17 enero, 2015

El pasado10 de enero, Conarroz acusó a La Nación de presionar al Gobierno para que libere el precio del arroz y no incremente el arancel de importación de arroz pilado, y me menciona personalmente. Aparte de trabajar en una empresa que importa arroz, soy economista de profesión. Con el afán de contribuir objetivamente al debate, aclaro ante la opinión pública algunos hechos sobre este tema.

Descalificación injustificada. Los estudios del BID, Unctad y la UCR coinciden en indicar que la política arrocera ha perjudicado a los consumidores más pobres y beneficiado mayoritariamente a unos pocos agroindustriales. Conarroz intenta desacreditarlos argumentando que no son la opinión de estas instituciones. Es una costumbre consolidada hacer esa aclaración y ofrecer total libertad a los autores para que busquen solo la verdad y no deban seguir una línea de pensamiento prefijada.

Sí hay subsidio. Señala Conarroz que no hay subsidio para el sector arrocero. Respetuosamente indico que esto es completa y absolutamente falso. La industria del arroz tiene un enorme subsidio, es decir, una transferencia de dinero desde los consumidores que pagamos más por el arroz, sobre todo hacia los agroindustriales. Esto se puede entender claramente al ver que el arroz traído fuera de Costa Rica vale menos que aquí y que pagamos más únicamente porque hay un arancel. El arancel encarece el arroz local. Esta diferencia de más que se paga en cada kilo de arroz se llama “subsidio”. Esta es una verdad científica ampliamente admitida por economistas en todo el mundo. La OMC ha señalado reiteradamente que Costa Rica está violando sus compromisos al exceder en el arroz los subsidios permitidos. Ustedes pueden seguir negando que hay subsidio y que la política actual transfiere dinero de pobres a ricos. Sin embargo, de acuerdo con la definición del DRAE, la diferencia en el precio del arroz que los agroindustriales recogen es un subsidio (“Contribución impuesta al comercio y a la industria”). Lo importante es que la opinión pública conozca la verdad.

Falsos abanderados. Se declaran ustedes abanderados de los consumidores. Sería bueno que expliquen en un documento hecho por profesionales cómo es que la política actual beneficia al consumidor. Es todo lo contrario. El arancel encarece el arroz para los consumidores (sobre todo, para los pobres, que consumen más arroz), que pagan hasta el doble del precio al que se obtendría en el exterior, y esa diferencia se la trasladan al detallista que vende el arroz. Esto es indiscutible. Esa diferencia es el subsidio. ¿Qué sucede con ese dinero? El detallista está limitado por decreto a ganarse solo un 5% y, a su vez, pasa el resto del valor al agroindustrial. Con datos de Conarroz, se pueden calcular los márgenes de los participantes: 5% para detallistas, 7% para mayoristas, y de 75% a 150% para los agroindustriales. ¿Por qué razón es que la agroindustria tiene el margen más grande? ¿Qué lo justifica? ¿Por qué razón no aumentamos el subsidio a los agricultores pobres y reducimos el de los agroindustriales ricos?

Muchos consumidores de buena voluntad pagaríamos un poco más por el arroz, pero para destinarlo transparentemente a los agricultores pobres. No consideraríamos justo un sobreprecio que tiene que pasar a manos de los agroindustriales para que se dejen la mayor parte y trasladen migajas a los pequeños agricultores. Del total del subsidio a los agroindustriales, más del 90% se destina a los 6 agroindustriales más grandes: en promedio, un vehículo de lujo diario a cada uno ($20 millones por año) ¿Cómo alega Conarroz que defiende a los consumidores, si la política actual, diseñada por ellos mismos, transfiere este dinero a los agroindustriales grandes? ¿Por qué razón es que los agricultores pobres (379 familias) solo reciben el 1,16% del subsidio total?

Los datos de mi estudio provienen de las publicaciones de Conarroz. Mi análisis está disponible para ser objetado con argumentos e información válida. La existencia de subsidio es un hecho verificable. Sus afirmaciones no pasan de ser opiniones de un grupo de interés que ha disfrutado de beneficios a costa de los costarricenses durante más de 20 años, sin sustento de profesionales en economía, sin documentación escrita verificable y sin escrutinio alguno. Los invito a un diálogo público sobre este tema en el foro que tengan a bien.

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