Opinión

Las cosas por su nombre

Actualizado el 25 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

Opinión

Las cosas por su nombre

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

A menudo sugiero a periodistas y analistas una mayor claridad conceptual y jurídica sobre asuntos públicos, que les permita una mejor y más práctica formación a sus lectores, así como una más incisiva “exigencia de cuentas”.

Por ejemplo, cuando se informa que el Gobierno “intervendrá” Fonabe y Judesur, o que “el ministro no puede ejercer autoridad sobre órganos de desconcentración máxima ”, les he hecho ver que la intervención, por un lado, y la dirección gubernativa, por otro, están reguladas en la Ley General de la Administración Pública (LGAP), e implican que el Poder Ejecutivo del ramo puede emitir directrices que ordenen la actividad de los entes dirigidos, intervenirlos y hasta remover juntas directivas que incumplan esas directrices (sí señores, “cada Poder Ejecutivo” sobre los pocos entes bajo su mando político, todos los cuales suman los 300 o más que la Contraloría y muchos dicen que no se pueden “coordinar”).

Falta de conocimiento. Sin embargo, si no hay directrices, entonces no hay incumplimiento alguno. Tales recientes “intervenciones” no son más que comisiones para “estudiar” y recomendar medidas. Los así interpelados me lo “agradecen”, pero continúan por la vida sin confrontar, primero, por qué los gobernantes usan un lenguaje que refleja la falta de conocimiento de la Constitución y leyes que juraron respetar y cumplir, y, segundo, cómo ello ha llevado a tantas prácticas improvisadas que no logran movilizar, como debían, los recursos multimillonarios puestos bajo su autoridad. Igual desatino se da con la Contraloría, la Defensoría y, ¡oh tragedia nacional!, con los mismos legisladores, a juzgar por su exasperante y perenne silencio o pasividad sobre “el tema”.

Ocurre igual cuando avezados editorialistas piden una “mayor eficiencia pública” eliminando “duplicidades”, simplificando trámites, mejorando la “coordinación” y reformando “pensiones”, o, peor, analizan declaraciones de un presidente ejecutivo hablando como “ministro sin cartera”, sin nunca cuestionar por qué el presidente ha creado semejante “figura jerárquica” al margen de “la ley”.

Sustracción de competencias. Me refiero al acto de sustraer competencias legales clarísimas de un ministro de Trabajo y Seguridad Social sobre “pobreza” para asignarlas, vía decreto ejecutivo, a otro jerarca “incompetente” (remember Arias y Chinchilla, y, ahora, Luis Guillermo Solís), o nombrar presidentes ejecutivos como ministros sin cartera. Todos discuten sobre la importancia de instrumentos de registro de pobres, coordinar las instituciones y volcar la mayor atención a los pobres extremos, o de cómo hay que “planificar” el esfuerzo, sin que ninguno dé señales de entender cómo todo esto fracasará, si no se pasa, primero y ante todo, por el ejercicio de la autoridad competente inconfundible, propia de un verdadero Poder Ejecutivo, con las atribuciones “de imperio” y deberes que la Constitución le asigna.

¿Se imaginan al presidente del IMAS, al del ICT o a la presidenta del Inamu, por ejemplo, dictándole directrices a la junta directiva –de la que son subordinados– como ministros sin cartera? Pero ¿cuál es aquí, se preguntará el lector, el “gran” problema? Respondo que, si aquí, en Costa Rica, un ministro no ejerce continua y sistemáticamente esa dirección interorgánica con el presidente , nunca desplegará la pertinente eficacia movilizadora de instituciones, recursos y sociedad civil hacia el norte-país que la Constitución Política claramente configura.

No reconocer en este campo ni en ningún otro lo que debe ser el correcto ejercicio de este verdadero patrimonio legal nacional es desconocer la causa principal de la mayoría de desgracias nacionales, especialmente en “pobreza”, al asignarse dicho liderazgo a jerarcas sin competencia ni responsabilidad política (por ejemplo; vicepresidentas, consejos “sociales”, ministros de vivienda o salud, o… presidentes del IMAS en los últimos dos Gobiernos).

No basta contar con “instrumentos” desarrollados por una afamada universidad europea. No será de académicos puros de donde provendrán las más realistas soluciones a los problemas concretos de un país, ni en Inglaterra ni en Estados Unidos, y, menos, en Costa Rica.

Decreto no promulgado. Sé de qué hablo. Hace 14 años propusimos, en el marco del PNUD aquí, un decreto ejecutivo para hacer obligatorio el SIPO del IMAS a todas las instituciones “de” pobreza bajo la autoridad indiscutible del ministro de Trabajo y Seguridad Social. El Gobierno lo consideró muy bueno, pero nunca lo promulgó. En el 2002, hicimos en la UCR una excelente propuesta sobre pobreza, que planteaba cómo utilizar el marco legal existente y con cuáles mecanismos e instrumentos “sectoriales”, “regionales” y presupuestarios; pero, sobre todo, bajo cuál autoridad gubernativa existente podía todo ello lograrse de inmediato.

Lo presentamos con el entonces rector Macaya y el actual ministro de Ambiente al presidente Pacheco y a su vicepresidenta. Don Abel, impactado, ordenó que lo conociera su “Consejo Social”. Así lo hice a la semana siguiente, pero hasta ahí llegó el asuntito, pues varios de los jerarcas allí reunidos se sintieron, así como lo leen, lastimados en sus vanidades. Y el presidente no le dio seguimiento al asunto.

La democracia, en su dimensión más operativa o funcional, no se logrará con símiles como “ajedrez”, “pactos”, “sutileza negociadora” u otras palabrejas preferidas por tantos teóricos criollos. Solo será eficaz, sostengo, cuando la autoridad política en la cúspide del Gobierno se ejerza, para su mayor impacto multiplicador, con la ciencia que nuestro ordenamiento constitucional y unas pocas leyes en materia de dirección y planificación exigen.

A la deriva. Mientras gobernantes y todos no comprendan y apliquen integralmente esto –unos para gobernar y administrar, otros para exigir cuentas y para informar responsablemente–, el país seguirá a la deriva, inclusive de cara a “novedosas” propuestas de reformas que no reconocen la mentalidad y desempeño tan mezquinos, y esquivos, propios de nuestros reales y recurrentes vicios sociopolíticos.

Moléstese el lector en buscar el Decreto No. 38536-MP-PLAN, del 25 de julio, sobre “conducción gubernativa” y encontrará –a pesar de algunos enredos legales y orgánicos, e incomprensibles omisiones sobre participación de la sociedad civil, que el Poder Ejecutivo se empeñó en mantener, pese a la claridad de un borrador de inicio que manejó la ministra de Planificación– un mar de esperanzas para que el barco-país navegue a buen puerto.

A este decreto preciso, todos debían dedicar su atención para monitorear y juzgar, más allá de todo masoquismo teórico, la labor diaria del Gobierno. No es algo que intuyo. Es algo que, a ciencia cierta y por ciencia , “sé”.

Lamentable, siendo ese decreto la “carta de navegación” para movilizar instituciones y sociedad civil hacia una gran concertación nacional real –pero solo si Mideplan “se aplica” en serio con el riguroso e informado apoyo del presidente–, este ni lo mencionó en su reporte de los 100 días. ¿A qué se juega aquí con el destino del país?

  • Comparta este artículo
Opinión

Las cosas por su nombre

Rellene los campos para enviar el contenido por correo electrónico.

Ver comentarios
Regresar a la nota