2 diciembre, 2015

A propósito del reciente asunto sobre la contratación del Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) por parte del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) para la supervisión de la nueva carretera de San Carlos, llama la atención la falta de lectura de lo que permite o no el ordenamiento jurídico.

Claro, el ICE no está pactando actividad ordinaria, porque evidentemente no nació para vender como actividad primaria servicios de apoyo en administración o fiscalización de proyectos; sus competencias esencialmente radican en energía y telecomunicaciones, pero ¿qué sucede, para el caso que nos ocupa, con aquellos productos o servicios que se derivan accesoriamente de esa actividad ordinaria, y que tienen sin duda un valor comercial?

Pues bueno, he ahí el verdadero meollo del asunto: el ICE, en el desarrollo de su actividad ordinaria, logra alcanzar la posibilidad de ofrecer accesoriamente un servicio de alto interés como lo son actividades propiamente de supervisión de proyectos, que, técnicamente hablando, no parece ser tan diferente en asuntos de obra pública, es decir, por ejemplo, ¿habrá diferencia entre fiscalizar el seguimiento del presupuesto, la compra de materiales, la verificación de estudio de suelos y otros de un proyecto de obra como construir una represa (que hasta tiene la construcción de caminos de acceso), y otros versus una construcción de carretera? No parece haberla. ¿Será que en las universidades se educa a los profesionales para supervisar construcciones de un tipo, pero no de otro?

A este caso se une el hecho de que la Administración hizo el esfuerzo de contratar el servicio mediante concurso abierto, pero no hubo oferentes, por lo que se declaró infructuoso.

Permitido. Ahora, se trata de una contratación directa entre instituciones públicas, que considera la prestación de un servicio de valor comercial que el ICE nos parece sí puede brindar no como su actividad ordinaria, sino como una accesoria que se desprende de esta.

Esto lo permite la combinación de los artículos 128 y 130 del Reglamento de la Ley de Contratación Administrativa. Dice el artículo 128 (último párrafo): “Cuando la Administración tenga la capacidad de producir bienes o servicios accesorios con valor comercial, distintos a la actividad ordinaria puede venderlos directamente al público”.

Si a eso se suma que no hubo oferentes, que al proyecto le urge contar con el servicio y que el principio de eficiencia impone que los procesos y remedios de contratación administrativa estén dados para que se tomen decisiones dentro del amplio espectro de la legalidad constitucional, en pro del interés público, pues todo apunta a que sí es procedente la contratación de marras.

Cabe reconocer que, posiblemente, hay un escenario interpretativo. El Conavi aplicó normas en vigor, y concluyó que sí se puede; y eso parece afín al interés público, y beneficia sin duda al país. Pero eso no quita que puedan darse otras interpretaciones, que afirmen lo contrario.