La Contraloría General de la República (CGR) es el órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Es un órgano de control, y el control es una de las herramientas con las que cuenta el Estado para acometer sus fines.
Uno de los aspectos que más ha valorado la Contraloría en tiempos recientes es que el control no es un fin en sí mismo. De hecho, la CGR reconoce que hay dos principales corrientes de pensamiento: la primera asume la preponderancia del control, cada vez más fuerte, para lograr los objetivos de la gestión, y la segunda, orientada al menor control posible para que el Estado pueda, con mayor flexibilidad y celeridad, lograr aquello que se propone.
Bajo las condiciones del escenario actual y reflexionando sobre el futuro del país, la cuestión en materia de control se focaliza entonces en cómo lograr un punto de equilibrio, de modo tal que el país pueda avanzar hacia un desarrollo con sostenibilidad e inclusión, salvaguardando al mismo tiempo el interés público.
Con el tiempo se han creado nuevas instituciones, se han replanteado objetivos institucionales y, en algunos casos, se ha modificado el marco jurídico y axiológico. Además, la tecnología ha revolucionado la forma de hacer las cosas, se han redefinido políticas públicas y se ha generado diversidad de normativa. El aparato estatal se ha vuelto, en consecuencia, más complejo y diversificado y, a la vez, más rígido para reaccionar a las actuales demandas.
Eso implica que también el control como herramienta debe rediseñarse y ajustarse a las nuevas circunstancias, en procura de ese necesario equilibrio.
Eso lo comprendemos en la CGR y, por ello, hacemos una lectura permanente del entorno, realizando un proceso de reflexión y de autoevaluación sostenida de nuestros procesos para adaptarlos a la realidad, a las exigencias conyunturales y a las buenas prácticas internacionales del control, de manera que el control externo ejercido por la CGR y el control interno ejercido por las administraciones se comprenda y manifieste en su justa dimensión para contribuir eficazmente al logro de los objetivos estatales y al bienestar general.
Refrendo. Producto de ese proceso de reflexión, análisis y estudio, hemos presentado tres iniciativas de ley para discusión, análisis y eventual aprobación de la Asamblea Legislativa. En primer lugar, proponemos una ley sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública.
En concreto, estamos proponiendo que sean las administraciones las que refrenden. Algunas de las razones que nos impulsan a proponer este cambio radican en que el refrendo es un control que se ejecuta cuando ya existe un contrato firmado, cuando un contratista ha adquirido derechos. Es un control que debe ser llevado adelante por la administración y no por la Contraloría, pues es más un control interno que externo.
Un análisis histórico de las posiciones de la Sala Constitucional nos permite estimar que podemos ir adelante con nuestra propuesta; además, hoy la Contraloría refrenda solamente el 10% de los contratos, o sea, la administración conoce cómo hacer esta labor.
Por otra parte, existe una recomendación de la OCDE y también de Organización Internacional de Entidades de Fiscalización Superior (Intosai, por sus siglas en inglés) de que los órganos de control externo se enfoquen más en el control ex post y externo y no en el control previo e interno, el cual es responsabilidad de la administración.
Es importante destacar que la CGR no está de ninguna forma declinando su competencia. Está ajustando el control a las nuevas circunstancias y este será implementado por la administración bajo lineamientos emitidos por la CGR.
Delegación. Por otra parte, hemos presentando un proyecto para fortalecimiento del control presupuestario de los órganos desconcentrados del Gobierno Central y en concreto lo que proponemos es la integración de todos los recursos de los sujetos del Gobierno Central al presupuesto de la República. Es decir, el presupuesto de los órganos desconcentrados sería aprobado en la Asamblea Legislativa y no en la CGR.
A lo largo de los años se han creado órganos desconcentrados con el propósito de darles mayor flexibilidad para que su gestión sea más eficiente. Una de esas flexibilidades ha sido desde el punto de vista presupuestario. Sin embargo, esto ha restado direccionamiento político a los ministros rectores.
A pesar de que se esperaba mayor eficiencia de estos órganos, hemos constatado que la capacidad de gestión promedio de los órganos adscritos es un 12% menor que la de los ministerios rectores, según el índice de gestión institucional elaborado por la CGR. Además, en los últimos cinco años, el promedio de la ejecución presupuestaria del Gobierno Central es un 32% mayor que la de los órganos desconcentrados.
Es decir, aquella anhelada eficiencia no ha sido posible lograrla. Por otra parte, el déficit fiscal podría disminuir en alrededor de un 0,33% del PIB al incorporarse al presupuesto de la República los ingresos que generen los órganos desconcentrados.
Reformas. El tercer proyecto consiste en reformas al marco legal para la simplificación y fortalecimiento de la gestión pública. Este trata del remozamiento de normativa específica que requiere adaptarse al entorno actual y alinearse al marco jurídico de control.
En su gran mayoría se trata de funciones atípicas de un órgano de control externo, que en muchas ocasiones generan que la CGR coadministre, o bien, controles que ya no tienen razón de ser, que perdieron vigencia o generan duplicidades.
En síntesis, estos proyectos que vienen a modificar la propia ley orgánica de la CGR por imperativo de los tiempos están basados en razones jurídicas, técnicas, institucionales y acordes con buenas prácticas internacionales.
De ser aprobadas estas iniciativas generarán, por una parte, mayor transparencia y rendición de cuentas en razón del acceso a la información pública que se produciría y de una administración activa que asumiría la responsabilidad correspondiente a sus decisiones.
Asimismo, se fortalecerá el control político de la Asamblea Legislativa al poder analizar de manera integral el presupuesto del poder central y el direccionamiento político del Ejecutivo al fortalecer las rectorías.
Se espera un efecto positivo en las finanzas públicas al disminuir el déficit fiscal, como indiqué. Además, el control interno y externo se manifestará en su justa dimensión y se logrará mayor eficiencia por la simplificación de trámites y procesos.
La CGR, por su parte, fortalecerá la agenda de fiscalización, definirá una estrategia de control posterior acorde a los cambios propuestos y desarrollará la capacitación especializada que sea pertinente.
Las reformas propuestas incidirán positivamente no solo en la Contraloría, sino también en el país. Nuestra posición e intención es ir más allá, en el sentido de no pensar solo en el control, sino también en la gestión y en el bienestar general.
La autora es contralora general de la República.