Opinión

¿Cómo se construye la crisis fiscal de Costa Rica?

Actualizado el 11 de diciembre de 2013 a las 12:00 am

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Pluma en ristre, el paladín de la moral y las finanzas públicas esgrime de nuevo su conjura contra nuestros compañeros trabajadores de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) y esta organización sindical, que a lo largo de más de 50 años ha defendido sus legítimos derechos e intereses laborales y sociales.

En esta ocasión, el editorial de La Nación , publicado en la edición del 28/11/2013, increpa la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo, que declaró con lugar la demanda que interpuso Undeca contra aquella institución y el Estado, con el fin de que se restituyera el pago del salario completo de los trabajadores que se incapaciten por enfermedad.

El editorial recrimina que el pronunciamiento judicial restablece un odioso privilegio, que, de mantenerse la sentencia –advierte haciendo un juicio apocalíptico–, implicará un enorme retroceso de los esfuerzos que se han hecho para ordenar las finanzas institucionales.

La sentencia del Tribunal, contra la que se alza La Nación , declaró la nulidad absoluta del acuerdo que adoptó la Junta Directiva de CCSS, en junio del 2011, por resultar sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. La sentencia corrige el abuso que cometió la Junta Directiva al revocar, de manera arbitraria y unilateral, un legítimo derecho de los trabajadores, que tiene sustento en la propia ley constitutiva de esa institución.

Desmentimos, de manera categórica, que este beneficio constituya un privilegio, ya que es un derecho que estamos recuperando, como corresponde en un Estado de derecho, recurriendo a los tribunales de la República, aunque la sentencia cause tanta irritación en ese tradicional medio informativo.

Mucho menos es cierto, como malintencionadamente se nos atribuyó en ese editorial, que no haya podido dejar de reconocer los abusos que se cometieron.

De esta manera, La Nación la emprende infundadamente no solamente contra esta organización y los trabajadores que representamos –esta no es la primera vez–, sino también contra los tribunales de la República, olvidando esa corporación que tiene techo de vidrio.

Este linchamiento mediático cumple tres objetivos, que son muy fáciles de comprender: 1) prejuiciar la opinión pública contra los servidores de la Caja, que es un oficio compartido con la Presidencia Ejecutiva de esa institución, 2) desacreditar la sentencia de los tribunales de la República, y 3) presionar a la jerarquía del Poder Judicial, lo cual desde ahora estamos denunciando.

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Termina esa diatriba periodística sentenciando que, con este precedente judicial, “así se construye la crisis fiscal del Estado costarricense”, lo cual se devuelve como un bumerán contra el propio diario.

La crisis fiscal del Estado obedece a otra clase de causas, que desde luego no le conviene reconocer a La Nación , inmersas en el contexto de la crisis del modelo neoliberal que interesadamente defiende ese periódico, dentro de las cuales destacan la regresiva estructura impositiva del país, acompañada de la evasión tributaria, que, por lo visto, para muchas empresas constituye un deporte nacional.

No es ocioso recordar que ese grupo corporativo recientemente fue denunciado por la Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, por los supuestos delitos de defraudación fiscal y tributaria, por una presunta evasión de impuestos de ¢1.918.300.797,43.

Si en algo coincidimos con este editorial, es en que efectivamente, de esa manera, “así se construye la crisis fiscal del Estado costarricense”.

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