Opinión

En defensa de un gobierno mundial

Actualizado el 23 de octubre de 2013 a las 12:00 am

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WASHINGTON, DC – A diferencia del pasado, probablemente no haya grandes protestas en las próximas reuniones anuales del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, o en el encuentro subsiguiente de ministros de comercio de la OMC en Bali. No porque se perciba a estos organismos internacionales como legítimos o eficaces, sino porque, a diferencia de hace una década, se los ve demasiado pequeños e impotentes ante fuerzas del mercado muy superiores.

La crisis financiera global del 2008 y sus consecuencias han causado una pérdida generalizada de confianza no solo en los mercados, sino también en la capacidad de los Gobiernos democráticos de asegurar que los beneficios del crecimiento impulsado por los mercados se distribuyan de manera equitativa. En los ámbitos económico, financiero, fiscal, comercial y climático, mucha gente en todo el mundo se siente ansiosa o enfadada, creyendo que hay una conjura mundial de banqueros, corporaciones y élites del G-20 para hacer uso de información privilegiada con el fin de monopolizar los beneficios de la globalización.

Sin embargo, son pocos (ya sea ciudadanos de a pie o economistas de visión internacional) los que reconocen que nuestras instituciones multilaterales, aparentemente débiles e ineficaces, son la mejor plataforma sobre la que el mundo puede basar sus esperanzas de gestionar y democratizar el mercado global. Solamente ellas son capaces de prevenir que las élites y las personas con información privilegiada se apropien de la prosperidad global y la pongan en riesgo a largo plazo.

No hay duda de que cada vez más economistas están prestando atención a los costos de los mercados globales sin frenos. Existe un mayor nivel de inquietud de que la movilidad de capitales entre fronteras dificulte la recaudación de impuestos y la aplicación de normas financieras dentro de cada país, y que los acuerdos comerciales, en combinación con las cadenas de suministro global, estén acelerando la pérdida de empleos en las economías desarrolladas. De manera similar, la integración global implica que los problemas que sufre la eurozona representan una amenaza para la economía estadounidense, al tiempo que la eventual parálisis sobre el techo de la deuda de EE. UU. genera incertidumbre en los mercados financieros del resto del mundo.

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Sin embargo, muchos economistas tienen una actitud tan ambivalente hacia las normas e instituciones “globales” como la gente común y corriente. Les preocupa que las entidades internacionales, debido a su carencia de supervisión democrática, faciliten que los ricos, poderosos y bien conectados aprovechen la situación para su propio enriquecimiento. The Globalization Paradox ( La paradoja de la globalización ), escrito por Dani Rodrik en el 2011, critica a los entusiastas de la globalización por desear una liberalización total del comercio exterior y los movimientos de capital, y argumenta que, cuando los logros sociales que se han alcanzado democráticamente entran en conflicto con las exigencias de la globalización, las prioridades nacionales deberían tener precedencia.

Es verdad que el “gobierno” global puede ir demasiado lejos, por ejemplo, cuando las normas de la OMC contradicen salvaguardas locales importantes de protección ambiental, o cuando los requisitos del FMI a los países prestatarios dificultan al surgimiento de una heterodoxia creativa en las políticas de crecimiento y reducción de la pobreza. También es cierto que los países que dependen de ayudas oficiales y préstamos del FMI pueden sufrir presiones injustificadas para seguir políticas equivocadas planteadas desde un punto de vista externo, como la apertura prematura de los mercados de capitales en Asia en los años 90 o la austeridad forzosa en Grecia y España hoy en día.

Sin embargo, hay una manera más positiva de ver el asunto. Algunas veces, incluso Estados soberanos de peso hacen uso de los compromisos globales como palanca para adoptar políticas delicadas que, de lo contrario, serían difíciles de iniciar y sostener. El acuerdo del G-20 en el 2009 de no caer en el proteccionismo tras las crisis financiera global fue de gran ayuda en tal sentido. En la actualidad, si se llegara a un acuerdo en el G-8 o el G-20 sobre intercambio de información fiscal, se reforzaría la recaudación de cada país y la reputación de los Gobiernos sobre su ecuanimidad en materias tributarias.

Un aspecto menos obvio es que, cuando los Gobiernos aportan financiamiento al FMI, pueden esquivar la resistencia política interna a ayudar a países en problemas y a normas que reporten beneficios solo a largo plazo. De hecho, integrar normas justas en ámbitos como el comercio, las finanzas, el desarrollo, el cambio climático y otros en instituciones globales importantes como el FMI y el Banco Mundial es más importante que nunca, considerando el ascenso de China y otras economías emergentes. Mientras estas nuevas potencias buscan un lugar en el mapa geopolítico, ellas y las potencias ya existentes se pueden beneficiar de una “contención”, de mutuo acuerdo, de la miopía y estrechez de miras que puedan estar experimentando internamente.

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En otras palabras, las instituciones y normas globales pueden facilitar a todos sus participantes atenerse a los intereses más generales de sus propios ciudadanos y, por consiguiente, al bien común global. Por ejemplo, los compromisos de reducción de las emisiones de carbono, si bien carecen de mecanismos de obligatoriedad, pueden estar ayudando a los países a hacer lo correcto para beneficio de los hijos y nietos de sus ciudadanos.

Más aún, las normas globales justas pueden ayudar a “democratizar” el mercado global, especialmente si se encuentran enmarcadas en instituciones donde profesionales de alto nivel puedan actuar con cierta autonomía e independencia de las presiones políticas de corto plazo. No debería sorprender que los blancos principales de los ataques de los activistas anti-globalización (en Banco Mundial y, cada vez más, el FMI y la OMC) sean más abiertos y transparentes que la mayoría de sus Estados miembros. Así ofrecen un vehículo para que la gente común y corriente se organice en grupos de presión que busquen normas y políticas más justas, no solamente en sus propios países, sino también en otros.

Un ejemplo de ello fue el movimiento ciudadano que cuestionó las normas de propiedad intelectual de la OMC, adoptadas a instancias de EE. UU. y otros países ricos, que causaban altos precios en los medicamentos para tratar el sida en África. La campaña tuvo éxito y generó cambios que aumentaron, de manera espectacular, el acceso de los países pobres a esos medicamentos.

En último término, como argumento con mayor detalle en un artículo para la Fundación de Ciudadanos Globales, la gente de a pie está mejor con la existencia de las instituciones globales, a pesar de su relativa debilidad frente a sus Estados miembros más poderosos y su falta de legitimidad en comparación con sus miembros democráticos.

Por supuesto, un “gobierno” mundial no podrá nunca poseer legitimidad democrática y, por esa razón, es una idea que causa temor. Sin embargo, como utopía socialista o puro “libertarismo”, su idea puede dar luz a una senda razonable para cosechar los beneficios de una política global más eficaz. Puesto que nos encontramos en un mercado global completamente interdependiente, deberíamos preocuparnos menos del riesgo de las normas y políticas erróneas de instituciones globales imperfectas que de cómo aprovechar al máximo su potencial para destrabar políticas dentro y fuera de cada país, apuntando a reducir al mínimo los riesgos y aumentar al máximo las oportunidades para todo el mundo.

Nancy Birdsall es presidenta fundadora del Centro para el Desarrollo Global. © Project Syndicate.

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