El debate que hubo en días pasados en el Canal 7 fue, entre los que he visto, el que mejor ha aclarado las cosas. La sección sobre el déficit fiscal, bien introducida con datos duros preparados por el Estado de la Nación, dejó malparados a los dos extremos.
Por el extremo de la derecha, se insiste en que el problema se resuelve solo de la siguiente manera:
1. Recaudando mejor lo que hay. De esta forma, se sigue sin explicitar la implicación de que el sistema actual –como ya lo evidenciara un estudio de la Contraloría sobre el sistema tributario de hace más de una década– es injusto, por lo que “cobrar mejor” conlleva profundizar los efectos perniciosos de ese sistema tributario injusto. Evidentemente, cómo financiar la “empresa colectiva” (la sociedad) es parte esencial del contrato social. Así, ¿quién se apunta a un contrato social en que yo sí debo pagar, pero mi vecino no, sin razón válida?
2. Reduciendo el gasto. En el debate quedó bastante claro que esta solución, sin el auxilio de una reforma del lado tributario, implica reducir sustancialmente programas sociales, la capacidad de inversión del Estado y despedir mucha gente. Esta solución ya se ha ensayado en los últimos años para aplacar la explosividad del déficit.
Como destacó el Informe del Estado de la Nación del 2005, los esfuerzos de contención del gasto se habían venido dando en un contexto en que crecieron los llamados “gastos inflexibles” (intereses de la deuda, pensiones, salarios), concentrándose los esfuerzos de contención por el lado de los gastos sociales y en infraestructura. Esto generaba efectos macroeconómicos negativos, como destacó el informe antes mencionado, al afectar la tasa de crecimiento del PIB.
Adicionalmente, un Estado que no invierte en infraestructura y otras obras lesiona el crecimiento de la economía a medio y largo plazo, pues la tasa de retorno de inversión en infraestructura es muy alta, por lo que su renuncia equivale a sacrificar el crecimiento futuro.
Apuntaba el Informe del Estado de la Nación que el rezago en infraestructura de Costa Rica respecto de los tigres asiáticos amplió en casi 40% la brecha que se dio durante los años ochenta y noventa entre el PIB de Costa Rica y el PIB de eso países.
Por ello, esta vía de contención del déficit no es sostenible a medio y largo plazo, debido a que la postergación y rezago en las inversiones reduciría también la capacidad recaudatoria (el pastel se encoge), el superávit primario (ingresos, menos gastos, antes de pagar la deuda) no alcanzaría para pagar la deuda y, más bien, necesitamos endeudarnos más (aumentando el déficit).
Costa Rica ha abusado de la contención del gasto por espacio de varias décadas, con consecuencias negativas sobre la tasa de crecimiento, y, por el lado de la contención del gasto social, ha limitado su capacidad de incidir en indicadores de pobreza y otros indicadores sociales, lo cual podría terminar comprometiendo la estabilidad social. Esta es la fórmula que nos propone el candidato libertario.
Reforma imprescindible. Por otra parte, cuatro de los cinco candidatos coincidieron –correctamente– en que un componente de reforma al sistema tributario es imprescindible en la solución del problema, aunque no el único. Otto Guevara quedó solo, aferrándose ya desabridamente a su dogma repetitivo de que, por definición, “los impuestos empobrecen”.
Al respecto, recomiendo el editorial de La Nación de hace unas semanas, intitulado “Círculos fiscales”, en el cual se evidencia con simplicidad que un sistema tributario adecuado, más bien, enriquece a la sociedad y la inserta en un círculo fiscal virtuoso, promoviendo a medio plazo el crecimiento económico. Ciertamente, el tema del sistema tributario está muy ligado al de la desigualdad.
Joseph Stiglitz, por ejemplo, en su artículo “Camino escabroso hacia la recuperación” ( La Nación , 11 de enero del 2009) opina que la crisis internacional misma no solo requiere estímulos temporales, sino también soluciones a más largo plazo.
En ese sentido, la excesiva concentración de la riqueza produce problemas importantes en la demanda agregada global, pues “la creciente desigualdad en la mayoría de los países del mundo implicó que el dinero pasara de quienes estaban dispuestos a gastarlo a quienes están tan bien que, por más que lo intenten, no pueden gastarlo todo”. Al plantear soluciones estructurales, Stiglitz nos dice: “Necesitamos revertir las tendencias preocupantes de una creciente desigualdad”, Para ello, según añade, “una carga tributaria más progresiva sobre los ingresos también ayudará a estabilizar la economía a través de lo que los economistas llaman ‘estabilizadores automáticos’”.
Contra las fuentes de riqueza. Ahora bien, en el otro extremo, José María Villalta, por más que insistió en su no comunismo, tiró al ruedo una medida típica de esa característica general de no reparar en que la redistribución agresiva mata las fuentes de riqueza, dejando solo pobreza que distribuir: subir la tarifa del impuesto sobre la renta a las empresas (personas jurídicas), del 30% actual al 35% o 40%.
Lo anterior, sumado al 15% del impuesto al dividendo, dejaría el impuesto total del que invierte en una empresa en 45,5% o 55,5%. Esto provocaría la ruina de la mayor parte de las empresas, el desempleo, y, además, desincentivaría la inversión.
Le haría bien a José María Villalta instruirse sobre cómo, en la reforma del sistema tributario, debe distinguirse entre el impuesto a las empresas y el impuesto a las personas físicas: al hacer su cita de países como los nórdicos, erró al entender que en esos países las empresas tributan al 50%. No, la alta progresividad de esos países, matizada ya en cuanto a las rentas y ganancias de capital, opera en el impuesto de las personas físicas, mientras que las empresas tributan como aquí: un 30%.