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Ni cuotas ni paridad

Actualizado el 02 de septiembre de 2017 a las 11:00 pm

Dos irracionales proyectos de ley impondrían el sexismo en las elecciones y el Estado

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Ni cuotas ni paridad

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Podrían aprobarse dos proyectos de ley reaccionarios y opuestos a la herencia de la Ilustración europea. Ellos son el proyecto de ley 19.010: “Para una efectiva incorporación de la perspectiva de género en los partidos políticos” (que llamaremos “Perspectiva”), y el proyecto 20.001: “Adición del artículo 5 bis a la ley de promoción de la igualdad social de la mujer” (que llamaremos “Promoción”). “Perspectiva” violenta el principio ilustrado de la igualdad ciudadana en las elecciones e interfiere en el derecho de los partidos a designar sus candidatos, y “Promoción” dispone que los ministerios y otros altos organismos del Estado se repartan absurdamente por mitades entre hombres y mujeres.

Ambos proyectos habrían encantado a Luis XVI. En su tiempo, las sociedades se formaban por estamentos: el pueblo, la burguesía, los terratenientes, el alto clero y la nobleza. No existían los conceptos de “ciudadanía”, “voto”, “igualdad” ni “derechos”, pero la Ilustración superó ese orden abusivo y postuló la idea de “ciudadanía” para que todas las personas sean iguales ante la ley. Tomó tiempo el desarrollar aquellas ideas, como demuestra la historia del voto, que pasó desde el de los hombres adinerados hasta el voto universal. Los dos proyectos son reaccionarios pues crearían estamentos sexuales, mas los órganos sexuales no crean derechos distintos.

Café para todos. El Estado ilustrado y democrático (en adelante, “Estado”) se basa en la ciudadanía única y universal, y no privilegia a personas ni a grupos, excepto a quienes presenten desventajas físicas o mentales: menores de edad, mujeres embarazadas (o dedicadas a la crianza inicial), ancianos, discapacitados y personas gravemente enfermas. En cambio, las mujeres sanas y adultas merecen el mismo trato que los hombres sanos y adultos, aunque se respeten diferencias fisiológicas, como el derecho al aborto, el uso de baños separados, la atención ginecológica o la urológica, etc.

Así pues, el Estado trata por igual a las mujeres y a los hombres; o, mejor, trata a las mujeres como si fuesen hombres, y a los hombres como si fueran mujeres. Las injusticias reales se reparan haciendo cumplir las leyes justas, no imponiendo “cuotas” y “paridad”. ¿Cree alguien que debe haber más diputadas y ministras? Que haga campañas sociales en tal sentido, pero que no endilgue esa tarea al Estado. El Estado quita obstáculos, no regala privilegios. Al Estado no le importa que haya ni más ni menos diputadas o ministras: el sexismo no es su asunto.

Ningún grupo (mujeres, homosexuales, miopes, etc.) nació con el derecho a “su parte” del Estado pues todos somos iguales: 1 persona = 1 voto. Para el Estado, los candidatos y los funcionarios carecen de sexo: no son hombres ni mujeres; son fantasmas sexualmente neutros.

Los candidatos y los funcionarios públicos carecen de estatura, peso, cara, forma, color, tamaño de las orejas, peinado, religión, equipo de futbol, estado civil (por esto es absurdo el invento “primera dama”), etc. Para ser candidato solo hace falta tener cédula; para ser funcionario, idoneidad: nada más. El Estado rechaza los caprichos autodiferenciadores y sirve café para todos.

Obviamente, hay grupos preteridos en cuanto a seguridad, salud, educación, ingreso económico, etc., y el Estado ha fallado en cumplir con ellos. Por tanto, ofrecerá mejores seguridad, salud, educación, etc., a esos grupos, pero no porque son mujeres, negros, etc., sino porque son ciudadanos. Por ejemplo, el Estado no invertirá más dinero en la comunidad indígena X pues es indígena, sino porque todos los ciudadanos merecen igual inversión pública.

Una loca idea. Alguien, en alguna parte, engendró esta loca idea: un grupo natural merece su cuota de poder (diputaciones, ministerios, gerencias, etc.). Por ejemplo, si existe 30 % de blancos, “debe haber” 30 % de candidatos blancos, 30 % de ministros blancos, etc.: se “empodera” a los blancos pues están “subrepresentados”... Así nació la fábula de las “cuotas”. Tratándose ya de las mujeres, el 50 % de la población, su “cuota” subió a la mitad y se llama “paridad” (50 %).

A esa pseudorrazón estadística se añade el argumento de que las mujeres están postergadas, sufren abusos, etc. Llegamos así a la falacia antiilustrada de que las mujeres merecen el 50 % del poder pues sufren postergación y son la mitad estadística. La fórmula es: postergación + número = ½ poder.

Empero, para el Estado, ni el sufrimiento ni el número crean derechos especiales. Lo mismo ocurre con los negros, los indígenas, los homosexuales, etc.: aunque sufran mucho y sean X %, no merecen ninguna cuota de poder, salvo la que logren mediante las elecciones. Los privilegios reaccionarios se llamaron “discriminación positiva”, y luego recibieron el apodo vergonzante de “acción afirmativa”, pero son el mismo vicio.

“Promoción” intenta que mujeres ocupen la mitad “vertical y horizontal” del número de las candidaturas (presidencia, diputaciones, alcaldías, etc.) y ocupen la mitad de los altos puestos oficiales (viceministerios, juntas directivas, presidencias y gerencias) pues forman la mitad demográfica. Empero, nadie demostrará jamás por qué el ser el 50 % de la población obliga a ser el 50 % de los gobernantes: es un mito. Además, se permitiría que una ministra de izquierda representase a una mujer de derecha porque “todas son mujeres”. Las legítimas identidades políticas se borrarían.

Princesitas, no. De paso sea dicho, hablando de la paridad, en el Instituto Nacional de la Mujer hay siete personas directivas, pero seis son mujeres (85 %); allí trabajan 303 personas, y 273 son mujeres (90 %). No hay relación entre equidad y poder: solo sexismo.

El argumento de la postergación también se aplicaría a los indígenas, los negros, los discapacitados, los transexuales, etc., para que reciban “su parte” del poder. Así, en la Asamblea Legislativa habría 50 % de mujeres y 50 % de hombres, más (supongamos) 20 % de indígenas, 15 % de negros, 15 % de homosexuales, etc. La Asamblea estaría compuesta por 200 % de diputados. El mismo 200 % se impondría en el gabinete ministerial y en las directivas de las empresas públicas. Habría ministras XX y ministros XY. Veamos un ejemplo. Las indígenas son mujeres y son indígenas, de modo que una indígena tendría derecho a votar dos veces; si fuese también lesbiana y pobre, votaría cuatro veces pues exigiría su “derecho” a ser representada en todas sus “categorías”.

Manchadas de esencialismo biologicista, las cuotas y la paridad separan a la gente por su sexo, como en las mezquitas y las sinagogas. Aunque hubiese buenas intenciones tras esos irracionales proyectos de ley, las buenas intenciones no se realizan imponiendo errores. Las mujeres no son princesitas de cristal, saben defenderse y no necesitan leyes reaccionarias.

El autor es ensayista.

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