12 noviembre, 2015

Costa Rica tiene el aval de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para ingresar en ella una vez hechos los deberes de aplicar en el país las mejoras prácticas de buen gobierno en los ámbitos público y privado.

De lograrlo, el país formaría parte de una organización que, al menos en teoría, reúne a las naciones con los más elevados niveles de desarrollo, mayor bienestar para sus habitantes, mejores indicadores de transparencia y los mercados más eficientes del mundo.

En junio pasado, en la sede de la OCDE, el presidente, Luis Guillermo Solís, se comprometió a cumplir los deberes definidos en la hoja de ruta para el ingreso del país antes de finalizar su gobierno. No es un compromiso menor que debe ser cumplido en los próximos 27 meses.

Es poco tiempo si se toma en cuenta que otras naciones han durado décadas en lograrlo.

Al efecto, hay que tener en cuenta que la denominada hoja de ruta incluye nuestra obligación de suscribir 250 “estándares” de la organización –cada uno contiene un conjunto de normas de conducta pública o privada– y cumplirlos.

El país deberá, también, someterse a la revisión constante por parte de la OCDE para verificar que lo que decimos que hemos hecho es cierto. La magnitud de la tarea señalada es tan grande, que mantenerla en el nivel de comités de trabajo institucionales no parece la decisión más acertada del actual gobierno.

Hoy por hoy, cuando el país se encuentra sin hoja de ruta propia, el gobierno debería darle carácter de agenda nacional al plan que le define el ente externo.

Lo que ahí se nos exige, hay que hacerlo con OCDE o sin ella; son acciones, medidas, leyes, planes, programas, rectificaciones necesarias y buenas prácticas para todo país que aspire a alcanzar el desarrollo mediante una ecuación virtuosa entre un Estado moderno y un sector privado eficiente y decidido.

Integrar a los ciudadanos. Para empezar, el gobierno debería explicar por qué es bueno ingresar a la OCDE –cosa que aún no ha hecho con la amplitud requerida– e informar, con detalle, en cada ámbito, qué es lo que se nos pide hacer y cómo vamos a hacerlo, así como definir un cronograma e identificar a los funcionarios que estarán a cargo de liderar las acciones y a los aliados privados o de los sectores sociales con los que vamos a trabajar para alcanzar el objetivo.

La agenda de la OCDE, para nuestro ingreso, no es cuestión de burócratas; es un asunto de alcance nacional y amplia participación y compromiso político y cívico.

Una vez hecho lo anterior, el gobierno debe obligarse a informar a la ciudadanía, con una periodicidad inexorable, cada avance o atraso en el proceso, con indicación de la causa del atraso, si lo hubiera, y la identificación de quién o quiénes son los responsables de ello.

Cada uno de los actores responsables, sea cual sea, ante la evidencia de su incompetencia o falta de compromiso, debe ser removido e informadas las razones de tal decisión.

El proceso de cumplimiento de la hoja de ruta debería convertirse en la primera prueba de que Costa Rica está, de verdad, comprometida con la aplicación de las mejores prácticas de buen gobierno.

La oportunidad que nos brinda la OCDE para ingresar en ella, lograda ciertamente por el empeño original de la administración anterior, y dichosamente continuada por algunos funcionarios del presente gobierno, es tan importante que no puede quedar, solamente, en manos de burócratas públicos.

Es, como se dice ahora, “un tema país”. Debe ser elevada a rango de agenda nacional de primer orden y concitar, desde el Poder Ejecutivo, la más amplia participación de sectores, gremios, partidos y ciudadanía.

Pablo Ureña es abogado.