El 26 de julio venció el plazo para que las empresas autobuseras que operan en condición de “permisionarios” solicitaran ante el Consejo de Transporte Público la concesión de sus rutas. Este “fast track” o vía rápida, realmente es una buena noticia para el sector autobusero, sobre todo para los empresarios que han venido, diligentemente, efectuando su trabajo como Dios manda. Entre ellos hay empresarios que tienen más de tres décadas operando en condición de precariedad, es decir, sin legitimidad.
La seguridad jurídica es el insumo fundamental para que los usuarios disfrutemos de inversiones acordes con la tarifa que cancelamos. Además, el proceso sirve para ordenar el sector, nivelar la cancha y corregir los errores del pasado, pues el sistema de transporte del futuro exige más compromiso, más inversiones y más capacidad empresarial.
Este es un buen paso, pero falta mucho más. Necesitamos una ARESEP que regule no solo las tarifas, sino la calidad. Para empezar, debería existir una diferenciación tarifaria para las empresas que invierten en unidades nuevas y las que operan con recicladas, de esas que usted y yo hemos visto traídas de EE.UU., unidades que ya dieron toda su vida útil allá, pero aquí se pintan y circulan como de primera. ¿Deberíamos pagar la misma tarifa? Lógicamente no, pero en la realidad sí lo hacemos.
Necesitamos una ARESEP que tome en cuenta el efecto demográfico y su impacto en el servicio de transporte público. Mientras los operadores de zonas urbanas ven incrementada la demanda de usuarios por la migración incesante de la zona rural a la ciudad, los operadores de rutas rurales ven como la demanda efectiva se reduce, con el agravante del mayor incremento de la población adulta mayor en las zonas rurales. A mediano plazo, esa situación es insostenible. Un regulador visionario debe velar porque el sistema en su totalidad se mantenga, no solo partes del mismo.
Necesitamos un Consejo de Transporte Público (CTP) que fiscalice adecuadamente al sector. Un alto porcentaje de las empresas que operaban con permiso no contaban con una flota óptima inscrita, requisito fundamental para operar cualquier ruta. Además, es necesario un CTP que responda más ágilmente a las necesidades en términos de horarios y recorridos.
Muchas empresas pasan años esperando una respuesta administrativa sin poder atender las necesidades de sus clientes y, claramente, el servicio se ve afectado, de allí que muchos usuarios busquen soluciones individuales, como el uso del automóvil, incrementando con eso la congestión vial y la contaminación ambiental.
¿Y, mientras tanto, qué pasa con nosotros los usuarios? Seguimos esperando respuestas. Seguimos atrapados en las presas de nuestras rutas nacionales, viajando en autobuses depreciados, pagando tarifas que no incorporan la calidad como criterio e invirtiendo grandes cantidades de tiempo para movilizarnos en la cuidad.
Bien podríamos estar viajando en autobuses nuevos, en carriles exclusivos dentro de la cuidad, con menor tiempo de viaje y hasta impulsados por energías alternativas, pagando tarifas que incorporan el impacto ambiental, con lo cual daríamos pasos certeros hacia la carbono neutralidad en transporte.
Superar el actual esquema no es algo que dependa solamente de los autobuseros. Se requiere del desarrollo de una verdadera política pública en transporte que nos resuelva el problema de movilizarnos en “latas” y pasar a “naves”.
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