A diferencia de otras sociedades, en donde los educadores son tenidos en alta estima, en Costa Rica se les tiende a criminalizar a menudo. El origen de esta tendencia se remonta a las protestas de maestros y profesores contra la dictadura de los Tinoco (1917-1919) y a favor de las garantías electorales durante el gobierno de Teodoro Picado (1947). Sin embargo, la criminalización se desarrolló de manera sostenida a partir de la década de 1950, a medida que los docentes empezaron a movilizarse en defensa de sus derechos.
Hoy día, la criminalización vuelve a darse a partir de la decisión tomada por los diputados de aprobar el traslado de los educadores del régimen de pensiones de la Caja Costarricense de Seguro Social (IVM) al del Magisterio Nacional. Se acusa ahora a los docentes de desfinanciar al IVM y de intensificar el déficit fiscal.
Sobre este asunto, y antes de criminalizar a los educadores, conviene recordar lo manifestado por el vicepresidente Helio Fallas, quien informó a inicios del año 2016 que la evasión fiscal en Costa Rica se calcula en un 8,2% del producto interno bruto, por lo que los grandes evasores de este país no son precisamente quienes tienen que impartir clases para ganarse la vida.
También debe recordarse que los maestros y profesores que se trasladaron del régimen de la Caja al del Magisterio no lo hicieron exactamente de manera voluntaria, sino después de que en 1995, como lo señalara Fernando Guier, fueron “heridos con violencia y a puntapiés en el rostro, simplemente porque protestaron en defensa de sus pensiones frente a la Casa Presidencial”.
Descenso. Para 1995, cuando la cotización para el régimen del Magisterio fue elevada entre un 10% y un 16%, la base salarial de los maestros de escuela, comparada en términos reales con la que tenían en 1979, había descendido en un 46,7%, la de los profesores de colegio se había reducido en un 55,1% y la de los docentes universitarios en un 54%.
En tales condiciones, el incremento abrupto en la cuota del Magisterio simplemente resultó insostenible para muchos docentes, una proporción considerable de los cuales eran mujeres que, en algunos casos también, eran los únicos o principales proveedores del hogar.
De esta manera, trasladarse a la Caja no fue una decisión tomada libremente, sino bajo la doble presión de la agresión física y económica. Desde esta perspectiva, dar a los educadores la oportunidad de retornar al régimen del Magisterio, y además en condiciones tales que tienen que endeudarse para poder costear las diferencias entre las cuotas de ambos regímenes, es apenas un acto de elemental justicia.
El autor es historiador.
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