Tras el anuncio del presidente Luis Guillermo Solís, respecto a la permanencia de la Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) bajo la tutela del Ministerio de la Presidencia, pero revisando algunas de las acciones que ha ejecutado en los últimos años, me parece un momento propicio para referirme a la importancia que debe tener la inteligencia en países como Costa Rica.
Esto se relaciona con la cuestión de generar una política de defensa, como uno de los dos componentes de la conducta externa de un país –el otro es la política exterior–, que los Gobiernos anteriores han descuidado y confundido confundir defensa e inteligencia con militarismo.
El punto medular es que todo Estado, tenga o no fuerzas armadas, debe desarrollar la actividad de inteligencia, que resulta clave para su supervivencia. En ese sentido, la inteligencia debe estar al servicio del país, del Gobierno y de la ciudadanía en general, nunca en contra de ellos. Es decir, no debe usarse con fines políticos sino para alcanzar objetivos nacionales. Esto por cuanto la inteligencia cumple, de acuerdo con los especialistas, dos funciones muy diferentes.
Una de esas funciones es la “inteligencia estratégica”, que le permite al presidente de la República y su gabinete tomar decisiones en distintos ámbitos de acción (política, económica, migratoria, ambiental, seguridad, defensa). Esta requiere de un diverso equipo de analistas, incluyendo politólogos, economistas, juristas, sociólogos, demógrafos y especialistas en relaciones internacionales, seguridad y defensa. Esta categoría no tiene que ver con fines militares o policiales.
Modernizar y controlar. La segunda función se refiere a la “inteligencia operativa”, que interpreta los escenarios, sobre todo externos, que amenazan la integridad del país y de la sociedad, y está al servicio del aparato de seguridad y defensa, sea militar o policial. Entre ellas, en el caso de Costa Rica, destaca la insurgencia no política, conformada por las organizaciones del crimen transnacional organizado y otras manifestaciones de violencia y, por supuesto, las acciones militares tanto de Estados vecinos como extrarregionales. Cuando se trata de actividades por realizar dentro del país, estas requieren de autorización de instancia judicial, y en ningún caso puede comprender a líderes e individuos porque ello desvirtúa la esencia de la inteligencia. Por eso, no se debe confundir con espionaje.
El Servicio Exterior, es decir, los diplomáticos costarricenses acreditados alrededor del mundo, son piezas vitales en materia de inteligencia para países sin instituciones militares permanentes, como Costa Rica. Embajadores y ministros consejeros requieren preparación en este campo pues son quienes mejor pueden proveer de información a los equipos encargados, interpretar y analizar las situaciones coyunturales para que, luego, las autoridades políticas tomen las decisiones apropiadas.
Es indispensable que el Gobierno tenga un aparato de inteligencia. En el mundo transformado del siglo XXI todo Estado debe tener tal estructura, con funciones precisas. De ahí que es de esperar que el nuevo presidente, con el respaldo de la Asamblea Legislativa –pues se requieren reformas legales que son urgentes–, haga las revisiones pertinentes para lograr modernizar la inteligencia en Costa Rica, bajo un estricto control político y judicial.