Opinión

La crisis nerviosa de la Casa Blanca

Actualizado el 22 de mayo de 2017 a las 10:00 pm

La longevidad de Trump en el cargo es el tema de debate más encendido en Washington

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La crisis nerviosa de la Casa Blanca

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WASHINGTON – A ambos lados del cerco de la Casa Blanca abundan los ataques casi nerviosos. Se dice que el personal de la Casa Blanca está al borde del colapso –saltando de una crisis presidencial a otra, intentando todo el tiempo esconderse de un presidente gritón–. Del otro lado del cerco de la Casa Blanca, gran parte de Washington observa la desintegración de una presidencia, y ni siquiera los demócratas lo están disfrutando demasiado. Un presidente aparentemente fuera de control hace que cualquier ciudadano pensante se sienta, en el mejor de los casos, intranquilo.

Informes confiables provenientes de la Casa Blanca indican que el presidente pasa gran parte del día mirando los noticieros por televisión y que se enfurece con lo que ve (con una excepción: Fox News ), y con los colaboradores por permitir que ese tipo de informes vean la luz. Los colaboradores intentan no llevarle malas noticias por miedo a que les grite.

El nombramiento del fiscal especial Robert Mueller por parte del vice fiscal general Rod Rosenstein (que tenía que salir al rescate de su propia reputación) no mejorará demasiado el humor del presidente Donald Trump. Mueller, un exdirector del FBI muy respetado, mantendrá viva durante algún tiempo la investigación sobre si la campaña o los socios políticos de Trump conspiraron con Rusia en sus esfuerzos por que Trump resultara elegido. Es una cuestión que claramente inquieta a Trump –y que no se atreva a despedir a Mueller–. Pero si, como dijo el anuncio de Rosenstein, Mueller está limitado a investigar “delitos federales”, las cuestiones más amplias escaparán a su escrutinio. Existen ofensas procesables que no son delitos.

Por cierto, el último episodio de agitación comenzó con el repentino despido por parte de Trump, el 9 de mayo, del director del FBI James Comey. Esa medida sorprendió a mucha gente dentro y fuera de la Casa Blanca porque parecía totalmente inesperada, y tampoco se ofrecieron demasiadas explicaciones.

La primera explicación oficial para el despido de Comey duró dos días completos. Los colaboradores de Trump dijeron que el presidente procedió con base en un memo de Rosenstein, donde planteaba su profunda preocupación por cómo Comey había manejado la investigación del uso, por parte de Hillary Clinton, de un servidor de correos electrónicos privado. Pero luego el propio Trump le dijo a Lester Holt de NBC que había despedido a Comey por “esta cuestión de Rusia”.

Con esta rara muestra de honestidad –al decir que había pensado que el despido de Comey iba a frenar una investigación de conspiración–, Trump quizá terminó admitiendo una obstrucción de la justicia. Esa obstrucción fue uno de los cargos formulados contra Richard Nixon cuando renunció, en lugar de enfrentar una impugnación en la Cámara Baja y una condena por parte del Senado. Los sorprendentes errores de cálculo de Trump –la idea ingenua de que podía poner fin a la investigación o que los demócratas recibirían con beneplácito su actuación porque todavía estaban enojados con Comey por cómo había tratado a Clinton– permitieron entender su criterio atroz.

Sumado a un posible cargo de obstrucción está la asombrosa revelación, el martes pasado, de que, a mediados de febrero, el día después de que Trump despidiera a su asesor de seguridad nacional, Michael Flynn, le pidió a Comey que suspendiera la investigación de Flynn por parte del FBI. (Los criterios para una impugnación con base en acusaciones de obstrucción no son exactamente los mismos que los que determina el derecho penal).

Desde el momento en que despidió a Flynn, Trump se ha comportado como si temiera que Flynn tuviera información incriminatoria que pudiera negociar para evitar un castigo por haber aceptado y no haber denunciado como corresponde pagos de los gobiernos de Rusia y Turquía.

Otro problema para Trump ya había surgido el lunes por la tarde, cuando el Washington Post publicó que el mandatario había divulgado información altamente clasificada proporcionada por un aliado de Estados Unidos (que resultó ser Israel) a dos altos funcionarios rusos. Esa reunión en el Salón Oval, realizada a instancia del presidente ruso, Vladimir Putin, incluyó al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergey Lavrov, y el embajador ruso ante Estados Unidos, Sergey Kislyak (cuyas conversaciones telefónicas con Flynn llevaron a la caída de este en febrero). Si bien la divulgación de información por parte de Trump puede no haber sido ilegal –el presidente tiene autoridad para desclasificar prácticamente cualquier cosa–, violó normas cruciales sobre cómo se comparte inteligencia.

Lo que todo esto significa para la longevidad de Trump en el cargo es el tema de debate más encendido en Washington. Incluso antes de que estallaran estas últimas historias inquietantes, un número importante de republicanos en el Congreso ya veía a Trump como una amenaza para el país y para su partido. Y si bien los líderes republicanos, convencidos de que los recortes impositivos tienen prioridad, no están dispuestos a decir en voz alta que estarían felices si Trump se fuera a su casa, han comenzado a manifestar su malestar con él de modo más evidente.

Hasta ahora, la base política de Trump –que representa aproximadamente el 35% de los votantes elegibles– no le ha retirado su apoyo, a pesar de los escándalos y el caos en que él y los republicanos han convertido su agenda, particularmente la derogación de la reforma de atención médica del expresidente Barack Obama.

Trump ya ha perdido a los independientes que lo apoyaron en la elección y, si no cumple con sus promesas, –y no puede persuadir a sus seguidores de que este fracaso es culpa de los demócratas, esa base puede comenzar a erosionarse–.

El debate sobre una impugnación ya se volvió ubicuo, pero no se debería recurrir a una impugnación –y esta no puede ser políticamente viable– a menos que tenga una base bipartidaria arraigada en el centro de los dos partidos, como fue el caso con Nixon. También se podría obligar al presidente a abandonar el cargo según la Enmienda 25 de la Constitución, que permite la remoción de un presidente considerado incapaz de cumplir con los deberes del cargo. Pero esa enmienda, curiosamente, requiere que sea el vicepresidente quien inicie ese procedimiento –un escenario poco probable– y que una medida de esas características cuente con el respaldo de una mayoría del Gabinete o del Congreso.

Por momentos, a Trump se lo ve abatido en el cargo y esto lleva a algunos a pensar que debería regresar a la ciudad de Nueva York. Pero muchas veces da muestras de un gran orgullo, y un cierto asombro, por haber ganado, y le gustan las comodidades del cargo. Además, nos dice todo el tiempo que no es un desertor.

Elizabeth Drew es colaboradora regular de ‘The New York Review of Books’ y autora, más recientemente, de ‘Washington Journal: Reporting Watergate and Richard Nixon’s Downfall’. © Project Syndicate 1995–2017

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