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El costo de un voto

Actualizado el 09 de febrero de 2014 a las 12:00 am

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¿Cuánto cree usted que vale un voto para los candidatos a la presidencia en esta recta final de las elecciones? Tal parece que $200.000, como veremos a continuación.

Ambos candidatos se han pronunciado en contra de modificar el régimen arancelario responsable de que, en los últimos cinco años, los consumidores costarricenses hayamos pagado $200 millones más por el arroz que comemos todos los días. Esta es la diferencia entre el valor del arroz al precio fijado por el Ministerio de Economía, Industria y Comercio (MEIC) y su valor al precio del grano en los mercados internacionales (ya puesto en Costa Rica, hago la aclaración).

En su justificación, ambos señalaron que es necesario velar por los cerca de 1.000 pequeños agricultores que, en teoría, viven de esta actividad ($200 millones entre 1.000 agricultores: $200.000). Digo “en teoría”, pues, de acuerdo con un estudio realizado, a pedido del MEIC, por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas de la Universidad de Costa Rica (“Análisis sobre el mecanismo actual para la estimación y determinación de los precios del arroz bajo el contexto de la cadena de comercialización”, abril 2013), el ingreso bruto promedio de los pequeños arroceros es, en el mejor de los casos, de $37.000, lo cual representa un ingreso mensual neto, después de pagar los costos de producción, de unos $600 al mes. Si lo que les preocupa es realmente esto, garantizar un ingreso a familias en zonas donde no hay fuentes de trabajo, sería mejor para el país darles un bono en efectivo con un costo al año de $7,2 millones.

Ahora bien, si los pequeños solo se benefician en ese monto, ¿quién recibe el resto del excedente que pagamos los consumidores? Pues los medianos y grandes productores. Resulta que el 20% de los productores más grandes venden el 80% del arroz que comemos. Estos productores, que no son pequeños, se han beneficiado con un ingreso adicional de $160 millones en los últimos cinco años. Si seguimos la cadena de comercialización, donde se fijan márgenes en función del costo pagado al productor, el negocio se concentra aún más y 13 empresas manejan el 90% de la industria.

Lo mejor de esta historia es que ni a Araya ni a Solís les va a costar un céntimo cumplir con sus promesas de campaña. Lo pagamos los consumidores, con el agravante de que el 20% de las familias de menor ingreso consumen 15 veces más arroz que el 20% de familias de mayor ingreso. Así, esos $200 millones son un impuesto que pagan las familias más pobres a los arroceros y, principalmente, a los grandes productores de arroz.

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De buenas intenciones está empedrado el camino al infierno. Esperemos que, en estos dos meses adicionales de campaña política, no sea este el camino que vayamos a seguir.

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