Opinión

Un decálogo para la cumbre de la ONU sobre migraciones

Actualizado el 06 de octubre de 2013 a las 12:00 am

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Un decálogo para la cumbre de la ONU sobre migraciones

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LONDRES – Este mes, por segunda vez en toda su historia, la Asamblea General de las Naciones Unidas volverá a centrarse en el tema de las migraciones internacionales. Es mucho lo que está en juego. No solo el bienestar de los 232 millones de migrantes del mundo, sino también la salud de nuestras sociedades y nuestras economías. Por eso, los Gobiernos deberían ir a Nueva York a formular compromisos, no meras declaraciones.

La primera cumbre de la ONU dedicada al mismo tema tuvo lugar en el 2006 y llevó a la creación del Foro Mundial sobre Migración y Desarrollo. Aunque este foro despertó intensa oposición en algunos, demostró con el tiempo ser valiosísimo para crear confianza entre los Estados y fomentar coincidencias en el abordaje del tema migratorio.

Pero, si el resultado de la cumbre de este año se agota en lo retórico y lo procedimental, será un fracaso.

Desde hace algunos meses, integrar el tema migratorio a la agenda de desarrollo de las Naciones Unidas es un tema central de discusión. Alcanzar esta meta es fundamental y, por eso, será una de las cuestiones principales que se tratarán este mes en la próxima reunión del Diálogo de Alto Nivel sobre la Migración Internacional y el Desarrollo. Es vital asegurar que todas las partes interesadas en el desarrollo comprendan plenamente que las migraciones pueden ayudarnos a cumplir tanto el conjunto original de Objetivos de Desarrollo del Milenio como los Objetivos de Desarrollo Sostenible que deberían reemplazarlos en el 2015.

Pero, independientemente de lo que suceda después del 2015, hay muchas cosas que los Estados, los organismos internacionales, las organizaciones de la sociedad civil y otras partes interesadas pueden hacer en materia de profundizar su cooperación y comprometerse a mejorar el efecto de las migraciones, tanto para los migrantes como para sus países de origen y destino. Proponemos aquí diez compromisos para los Gobiernos:

Reducir el costo de las remesas. Hace una década, los migrantes pagaban un 15% de comisión promedio al enviar dinero a casa. Hoy esa cifra se redujo al 9%, pero, con el uso de nuevas tecnologías, sería posible reducirla a casi cero. Por ejemplo, Estados Unidos y México crearon un programa cuyo costo es de $5 por transferencia, independientemente del monto de la transacción. Ya, con llegar al 5%, se obtendría un ahorro anual de $16.000 millones, cifra que, casualmente, es lo que cuesta lograr la escolarización primaria universal.

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Ratificar el Convenio sobre las Trabajadoras y los Trabajadores Domésticos. Hace décadas que los tratados migratorios despiertan poco interés, sobre todo en los países de destino. Pero este es uno que, obviamente, todos los Estados deberían ratificar e implementar, vistas las horrorosas condiciones que a menudo enfrenta el personal doméstico. Y su ratificación sería ocasión propicia para que los Estados reconsideren el valor de esta clase de tratados con destinatarios específicos.

Acabar con los intermediarios explotadores. Hay migrantes que, para asegurarse un puesto de trabajo, deben pagar hasta un tercio de lo que ganan a bandas de intermediarios. No deberían pagar ni un centavo, pues los empleadores están desesperados por tener su mano de obra. Este tema es campo fértil para innovaciones que podrían ahorrarles a los migrantes miles de millones de dólares al año.

Garantizar que los migrantes conserven sus ganancias. Es muy frecuente que los migrantes paguen planes de jubilación y seguros de salud que después no usan. Algunos países defienden el derecho de sus ciudadanos a gozar de esas prestaciones: por ejemplo, cuatro de cada cinco migrantes turcos o marroquíes se llevan las prestaciones consigo al repatriarse. Pero, en general, solo un 20% de los migrantes hace lo mismo.

