EscucharLa “perversa inclinación” que me endosa la exdefensora de los Habitantes, Lisbeth Quesada, en su artículo en esta misma sección titulado “También es mi firma” (19/11/2011), por el cuestionamiento a la universalización de la vacuna contra el neumococo y de un recurso de amparo para obligar a la Caja a su masificación, resulta ser una afirmación hueca y que deja de lado toda la documentación oficial que pone en duda el proceso de universalización de la dosis, realizado entre los años 2007 y 2009.
Desde la Contraloría General de la República hasta la Caja Costarricense de Seguro Social, pasando por la comisión de expertos que analizó la crisis del sector salud, han atendido el tema de la universalización de la vacuna contra el neumococo y hallaron incongruencias en ese proceso. Fue con base en la exposición de esos criterios y con el respectivo descargo de la exministra de Salud María Luisa Ávila, quien entonces presidía la Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología (CNVE), que se hizo la serie de reportajes, los cuales, al parecer, no fueron del agrado de la exdefensora.
Antes, es pertinente aclararle a la exdefensora un pequeño gran detalle: ni los notables, ni la Contraloría o la CCSS se han manifestado en contra de la vacuna; mucho menos han dicho que deba ser retirada del esquema costarricense de inmunización. Esas afirmaciones tampoco las hizo este diario. Para ello puede releer los artículos. Lo que está en discusión es únicamente el trámite de la universalización, un análisis que en este momento hace la nueva ministra, Daisy Corrales, a solicitud expresa de la presidenta Laura Chinchilla.
Sin embargo, si la exdefensora Quesada aún tiene dudas de por qué y de dónde surgen los cuestionamientos contra la vacuna, es conveniente detallar de manera muy sencilla esos puntos, para que la exfuncionaria pública pueda recurrir a ellos.
El acta. La universalización de la vacuna se dio el 21 de febrero del 2007, pero el acta de ese acuerdo presenta varias fallas: en la aprobación para masificar la dosis no participaron todos los miembros de la CNVE; el documento solo lo firma la exministra Ávila, y este hace referencia más bien a una “reunión” en la que participaron funcionarios de prensa de la CCSS y de la OPS-Costa Rica, quienes no son parte de la Comisión. Estos cuestionamientos los hizo en el 2010 la Contraloría General de la República mediante el informe DFOE-SOC-IF-53-2010.
Entre los hechos más relevantes que señala el ente contralor, corroborados también por La Nación , es que la universalización de la vacuna contra el neumococo no estuvo precedida por un estudio de costo-efectividad. Ese requisito está contemplado no solo en el reglamento de la Ley Nacional de Vacunación del 20 de mayo del 2005, sino también en el Plan de Vacunación para el Desarrollo Humano. Costa Rica 2006-2006 . Este último escrito tiene como uno de sus objetivos específicos el estimar el costo-efectividad de una vacuna para su incorporación al esquema nacional y a la Lista Oficial de Medicamentos (LOM) de la Caja.
A destiempo. Hay tres estudios de costo-efectividad sobre la vacuna, pero estos llegaron meses después de la decisión de universalizarla y entre ellos se contradicen. El primer análisis, que la exministra Ávila presentó como válido y calificó de “un buen estudio”, se trata de un trabajo universitario, cuyo responsable, Juan Rafael Vargas, exdirector del posgrado de Economía de la Universidad de Costa Rica (UCR), no quiso decir a este diario quiénes eran sus autores y adujo que prefería evitar controversias.
Con respecto a ese estudio, la exministra de Salud envió a La Nación una copia de este, pero al compararlo con otra copia del mismo estudio de la UCR, el que fue enviado por la exjerarca no tiene la página en donde se advierte que el “proyecto contó con el apoyo de una beca parcial sin condiciones” de la Fundación Merck, brazo de la compañía farmacéutica del mismo nombre. Aunque en ese entonces esa firma no había desarrollado la vacuna contra el neumococo, recientemente la Caja le ha comprado miles de dosis.
Otros detalles. Bien se refiere la exdefensora Quesada a que el recurso de amparo que interpuso el exdefensor adjunto Daniel Soley dio paso a la universalización de la vacuna, pero se desmarca diciendo que “nadie está obligado a lo imposible aun con un pronunciamiento de la Sala Constitucional”. La señora Quesada parece desconocer que un fallo de la Sala IV es de acatamiento obligatorio; de lo contrario, podría incurrirse en el delito de desobedencia a la autoridad. Si no, entonces, ¿con qué fin interpuso el recurso la Defensoría de los Habitantes?
Hay más temas que se podrían mencionar, como el que un exintegrante de la CNVE viajara a Islandia a representar por Costa Rica a la farmacéutica Wyeth, firma a la cual la Caja tuvo que comprarle vacunas por varios millones de dólares por medio del Fondo Rotatorio de la OPS.
Señora exdefensora, si sus dudas persisten, puedo darle la documentación que respalda las publicaciones de este diario.
