La prioridad del gasto en educación fue contratar más personal y mejorar sus ingresos

 15 junio, 2015

Cuando un país decide hacer una importante inversión en su sistema educativo, lo hace con el objetivo de cerrar la brecha de ingresos entre ricos y pobres y para lograr una distribución más equitativa de la riqueza.

Ello se consigue, presumiblemente, al dotar de las herramientas requeridas a todos los jóvenes, especialmente a los más pobres y en riesgo social, para un desempeño competitivo en el mercado laboral y abrirles el acceso a empleos bien remunerados.

En el debate fiscal, los proponentes de más impuestos aducen que el gasto público es muy inflexible, pues casi el 80% está comprometido en rubros como educación, servicio de la deuda, operación de los poderes Judicial y Legislativo y del TSE, y las pensiones con cargo al presupuesto. Alegan que no es posible recortar gastos sin afectar servicios.

Un estudio reciente de Ronulfo Jiménez para la Academia de Centroamérica, titulado “Educación pública en Costa Rica: políticas, resultados y gasto”, desnuda la ineficiencia de, y el desperdicio en, el gasto en educación.

Estos son males comunes en toda Administración Pública, lo cual sugiere que es muy factible reducir gastos y mejorar servicios simultáneamente.

Gasto vs. resultados. El gasto público en los tres niveles básicos de educación (preescolar, primaria y secundaria) pasó de representar un 2,6% del PIB en 1994 a un 5,9% en el 2014.

El crecimiento de 3,3 puntos porcentuales del PIB representó ¢880.000 millones adicionales por año en el 2014. Producto de esta inversión, la cobertura promedio de los tres niveles– el porcentaje de niños en edad de asistir a la escuela que efectivamente lo hacen– creció de menos de un 80% a más del 93%, con incrementos de cobertura también importantes en la enseñanza de inglés y computación. Sin embargo, los resultados en términos cualitativos no son nada halagüeños.

Los jóvenes que aprueban el bachillerato en cualquier año dado son menos del 30% de quienes están en edad de hacerlo. Por si fuera poco, menos del 50% de los jóvenes entre 18 y 22 años ha concluido la secundaria.

En el 2013, el 87% de los estudiantes que se presentaron a bachillerato (cuya nota mínima de aprobación es 65), estudiaron en colegios cuya calificación promedio fue inferior a 60 en la prueba de Matemática. Lo mismo sucedió para el 53% de los estudiantes en Inglés y para el 51% en Biología.

En las pruebas del Programa Internacional para la Evaluación de Estudiantes (PISA), promovidas por la OCDE y utilizadas para evaluar competencias y destrezas de los alumnos en tres áreas (matemáticas, comprensión de lectura y ciencias), los resultados de Costa Rica son desastrosos. En ellas, los estudiantes son clasificados en seis niveles, de acuerdo con su desempeño, siendo 1 el más bajo y 6 el más alto.

En el 2012, el 60% de los estudiantes costarricenses evaluados en Matemáticas quedaron en o por debajo del nivel 1, lo cual quiere decir que fueron incapaces de resolver más que los problemas matemáticos elementales, y ello únicamente cuando cuentan de manera explícita (no inferencial) con instrucciones precisas y la información necesaria para hacerlo. En otras palabras, son alumnos que pasaron por el colegio, pero el colegio no dejó ninguna huella en ellos.

Otro 27% de los evaluados quedaron en el nivel 2, y solamente un 13% se distribuyó entre los cuatro niveles más altos de la escala de evaluación.

Con dichos resultados, Costa Rica obtuvo el lugar 56 entre 65 países evaluados.

Los resultados en lectura y Ciencias, si bien algo mejores, tampoco son para alardear. Por si fuera poco, los resultados de la evaluación del 2012 son peores que los del 2009. Vamos como el cangrejo.

Comparado con países de ingreso similar, el gasto público en educación en Costa Rica es alto. Como proporción del PIB, gastamos más que países con niveles de ingreso hasta tres veces superior. Sin embargo, en términos del desempeño de los estudiantes, estamos por debajo del promedio de países con niveles de ingreso similar, y muy lejos de los países más ricos. Si el gasto en educación creció de manera tan significativa en estos 20 años, ¿qué falló?

Incremento en planilla. El estudio de Ronulfo Jiménez revela que 2,3 de los 3,3 puntos del PIB en que creció el gasto, se destinaron a incrementos de planilla. Ello explica que la infraestructura de muchas escuelas esté tan deteriorada o sea insuficiente: únicamente un punto de los 3,3 en que creció el gasto se dedicó a otras cosas como compra de materiales, mejora curricular, capacitaciones e infraestructura.

En el 2003, el MEP tenía 5,5 docentes por cada 100 alumnos, versus 5,6 administrativos.

Esta era ya una estructura ineficiente, con la misma cantidad de gente administrando el sistema que la de maestros, que son los llamados a generar el “producto” del Ministerio. Sin embargo, para el año 2014, la estructura se deterioró: la cantidad de docentes creció a 7,4 por cada 100 alumnos (lo cual, en principio, es bueno), pero la cantidad de administrativos creció aún más y llegó a 8,2 por cada 100 estudiantes.

Yo participo en el comité de finanzas de un colegio privado donde la relación de docentes a administrativos es de casi 4 a 1. En el MEP esa relación es de 0,92 a 1. Algo huele mal, y no precisamente en Dinamarca.

Salarios. La historia no termina ahí. El salario real promedio de los funcionarios del MEP (incluyendo administrativos y docentes) pasó de aproximadamente ¢624.500 en el 2005 a ¢1.190.000 en el 2013, ambas cifras en colones del 2012. Esto arroja un crecimiento anual promedio de 9,6%, y casi duplica los salarios reales en dicho período.

Resulta evidente que la prioridad del incremento del gasto en educación fue contratar más personal y mejorar sus ingresos. Casi ningún esfuerzo se ha hecho por ligar la remuneración de los maestros a los resultados de los alumnos en las distintas pruebas, a lo cual se han opuesto los sindicatos.

El informe de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (Enigh 2013) afirma que “el sector público es el que presenta el mayor promedio de ingreso neto de los ocupados (¢811.010 mensuales frente a los ¢348.279 mensuales del sector privado)”.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional advierte, en un estudio de noviembre del 2013 titulado “Costa Rica: Opciones para racionalizar el gasto del Gobierno Central”, que “como los empleados públicos ocupan los quintiles más altos de la distribución del ingreso, estos aumentos salariales probablemente hayan tenido un impacto adverso en la equidad”.

Si contrastamos ambas afirmaciones con lo aquí expuesto acerca de los salarios de los funcionarios del MEP, se nos abre un panorama desconsolador: el incremento del gasto público en educación se ha convertido en un factor de desigualdad.

Esto no solo es todo lo contrario de lo que uno podría esperar, sino que se demuestra que el crecimiento del gasto en educación se ha convertido en una política pública perversa.

Eli Feinzaig es economista.