Opinión

La cotidianidad de la Constitución

Actualizado el 07 de noviembre de 2013 a las 12:00 am

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Las incoherencias argumentativas y la desconfianza manifiesta, o el desprecio solapado por nuestras instituciones democráticas, constituyen reiterados síntomas del “cuadro de insensibilización ciudadana”, por no decir de “desconocimiento académico”, que alarmantemente están presentando nuestros estudiantes de derecho y los ciudadanos en general. Evidentemente, ello, entre otras razones, como consecuencia también de la inexactitud conceptual o significado real u ontológico de lo que es una Constitución.

De manera que, a propósito de la siempre tan deslucida celebración cívica del Día de la Constitución , así establecido por Decreto Ejecutivo N° 31617-MEP, del 3 de diciembre del 2003, es nuestro interés promover un poco la reflexión sobre ese marco jurídico fundamental que nos permitir ser y hacer dentro del Estado de derecho.

En nuestros estudios de la ciencia jurídica, cuando nos aprestamos a introducirnos en el saber de qué es derecho constitucional, Biscaretti nos sugiere precisar primero, a través de sus diversos significados, qué es una Constitución, pues –a su juicio– si varían estos últimos, cambiará también el significado de aquel.

De importancia para nuestra intervención, se constituye en elemental la acertadísima explicación de la Constitución que hace el jurista, en el sentido de “régimen (o régimen político)”, indicando que la característica más notable de la Constitución, vista en este sentido, radica en el hecho de que, aun presentándose en su primer tiempo como concepto puramente político, llega luego a asumir relevancia jurídica, en cuanto a su orientación programática (democrática, autoritaria, etc.), y “suele compenetrarse con la misma estructura de las diversas instituciones estatales, traduciéndose en claras directrices para la actividad de todos los órganos del Estado”.

En este contexto, por ejemplo, aunque ciertamente el postulado democrático señalado por el constituyente en el Artículo primero de nuestra Constitución Política, en muchas ocasiones –quizás– no responda a la aplicación de esa “clara directriz para la actividad de todos los órganos del Estado”, son más las ocasiones en que, de alguna manera, experimentamos en nuestro quehacer diario la tangibilidad de la orientación programática de democracia.

En este sentido, no importa si usted es empleado público o privado, intelectual o con escolaridad básica, etc., lo cierto es que todos somos usuarios, consumidores, requerimos servicios de salud, de electricidad, de telefonía, de agua, de transporte, porque, a fin de cuentas, ciudadanos en sentido amplio somos todos y, en esa condición, la ley fundamental nos garantiza la dignidad de ser tratados como tales, de ejercer mecanismos de control ciudadano para la eficiencia y la eficacia de nuestras instituciones, y de participación ciudadana para la incidencia de la sociedad civil en las políticas públicas del Estado, así como la reivindicación de nuestros derechos fundamentales. La inoperancia o apatía de las Administraciones Públicas haría del régimen democrático un postulado sin sentido alguno para el ejercicio cotidiano que hacemos de nuestros derechos y deberes. De ahí, la importancia.

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Al respecto, ya nuestro Tribunal Constitucional ha reafirmado que “el principio democrático se constituye en la fuente y norte del régimen jurídico, al permear todo el ordenamiento y formas jurídicas, de modo que se impone como principio rector en la organización política del Estado y de todas las formas de organización colectiva y la representatividad en su instrumento pragmático de realización,…” (Véase sentencia N° 2006-009197 de las 14:55 horas del 4 de julio de 2006).

Por ello, no resulta ajeno a esta tesis tener presente que el primer derecho de libertad con que contamos es el derecho a una Constitución, la cual, como en nuestro caso, por su amplio marco de protección, según le escuchábamos al magistrado Piza Escalante (qd Dg), nos hace “los ciudadanos más libres del mundo”.

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