Escuchar“Al principio la gente se resistirá”, “es cuestión de tiempo para que vea beneficios”, afirma en La Nación del 4 de abril el ministro del MOPT sobre la propuesta renovación de la carretera General Cañas –Bernardo Soto, que comunican San José con San Ramón, que incluye la construcción de un carril más en el pequeño tramo de La Sabana y el puente Juan Pablo II, y en la zona de Grecia, para un gran total de 9 km en un recorrido de más de medio centenar de km.
Si se tratara de un pequeño negocio, intrascendente, de esos que uno ni se entera, valdrían las palabras de don Pedro Castro y convendría sentarse a esperar por los todavía desconocidos beneficios. Pero como se trata de una obra que se ha contratado con una empresa extranjera por un monto inicial de $552 millones (cerca de ¢280.000 millones), el asunto adquiere especial atención pública pues se estima que la empresa constructora también administrará ese bien hasta por un cuarto de siglo.
Así, luego de recobrar la inversión en unos cinco años, el resto de los años, por medio del cobro de peajes muy onerosos, estaría acumulando ganancias por muchos miles de millones de dólares.
El argumento central del Gobierno liberacionista es que se ha de honrar el contrato ya firmado y avalado por la Contraloría. Que a estas alturas el que hubiere sido una mala o buena negociación, no tiene importancia. Y que (¡no podía faltar!) los tiempos modernos nos enseñan que, antes de enjaranarse con préstamos millonarios para llevar a cabo proyectos de interés público, como son los de transporte, energía, vías de comunicación, aeropuertos, tratamiento de residuos, muelles, refinadoras, etc., lo mejor es dejar de lado esos deberes institucionales y trasladar esas responsabilidades (¡y esos grandes negocios!) al sector privado transnacional. Sector que, obviamente, tiene que obtener ganancias por el riesgo de la inversión inicial que el Estado no quiere ver ni de cerca.
En el caso del camino a San Ramón, la cuestión es si los habitantes de este enredado país aspiramos a tardar unos 10 o 15 minutos menos a cambio de pagar decenas de miles de colones mensuales por usar la vía cotidianamente, o si, más bien, no quisiéramos ver a un Estado retomando sus responsabilidades y, como hace unos 50 años, poniendo a trabajar sus instituciones con el objetivo del bien común.
Si el proyecto de maquillaje a la carretera que tanta oposición está provocando lo hubiera tomado en sus manos el MOPT cuando su costo no llegaba a $200 millones, quizá se estuviera terminando en estos días, con la determinación de peajes razonables y la garantía de un mejor funcionamiento del que hoy se vislumbra.
Sin embargo, como la obra es indiscutiblemente necesaria, habrá de valorarse la opción de un préstamo (ahora están a muy bajos intereses y largos plazos) para financiar su adecuada construcción.
Cuando escuchamos a los gobernantes resaltar que será una carretera “muy bonita”, con intersecciones del Primer Mundo, no podemos dejar de pensar que se trata de otra chambonada similar a la del tranvía, que sin usuarios suficientes para hacerlo viable financieramente, se promueve “por cuestiones estéticas”, dándole la espalda, en ambos casos, a los profesionales del Estado obligados a callar para evitar conflictos con sus comprometidos jerarcas, aunque quizá en sus computadoras y mesas de trabajo se encuentran las propuestas de solución que son desdeñadas por no encajar con los planes que desde arriba se imponen.
