EscucharEn 1994, Estados Unidos inició la “operación guardián”, cuyo principal objetivo era construir un muro divisorio en la frontera sur del país a fin de contener las oleadas de inmigrantes que llegaban desde América Latina.
En la actualidad, dicha obra alcanza 1.125 kilómetros de largo de una línea fronteriza que mide en total 3.200. Aun así, con una estricta vigilancia, el conflicto de los indocumentados en los Estados Unidos es de tal proporción, que en el 2012 la administración Obama gastó $18.000 millones en programas de control de la inmigración, y en los últimos siete años han deportado a 3,5 millones de indocumentados.
Es importante recalcar que los Estados Unidos es el país con el mayor número de inmigrantes en el mundo, 45,8 millones, de los cuales 23 millones ingresaron entre 1990 y el 2013.
De dicho total, se calcula que 11,5 millones son indocumentados, lo cual representa un 3,5% de la población y un 5% de la fuerza laboral. Cada año nacen entre 300.000 y 400.000 niños de inmigrantes ilegales en Estados Unidos.
Ante este panorama, cada cuatro años, cuando se acerca el período electoral en los Estados Unidos, el asunto de los indocumentados se abre al debate político, y la precampaña republicana no ha sido la excepción.
Aun cuando referirse al asunto resulta incómodo y políticamente incorrecto para los precandidatos, ya que se exponen a que los tilden de racistas, inhumanos o xenófobos, Jeb Bush y Donald Trump se arriesgaron a retomar el debate.
Entre otras cosas, quieren introducir una reforma a la enmienda 14 de la Constitución de los Estados Unidos ratificada en 1868, la cual reza que “cada persona nacida o naturalizada en Estados Unidos es ciudadana de los Estados Unidos y del Estado en que resida”.
Para acogerse a dicho beneficio no importa el estatus migratorio de los padres, ya que pueden ser inmigrantes indocumentados, residentes permanentes, estudiantes o turistas.
Curiosamente, la única excepción a esta regla se aplica a los hijos de los diplomáticos extranjeros que nacen cuando sus padres están ejerciendo un trabajo oficial y cuentan con inmunidad diplomática.
Controversia. Esta ley ha ocasionado un lucrativo y polémico negocio, conocido como “turismo de maternidad”, en el que diversas compañías del mundo ofrecen a madres embarazadas viajar a Estados Unidos para dar a luz, a cambio de fuertes sumas de dinero.
Los argumentos de los republicanos encuentran sustento y se ven fortalecidos al hacer ver a sus compatriotas que 160 países de las 194 naciones del conglomerado mundial no conceden ciudadanía automática a los hijos de inmigrantes ilegales.
Ningún Estado europeo consiente este beneficio y solo Estados Unidos y Canadá, del conjunto de las 31 economías más avanzadas del planeta, otorgan ese privilegio.
La tendencia universal es de alejamiento de la ciudadanía por nacimiento, a la vez que muchos países que una vez tenían esas políticas las han eliminado en décadas recientes; entre ellos Australia, Irlanda, la India, Nueva Zelanda, el Reino Unido, Malta y República Dominicana.
La idea es introducir cambios a la legislación como medio para desalentar la inmigración ilegal y para dar a los ciudadanos un mayor control sobre el futuro de sus sociedades.
Son casi todos los países de América los que sí otorgan la ciudadanía por nacimiento: Argentina, Bolivia, Belice, Brasil, Costa Rica, Canadá, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, Honduras, México, Guatemala, Jamaica, Panamá, Paraguay, Nicaragua, Perú, Uruguay, Venezuela y Estados Unidos.
En el siglo XIX, muchos de estos países adoptaron en sus constituciones el derecho de suelo ( ius solis ) en vez del derecho de sangre ( ius sanguinis ) como política para favorecer la inmigración hacia países sumamente despoblados.
Al igual que en Estados Unidos, en Costa Rica podría darse este debate, ya que nuestra Constitución Política, en su artículo 13, inciso 3, dice que es costarricense por nacimiento “el hijo de padres extranjeros nacido en Costa Rica que se inscriba como costarricense”.
Si tal fuera el caso, la discusión correspondería dirigirse en dos direcciones: primero, que los abogados constitucionalistas interpreten si el verdadero espíritu del constituyente en 1949 pretendía incluir dentro del término tan amplio de “padres extranjeros” a aquellos que estuvieran residiendo en el país al margen de la ley. Segundo, con un amplio conocimiento de las leyes, evaluar los pros y los contras de que en Costa Rica se siga concediendo indistintamente la ciudadanía automática por nacimiento. Tema para reflexionar.
Rolando Guzmán es odontólogo.
