EscucharAsí es, en pleno siglo XXI y aquí en Costa Rica, tuve que recurrir a la Sala Constitucional para frenar lo que considero es un acto de discriminación. Como rector de la Universidad de Ciencias Médicas, Ucimed, presenté una acción de inconstitucionalidad contra varios artículos del reglamento suscrito por la Caja Costarricense de Seguro Social y la Universidad de Costa Rica, que regula la especialización de los médicos en los hospitales del Seguro Social.
Este reglamento discrimina a las universidades privadas, pues autoriza el funcionamiento de los posgrados médicos de la Universidad de Costa Rica, pero deja por fuera a los centros de educación superior privados que tienen Facultades de Medicina, es decir, hay una marcada desigualdad entre los médicos graduados de la UCR y los otros.
El artículo 33 de nuestra Constitución Política dice que “Toda persona es igual ante la ley y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. No existe ningún estudio técnico ni legal que establezca por medio de la utilización de parámetros objetivos que solo la UCR está en capacidad de brindar cursos de posgrado en Medicina en las instalaciones de la Caja Costarricense de Seguro Social. Más bien, si se eliminara el monopolio en momentos en que existe un importante faltante de especialistas, se beneficiaría a la Caja y al país pues algunos centros universitarios podrían dedicarse a impartir determinadas especialidades, así como ofrecer las que la UCR no imparte en la actualidad.
Tanto la UCR como las universidades privadas se encuentran en la misma situación, al ser reconocidas por los órganos estatales competentes como el Consejo Nacional de Educación Superior (Conesup), y, aún más, la carrera de medicina de Ucimed está reacreditada por el Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior Sinaes, igual que la carrera de Medicina de la UCR.
Por otro lado, existe una contradicción pues las mismas universidades que son discriminadas para impartir cursos de posgrado, están habilitadas para impartir cursos de Licenciatura en Medicina y existe además un reglamento emitido por la propia CCSS que regula la actividad clínica docente en los hospitales de la institución.
También he impugnado el convenio entre la UCR y la CCSS por considerar que violenta el principio constitucional que obliga al Estado y a sus instituciones a promover e incentivar la enseñanza privada en todos los niveles, incluido el universitario, ya que impide que los centros privados que imparten la carrera de Medicina incursionen en la prestación de esta actividad académica a nivel de posgrado.
La educación hace rico a un país y, en Costa Rica, la educación privada ha solventado un gran problema, porque la educación pública no tiene capacidad para absorber a tantos estudiantes. ¿Dónde estarían ahora los miles de jóvenes que no pudieron ingresar a una universidad estatal, pero encontraron las puertas abiertas de una privada y ahí pudieron labrar su carrera y forjar su futuro?
He salido a dar la cara por mis alumnos y, en general, por todos los estudiantes de Medicina de las universidades privadas, porque durante más de cuatro años, la Ucimed ha solicitado el espacio en los hospitales de la CCSS para formar especialistas sin lograrlo, ya que las autoridades de esa institución se han negado a suscribir un convenio. No puedo tolerar que haya discriminación. Los magistrados de la Sala Constitucional le dieron curso a la acción de inconstitucionalidad; ahora esperaremos la resolución.
