Opinión

Las convenciones colectivas en el sector público

Actualizado el 26 de noviembre de 2014 a las 12:00 am

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Las convenciones colectivas en el sector público

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Según el artículo 54 del Código de Trabajo, la convención colectiva es un acuerdo que se celebra entre un sindicato de trabajadores y su patrono con el objeto de reglamentar las condiciones en que el trabajo debe prestarse y las demás materias relativas. Estas tienen el carácter de ley profesional, conferido por el artículo 62 de la Constitución Política. Las convenciones, aparte de las prebendas para los trabajadores, incluyen suficientes garantías para que los sindicatos ejerzan sus funciones de acuerdo a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo.

Hasta aquí todo está muy bien. Pero en la práctica, no. Con el tiempo, estas convenciones se han vuelto abusivas y onerosas para el sector público, siendo una de las causantes, entre otras, de inflar el gasto público y contribuir al crecimiento del déficit fiscal, que ya ronda el 6% del PIB. Los trabajadores del sector privado, que son 1.684.946 de la fuerza laboral ocupada (85% del total), no están cobijados por convenciones colectivas. De los 295.244 empleados del sector público, solo 124.000 están beneficiados por ellas, lo cual representa un 6,26% de la fuerza de trabajo ocupada y un 42% de los empleados públicos. Esta minoría es una clase de lujo y muy privilegiada. Veamos dos ejemplos concretos de estos abusos:

1. El artículo 29 del Código de Trabajo, en materia referente al auxilio de cesantía, establece que“en ningún caso podrá exceder dicho auxilio del salario de ocho meses”; sin embargo, en algunas convenciones colectivas los trabajadores tienen derecho a recibir de 25 a 30 meses de cesantía.

2. En materia de vacaciones, el Código de Trabajo (artículo 153) establece que “todo trabajador tiene derecho a vacaciones anuales remuneradas, cuyo mínimo se fija en dos semanas por cada cincuenta semanas de labores continuas”. Esta disposición legal se aplica rigurosamente en el sector privado, con ligeras excepciones, pero en el sector público encontraron este portillo de la ley y se recetan 30 días hábiles de vacaciones por año.

Aparte de estos beneficios, existen muchos otros, entre ellos: reconocimiento de antigüedad y estudios realizados (aunque no se apliquen en las labores que desempeña el empleado), pago adicional por carreras obtenidas, arraigo profesional, becas para los hijos, pago de horas extras, disponibilidad, jornadas laborales menores a las 40 horas semanales, subsidios adicionales por pago de feriados, recargo de funciones, ayudas para gastos médicos, vacaciones profilácticas, permisos con goce se salario, centros de recreo, etc., solo para citar algunos. Por esta razón, los salarios del sector público en promedio son superiores al 50% de los que se devengan en el sector privado.

Conflicto de interés. Estas convenciones colectivas se negocian entre los sindicatos y los representantes del patrono, pero como estos son empleados, terminan aceptando las peticiones sindicales porque ellos a su vez se benefician. Hay entonces un conflicto de interés perverso que infla cada vez más los términos de esos contratos. Pero aún hay más. Las convenciones, de acuerdo a la ley, duran tres años, y deben ser denunciadas entre uno y tres meses antes de su vencimiento por cualquiera de las partes; en caso contrario, se prorrogan automáticamente por un periodo igual. Como los sindicatos se la saben todas, a la hora de negociar exigen otra serie de beneficios y privilegios de los que gozan, en algunos casos exagerados, lo cual asusta al patrono, quien al final prefiere dejar las cosas como están. Así las convenciones se renuevan constantemente, lo cual las hace vitalicias.

Pero lo más preocupante es que en cierta forma las convenciones parecen ser inconstitucionales al faltar al precepto del artículo 57: “el salario será siempre igual para trabajo igual en idénticas condiciones de eficiencia”. Los empleados del sector privado, que son más eficientes, son de segunda clase en comparación con sus homólogos en el sector público. Igualmente, las convenciones, en cuanto a los derechos y beneficios que otorgan, están por encima del Código de Trabajo, que es de orden público, y también podrían considerarse violatorias al artículo 33 constitucional: “Toda persona es igual ante la ley, y no podrá practicarse discriminación alguna contraria a la dignidad humana”. Evidentemente los empleados privados frente a los públicos no son iguales ante las leyes laborales del país.

El deber del Gobierno en esta época de crisis del gasto, intolerancia presupuestaria y abultado déficit fiscal es revisar exhaustivamente las convenciones colectivas para eliminar las abusivas, quitar granjerías excesivas, modificar derechos y equi-parar las condiciones laborales de todos los trabajadores del país. Desde luego, se deben respetar los derechos adquiridos por los trabajadores actuales, que no serán otorgados a los nuevos empleados, y así, con el tiempo, esos abusos se extinguirán.

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