Opinión

Un contrato ético y transparente

Actualizado el 06 de septiembre de 2014 a las 12:00 am

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Un contrato ético y transparente

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En el marco del informe sobre los primeros 100 días de gobierno, el presidente, Luis Guillermo Solís, hizo una mención directa sobre el proceso de alquiler de las nuevas oficinas para el Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos (MIVAH). Al hacerlo, incurrió en varias inexactitudes y obvió la visión de medio y largo plazo que debe animar el buen manejo del Estado.

Como responsable de esa cartera, y como ciudadano, estoy abierto a la valoración de mi paso por la función pública. No es negociable ni delegable el deber de todo funcionario público por la probidad y el ejercicio ético de su función. La denuncia, para ser responsable y objetiva, debe sustentarse en una adecuada indagación de los hechos. Esto es particularmente importante cuando el vocero es el presidente de la República.

Hacinamiento. Desde el inicio de la Administración Chinchilla Miranda, y en reiteradas ocasiones, funcionarios del MIVAH llamaron la atención sobre los graves problemas del inmueble que ocupábamos. Estos incluían el hacinamiento, la poca funcionalidad en la distribución del personal en un centro comercial y serias deficiencias para su seguridad y la de los activos de la institución; es decir, condiciones de salud ocupacional inadecuadas. Desde el 2009, la Auditoría interna emitió varios informes urgiendo un cambio en las instalaciones ministeriales. En el expediente, consta una orden sanitaria del Ministerio de Salud, generada por solicitud de los funcionarios, la Comisión de Salud Ocupacional y la misma Auditoría.

El MIVAH nunca ha contado con instalaciones propias. Esto ha supuesto su reubicación, al menos, cuatro veces. La penúltima fue del edificio Orowe (del INVU) al mall San Pedro, durante la Administración Pacheco de la Espriella. El actual primer vicepresidente y ministro de Hacienda, don Helio Fallas Venegas, era entonces jerarca de esa cartera y, en tal condición, tramitó el traslado al nuevo inmueble de la misma forma que lo hizo el suscrito: mediante el proceso de contratación directa con un contrato también por cinco años. Todo esto ocurrió durante el último año de la Administración Pacheco. Para mí fue una previsión responsable de don Helio; para el presidente sería una forma de dejar “amarrado” al Gobierno siguiente, el de don Óscar Arias. ¿Lo sabría don Luis Guillermo al hacer su denuncia?

Procedimiento riguroso. Las negociaciones para contratar las nuevas oficinas, durante mi gestión, fueron rigurosas, detalladas y absolutamente apegadas a la ética y la legalidad. Quien conoce la Administración Pública costarricense, sabe lo exigente que es en trámites, requisitos y formalismos. Si bien el primer paso necesario es la decisión del jerarca, a partir de esta acción el proceso de contratación se constituye en una actividad administrativa que involucra una serie de departamentos y de funcionarios, cuyos criterios técnicos y legales son imprescindibles para la suscripción de cualquier contrato conforme al derecho y la ética.

En nuestro caso, en agosto del 2013 se inició un proceso interno de análisis y consultas para determinar el tipo de requerimientos técnicos, legales y presupuestarios para valorar un eventual traslado de edificio. Este proceso dio pie a una solicitud formal mía, del 17 de diciembre del 2013, para que la Administración procediera a realizar un estudio del estado de las instalaciones. El 28 de enero del 2014, la Administración presentó un conjunto de informes técnicos mediante el cual justificó la necesidad de la reubicación del MIVAH.

Con base en este informe, se emitió la resolución administrativa del 29 de enero del 2014, en que se giró la instrucción a la Administración para la búsqueda de un nuevo edificio que satisficiera las necesidades institucionales actuales y futuras.

Estudio de mercado. Con base en el levantamiento técnico por parte de direcciones y departamentos del MIVAH, el 5 de febrero del 2014 se le solicitó a la Proveeduría Institucional (DPI) la realización de un estudio de mercado sobre posibles oferentes. Dicha dependencia informó de la existencia de cinco oferentes. Cada oferta fue legal y financieramente evaluada por la DPI. Cada espacio fue analizado por ingenieros y arquitectos de la Dirección de Vivienda y Asentamientos Humanos.

La selección final se sustentó en el bagaje técnico pertinente y significativo. No fue una decisión precipitada, antojadiza o arbitraria. Entre las cosas que más lamento de los cuestionamientos es que indirectamente se haya puesto en duda la calidad profesional y moral de los múltiples funcionarios del MIVAH que, con responsabilidad y entrega, contribuyeron con esta gestión.

La contratación de un inmueble por parte de la Administración Pública no puede definirse en el corto plazo. Resultaría impráctico, oneroso y contrario al interés público –del cual algunos pretenden convertirse en jueces absolutos e inapelables– realizar estos procesos cada uno, dos o tres años. De ahí, el plazo razonable y proporcional de cinco años establecido en el contrato.

Vicepresidente informado. Una vez finalizada la primera ronda electoral, y como un ejercicio de transparencia y rendición de cuentas, convoqué a personeros de los partidos políticos en contienda para la segunda ronda a una reunión, en conjunto con los directores del MIVAH, para informar, de manera exhaustiva, sobre todo lo actuado durante mi gestión y facilitar una transición responsable. Por parte del Partido Acción Ciudadana, nos reunimos con don Helio Fallas, candidato a la Primera Vicepresidencia, y quien había sido designado como vocero del tema de vivienda. Uno de los temas tratados fue la contratación del nuevo edificio.

La reunión se produjo un mes antes de la firma del contrato. De haberse emitido el menor reparo por el proceso, de inmediato hubiese procedido a detener los trámites. Pero no se plantearon objeciones o dudas. En consecuencia, y apegado a la legalidad y la ética pública y personal, no encontré justificación para privar a los funcionarios del MIVAH de un espacio funcional adecuado y necesario. Rechazo, por tanto, cualquier insinuación de que no hubiéramos considerado a las nuevas autoridades.

Peligrosa presunción. Lamento que el presidente se haya sumado a quienes han venido creando la peligrosa presunción de que toda decisión es intrínsecamente corrupta y todo funcionario que la tome debe probar que no actuó con deshonestidad, sobre todo cuando le toca negociar con el sector privado. Precisamente por esta actitud destructiva, el temor a decidir se ha convertido en una de las carlancas más importantes para explicar la inoperancia en la Administración Pública.

Hoy, don Luis Guillermo exhibe como propios avances en vivienda y asentamientos, que habrían sido imposibles si nosotros no hubiéramos actuado con previsión y sin mezquindad.

Eso también fue lo que hicimos en relación con el alquiler del edificio.

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