una regresión autoritaria.

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