Opinión

El costo ambiental de no hacer Boruca

Actualizado el 01 de febrero de 2010 a las 12:00 am

 Hacer Boruca equivaldría a la reforestaciónde casi la décimaparte del país

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El costo ambiental de no hacer Boruca

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El Proyecto Hidroeléctrico de Boruca es el más ambicioso e impresionante que se haya concebido nunca en Costa Rica. Elaborado en sus detalles finales por el ICE en 1994, es de una magnitud sorprendente, con sus 1520 megavatios de potencia instalada, sus 6040 gigavatios-hora de producción anual, su capacidad de represar y acumular 12.6 hectómetros cúbicos de agua proveniente prácticamente de todo el Valle del General, lo que alcanza para más de un año de generación sostenida.

Dicha capacidad de represar una cantidad importante de agua es de gran importancia en una obra de generación hidroeléctrica, porque permite contar con generación hídrica en todo el verano, o en cualquier eventualidad de escasez nacional por cualquier razón, sin que tengan que entrar a operar las plantas térmicas cuya electricidad es muy cara.

Tal función la cumplió por bastantes años, desde su entrada en operación en la Presa de Arenal (en la década de los sesenta), pero con el tiempo el consumo nacional sobrepasó en los períodos de escasez, su capacidad de almacenamiento, y fue necesario recurrir a la generación térmica.

No es mi propósito discutir si se debe continuar con el proyecto original o fraccionarlo en el de Diquís y otros, porque eso es materia de ingenieros especializados, sino referirme a la oposición a tal proyecto y a otros hidroeléctricos del ICE, que se han retrasado u obstaculizado por opositores que alegan afectaciones ambientales.

Costo ambiental. Mi propósito es referirme a lo que nadie ha hecho: señalar el inmenso costo ambiental que tiene no hacer Boruca, así como al enorme costo económico que adicionalmente supondría para el país el gasto del diésel necesario para generar esa misma energía mediante plantas térmicas.

O sea que no hacer este proyecto –tomado como ejemplo– o cualesquiera otros hidroeléctricos sustitutivos, tiene un inmenso costo ambiental y económico que, paradójicamente, quienes dicen cuidar el ambiente, no señalan.

Porque, para producir esa misma cantidad de electricidad mediante plantas térmicas, habría que utilizar 1.311millones anuales de litros de diésel, lo que tiene un costo al precio de hoy aproximadamente de 1050 millones de dólares, y un impredecible costo en el futuro, porque la tendencia futura es al alza del petróleo, por su escasez y agotamiento.

Por otra parte, basta un conflicto político o militar en cualquiera de los grandes productores para que su precio se dispare, de los $ 80 por barril actuales, a $ 200 o más.

Proporcionalmente, ya han ocurrido en el pasado crisis de este tipo, con graves efectos en nuestra economía. En cualquiera de los escenarios el precio sería incosteable, por lo que la ausencia de alternativa es evidente: o hay generación hidroeléctrica o no habrá generación eléctrica. Y, si no hay electricidad, el país se paraliza.

Más contaminación. Pero, y esto es lo mas grave desde un punto de vista estrictamente ambiental, la quema de la indicada cantidad de diésel, produciría la emisión a la atmósfera de 3.430.000 millones de toneladas de CO2 (bióxido de carbono) que es el principal contaminante con efecto invernadero, que ha desatado el cambio climático que amenaza a la humanidad en el futuro cercano.

Para poder absorber esa cantidad de carbono se necesitaría reforestar o sembrar bosque nuevo por una cantidad cercana a los cinco mil kilómetros cuadrados una décima parte de la extensión de Costa Rica. O sea, que hacer Boruca, evitando con ello la generación térmica de esa misma cantidad de electricidad, equivale a la reforestación de casi la décima parte del país. Cantidad positiva tan aplastante, frente a la insignificante negativa que alegan, que debiera motivar a todas las fuerzas ambientalistas y pro-bosque, a exigir que se haga Boruca u otros similares, en vez de oponerse.

Este inmenso efecto evitado de emisión de carbono sería una contribución muy importante del país a la conservación y reforestación de bosques en el mundo, y podría recibir alguno de los bonos que los países desarrollados pagan para compensar sus propias emisiones. Ganancia neta.

Por otra parte, no solo disminuiría la factura petrolera por lo que se gasta actualmente en generación térmica por insuficiencia de la generación hidroeléctrica (el ICE gasta un porcentaje importante de la factura petrolera del país), sino que, conforme avance la tecnología de los vehículos puramente eléctricos, se sustituiría con electricidad el petróleo que consumen, y que constituye la mayor parte de la factura petrolera. Ganancia neta proveniente de fuentes limpias.

El país recibiría asimismo considerables ingresos por exportación de electricidad mediante la red de interconexión con Centroamérica y México. La gran cantidad de electricidad producida por un proyecto como el de Boruca, debe diferirse en el tiempo localmente, mientras el consumo creciente lo absorbe, y mientras tanto se vende y exporta. Con operación con petróleo solo importaciones, con agua solo exportaciones y enormes ahorros : ganancia neta por todas partes.

A los daños de no hacer Boruca, habría que sumar el destrozo de las carreteras. Para transportar la enorme cantidad de diésel indicada se necesitaría anualmente la movilización de 110.000 camiones cisternas, o sea 300 diarios o poco mas de 12 por hora, lo que además del aumento de la congestión vial, tiene un grave efecto desgastante sobre las carreteras. Para que se tenga idea, el tránsito de un solo furgón, cargado a su carga permitida, supone para el desgaste de las vías, tanto como el de 12.500 vehículos livianos.

Finalmente, no es cierto, como se ha dicho también para oponerse, que se afectan –conforme el Convenio 169 de la OIT– derechos de indígenas, cuyas poblaciones quedarían anegadas con la presa. Tal Convenio, nuestra Constitución y otros, obligan a tratarlos por igual, como costarricenses que son, y por eso sometidos a la carga de expropiación por motivos de utilidad pública al igual que cualquier ciudadano, y obligan a indemnizarlos equitativamente en sustitución de sus propiedades afectadas.

No hay alternativa, y es evidente. Por razones ambientales (y económicas), el país debe producir su electricidad con fuentes limpias.

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