Prohibir la detención de migrantes jóvenes. Un niño jamás debería estar encarcelado, excepto en circunstancias extremas; sin embargo, actualmente hay miles de niños migrantes detenidos, de los que varios centenares están en confinamiento solitario. Esto no debería ni siquiera estar en discusión. Cuando sea necesaria alguna medida de protección, los niños deberían ir a refugios o a hogares de acogida. Y debe ser prioridad, número uno, mantener unidas a las familias.

Que los migrantes tengan igualdad de derechos laborales. La desigualdad en las condiciones de trabajo perjudica tanto a los nativos como a los migrantes, y permite a los empleadores poner a un grupo en contra del otro. Todos los trabajadores deben disfrutar de los mismos derechos y del acceso a la justicia.

Prevenir el desperdicio de cerebros. No hay duda de que, para algunos países, la emigración de trabajadores calificados es un problema. Pero la falta de mecanismos que permitan a los migrantes usar sus habilidades es todavía más perjudicial. Alguien que estudió para médico no debería estar conduciendo un taxi. Establecer normas nacionales, regionales e internacionales no es tarea fácil, pero es absolutamente necesario.

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Agilizar el acceso a permisos de residencia y a la ciudadanía. Demasiados migrantes viven en condiciones precarias por no tener permiso de residencia, incluso a pesar de llevar décadas viviendo en el país de acogida. Es frecuente que lo que les impide acceder a dicho permiso sea una política de naturalización estricta o la obligación de renunciar a otras ciudadanías (que es como pedir a los hijos que repudien a sus padres antes de casarse). El mejor modo de asegurar plenos derechos a los migrantes es crear una vía clara y veloz para la obtención de la residencia legal permanente y la ciudadanía.

Dar más incumbencia a las autoridades locales y al sector privado. El de las migraciones es un tema sumamente politizado, que los políticos de nivel nacional tienden a ignorar o explotar. Pero son las autoridades locales las que se enfrentan todos los días a los auténticos desafíos que plantean las migraciones. Por eso, deberían tener más participación en la formulación de políticas. Asimismo, puesto que la mayoría de los migrantes pasan la mayor parte del día en sus trabajos, la participación de los empleadores (sea en lo relativo a facilitar la integración de los migrantes o a proteger sus derechos) es fundamental.

Mantener vinculación con las comunidades de expatriados. No abundan ejemplos de Gobiernos que trabajen con sus comunidades de expatriados. Pero los que lo hacen (por ejemplo, India, China, Corea del Sur e Irlanda) obtienen enormes beneficios. Más países deberían imitarlos e instituir programas eficaces para integrar las habilidades y los recursos de esas comunidades a sus planes de desarrollo.

Son todos objetivos realistas, y alcanzarlos fortalecería la contribución de los migrantes al desarrollo y mejoraría nuestras sociedades. Ya ha habido en diversos temas migratorios (por ejemplo, en la persecución del tráfico de personas) avances significativos. Y el año pasado estuve exhortando a los Estados a definir formas de mejorar la protección de los migrantes afectados por crisis humanitarias como, por ejemplo, en caso de guerra civil o desastres naturales o creados por el hombre. Estados Unidos y Filipinas, en colaboración con organismos y expertos internacionales, se han ofrecido para liderar una iniciativa dirigida a encarar este desafío.

Esta clase de “minimultilateralismo”, en el que pequeños grupos de actores interesados trabajan en estrecha vinculación y eficientemente para desarrollar ideas innovadoras que más tarde se discutirán en ámbitos más formales, puede ayudar a impulsar la cooperación y reforzar el sistema internacional desde la base.

Ojalá que en la cumbre de la ONU de este mes asistamos al nacimiento de muchas iniciativas similares.

Peter Sutherland, presidente de la London School of Economics, presidente no ejecutivo de Goldman Sachs International y representante especial del secretario general de las Naciones Unidas en cuestiones de migración internacional y desarrollo, fue director general de la Organización Mundial del Comercio, comisario de la UE para la competencia y fiscal general de Irlanda. © Project Syndicate.

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