EscucharEl 2 de setiembre, el periódico La Nación dio cuenta de las críticas que hacen los empresarios a los procedimientos seguidos por el gobierno al dar la administración de las obras a la Oficina de Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (Unops, por sus siglas en inglés).
Detengámonos un poco para entender qué es Unops. Esta oficina de las Naciones Unidas, según reza en su página web, es “un organismo operacional de las Naciones Unidas que apoya a sus asociados en la ejecución de sus proyectos humanitarios, de desarrollo y de consolidación de la paz en todo el mundo”.
Eso no nos dice mucho. Es una oficina de las Naciones Unidas que se ha metido en la administración de proyectos y, como parte de ellos, se encuentra la gestión de infraestructura, diseñando, construyendo y manteniendo obras. También la adquisición de bienes y servicios de diferente naturaleza y, por supuesto, con presupuestos muy altos.
Así las cosas, el gobierno ha contratado a una oficina bajo la tesitura de que es para transparentar y agilizar las obras. Es una oficina internacional que subcontrata profesionales y empresas para que hagan el trabajo que por ley les corresponde a las instituciones y por el cual todos los costarricenses pagamos salarios, infraestructura, oficinas, cargas sociales y sobresueldos como dedicación exclusiva, disponibilidad, anualidades y viáticos.
Múltiples profesionales. Tenemos en cada institución una proveeduría con decenas de funcionarios, abogados, administradores, contadores, especialistas en contratación administrativa. Además, en los departamentos tenemos ingenieros civiles, electrónicos, eléctricos y toda una suerte de profesionales que tienen que ver con las contrataciones.
Ahora el Estado le pasa esa responsabilidad a una oficina y tendrá que pagarle costos y comisiones, los cuales son, aproximadamente, de un 10 % –según se dice– y que en números vendría siendo, por la contratación de los puentes, $2,5 millones en comisiones para la Unops, es decir, ¢1.400 millones.
Unops duplica la labor de estas direcciones sin que tengamos control alguno. La misma Contraloría General ha dicho que no ha tenido al menos uno de los expedientes a la vista para resolver un diferendo. Eso sí, deberán los funcionarios de cada institución cumplir con el rol encomendado de diseño, seguimiento y supervisión de estas obras.
Si el fin del gobierno es mantener esta contratación porque no confía en su personal de contratación, ingenieros, abogados y otros, pues será necesario, entonces, una reestructuración y suprimir estas direcciones de las instituciones o reducirlas, acaso.
Tendremos entonces que cerrar, como lo había prometido el gobierno, el Conavi, el Cosevi, quizás algunas direcciones del ICE y el AYA, entre otros.
Será necesario, entonces, que la Asamblea Legislativa legisle y modifique la Ley y el Reglamento de Contratación Administrativa y los alcances de la Contraloría.
Lo cierto es que no podemos seguir creando figuras paralelas que atenten contra la transparencia, hacen aumentar los costos de las obras y violentan, de alguna manera, la autonomía y las regulaciones de la institucionalidad del país.
El autor es consultor.
