17 noviembre, 2014

En un país donde los recursos para invertir en infraestructura cada día son más limitados, deberían primar los criterios objetivos, prioridades y beneficios tangibles, a la hora de seleccionar el orden y tipo de proyectos que se proyecta ejecutar, concesionar, etc.

En ese sentido, no existe claridad sobre los criterios objetivos que el gobierno, asesores externos (ONG's, academia, consultores privados), etc. utilizan para determinar cuáles son los proyectos necesarios y la prioridad de ejecución de cada uno. Todo esto alineado con la obligación de revertir el cambio climático, con el compromiso adquirido ante la comunidad global para ser carbono neutral en el 2021, y con el bienestar del mayor número de ciudadanos.

¿Existe un reglamento o matriz de evaluación para seleccionar y priorizar los proyectos?

Un buen ejemplo. La metodología que se sigue para la certificación de proyectos LEED (Leadership in Energy & Environmental Designes) es un buen ejemplo de criterios objetivos para determinar los impactos, beneficios, etc. de un determinado proyecto.

La definición de prerequisitos y la cantidad de puntos asignados a cada crédito que un determinado proyecto puede obtener para certificarse en diferentes niveles (certified, silver, gold, etc.), se basa en los impactos positivos que cada crédito tiene en los objetivos trazados por LEED, por ejemplo en la disminución de la huella de carbono, la menor emisión de gases de efecto invernadero, la disminución en el consumo de agua potable, etc. ¿Como se alcanzan esos objetivos? Principalmente a través de la eficiencia energética de los sistemas electromecánicos de los edificios, la disminución del uso de vehículos privados, etc.

Si aplicáramos un símil para definir criterios objetivos que nos ayuden a determinar una matriz y una asignación de puntos a los posibles impactos positivos de cada proyecto de infraestructura, para disminuir la huella de carbono, la emisión de gases de efecto invernadero y potenciar la calidad de vida de los habitantes, ¿cuál sería el orden de prioridades de los proyectos que hoy están en el tapete?¿Cuales proyectos, incluso no contemplados, tendrían más impactos positivos que los que están planteados? ¿Debemos construir más calles, autopistas, etc., o el enfoque debe estar en transporte el público eficiente, el transporte de carga vía tren, etc.? ¿Tiene mayor impacto positivo desarrollar un metro en San José, un tren ligero de San Ramón a la capital, ambos? Si se proyecta el principal aeropuerto en Orotina, ¿cómo será el enlace masivo con la GAM y la ampliación de la ruta 27?

¿Debe insistirse en un gobierno centralista, que hace desplazarse a los ciudadanos a la capital, o más bien deben moverse instituciones, servicios, etc. a los lugares de mayor densidad y generación de flujos ¿Cuantos terrenos ociosos tiene el Estado en las zonas urbanas consolidadas que podrían ser vendidos o desarrollados mediante sociedades mixtas, fideicomisos, etc. para contrarrestar el desarrollo horizontal de la masa urbana hacia la periferia?

Estas y probablemente muchos otras interrogantes serían contestadas con total objetividad, y podrían tomarse decisiones de impacto real, basadas en información y criterios objetivos, no en ocurrencias, intereses políticos, económicos, proyectos faraónicos, etc., aunque se tengan las mejores intenciones en algunos casos.

Debemos ponernos serios. Sin duda, existen metodologías objetivas en otros países, ciudades, como para inventar la rueda. Copiemos, si es del caso, pero tomemos decisiones e invirtamos bien los recursos limitados, impactando realmente en la sostenibilidad del país y en la calidad de vida de los ciudadanos y las futuras generaciones.

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