Un proyecto de ley abre la puerta a la privatización de los servicios de agua potable

 6 septiembre

La Comisión Dictaminadora de la Asamblea Legislativa aprobó, en forma unánime, el proyecto Ley de Autorización a las Cooperativas Administradoras de Acueductos y Alcantarillados Comunales. En razón de esto, pero sobre todo por lo delicado del asunto, me permito, de la manera más respetuosa, presentar algunas realidades y riesgos relacionados con este proyecto.

Realidades. El Estado costarricense ha promovido, con éxito, la clasificación del servicio del suministro de agua potable como esencial, a cargo de cuatro tipos de entidades administradoras, a saber: AyA, Asadas y CAAR, municipios y la ESPH.

Esta estrategia ha permitido alcanzar, al año 2016, coberturas del 98 % de población abastecida con agua intradomiciliar y 91,8 % con agua de calidad potable, datos ubicados entre los mejores del mundo.

Existen cerca de seis entes que suministran ilegalmente el servicio de agua para consumo humano en la zona de San Carlos, que funcionan bajo la figura de cooperativas.

Lamentablemente, la rectoría del AyA en el suministro de agua potable ha sido tímida y difusa, lo que ha limitado el apoyo a los acueductos comunales; sin embargo, es menester reconocer que el AyA es el creador y promotor del Programa Nacional de Acueductos Rurales.

No hay duda de que los avances en las coberturas con agua potable y saneamiento han sido, entre otros aspectos, el motor de desarrollo de los 421 distritos del país.

Riesgos de la propuesta. El peligro más importante de este proyecto radica en que abre la puerta a la privatización de los servicios de agua potable.

Fomenta la desaparición de la Asadas por la paulatina transformación en cooperativas, promoviendo la entrega anual de dividendos en manos de sus asociados, y no centrándose necesariamente en la correcta administración y operación de los acueductos.

Atenta contra el derecho humano al agua aprobado por la Asamblea General de la Naciones Unidas (Resolución 64/292 del 28 de julio del 2010).

Ante estas realidades y riesgos, el suscrito, como funcionario por 40 años en el Laboratorio Nacional de Aguas y como presidente del Consejo de Administración de CoopeAyA, me opongo rotundamente a la privatización de los servicios de agua, promovido por el mencionado proyecto de autorización a las cooperativas en la administración del agua potable.

El autor es salubrista público.