22 octubre, 2014

La Dirección General de Migración y Extranjería es un órgano burocrático que parece ignorar la realidad costarricense entre sus absurdos papeleos que no facilitan el control migratorio, pues, con permiso o sin él, los nicaragüenses deambulan en el país y realizan trabajos, principalmente, como empleadas domésticas, peones en construcción y peones agrícolas. Los otros son vendedores ilegales de cuanta cosa hay en la avenida central y otros bulevares.

Negarles el permiso para residir y trabajar no los induce a regresar a su país de origen, pues aquí, aunque indocumentados, al menos se ganan unos cinquitos para ir sobreviviendo en la miseria en que viven, en cuarterías y en condiciones no pocas veces infrahumanas… Este infierno es peor que estar en su país sin opciones de trabajo de ninguna índole. En pesadilla terminaron los sueños: ¡los ríos de leche y miel que llegarían con el triunfo de la revolución!

Horror. Todo aquel que haya caminado por la avenida central ha de haber visto el horror que invade a los vendedores ilegales cuando alguno grita: “La Muni” o “La Migra”. En segundos desaparecen con todo y los pañuelos donde exhiben la mercadería que venden. Eso no es vida, y que no hable el presidente de derechos humanos en el país, mientras persistan estas y otras situaciones para grupos migrantes y minoritarios.

Hace ya tiempo, necesitaba una persona que limpiara mi oficina por horas. Me recomendaron a una muchacha nicaragüense que, según me dijo ella, tenía los papeles en regla, pero, al revisar su cédula, me di cuenta inmediatamente de que tenía una condición legal “restringida”. Resulta que la muchacha vino a trabajar por medio tiempo con un patrono nicaragüense establecido en el país y Migración le dio permiso para que fuera contratada por él, solamente por él. Sin embargo, ella requiere más trabajo para no morirse de hambre. Destaco y reitero: trabaja solo medio tiempo con el patrono que le autorizó Migración, y con el salario de ley de su categoría laboral, que equivale a menos de ¢100.000 netos al mes. Como es obvio, aunque sea ilegal, ella trabaja para terceros por horas, y, por eso, me la recomendó alguien que alguna vez la contrató.

Yo no quise contratarla ilegalmente. Le propuse inscribir una empresa de “servicios de limpieza” para que pudiera venderlos, por hora, a varios profesionales. Se entusiasmó con la idea y fue a la Dirección General de Tributación Directa para inscribirse como “trabajadora independiente” de un “servicio de limpieza profesional”, destinado a un público meta –oficinas profesionales y locales comerciales–, y en el que trabajaría durante su tiempo libre. Llevó el modelo de contrato que firmaría con sus clientes y el arte gráfico de los recibos de dinero que le haría la imprenta. En Tributación no la inscribieron por su condición migratoria.

Yo sigo sin contratarla. Pasaron las semanas y, un buen día, la llamé para decirle que la había recomendado con una persona que quería contratarla como asalariada por medio tiempo.

Entusiasmada, ella fue a Migración para ver qué tenía que llevar para trabajar con dos patronos (el que tiene y el nuevo), por medio tiempo con cada uno. En Migración le dijeron que no tenía permiso para trabajar con nadie más: solo con el patrono que tenía inscrito y únicamente por medio tiempo.

Recurso de amparo. Luego, la muchacha me llamó para contármelo. Le propuse presentar un recurso de amparo por violación de un derecho básico: trabajar honradamente y no estar condenada a morirse de hambre, pues la burocracia dice que no puede trabajar más de medio tiempo. Me dijo que no lo haría, pues le daba miedo perder su condición de migrante en condición restringida a ese medio tiempo de trabajo legal, que la obliga a seguir buscando trabajo con quien quiera contratarla en forma ilegal por salarios de hambre. Por miedo, no da la lucha para tratar de tener una mejor condición con quien quiere contratarla legalmente con, por lo menos, el salario estipulado por ley.

Yo no soy abogada y no sé cómo le habría ido en la Sala Constitucional, pero creo que debió intentarlo y, por eso, lamento por ella –y por quienes estén en su misma situación– que se haya rendido antes de tiempo.

Reforma necesaria. Migración puede decirnos que actúa con base en la ley y sus reglamentos. Pero, si ese es el marco jurídico, definitivamente hay que reformarlo.

Nuestra política migratoria debería dar permisos de trabajo y ejercer control: darles seguimiento en cuanto a qué se dedican (si trabajan por cuenta propia, que se inscriban como tales y tributen, y, si trabajan con patrono, velar por que no les esquilmen sus derechos y contribuyan en forma efectiva a la CCSS). Y, si nos llegan indeseables, ¡a deportarlos! Pero negar permisos a quien es decente y honrado es, simplemente, condenar a esa persona, por su condición de migrante ilegal, a sufrir vejaciones, devengar pagos de salarios menores al mínimo y vivir en condiciones indignas por el simple hecho de haber perseguido el sueño de que podría mejorar su calidad de vida en Costa Rica.

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