Opinión

Un compromiso legalmente imposible de cumplir

Actualizado el 01 de enero de 2015 a las 12:00 am

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Un compromiso legalmente imposible de cumplir

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La madurez cívica y sagacidad política de los costarricenses ha quedado en entredicho en los últimos días. Por una mayoría sin precedentes en nuestra reciente historia política, el pueblo eligió como presidente de la República al candidato del PAC, don Luis Guillermo Solís, pero, a su vez, al votar para diputados, una gran mayoría de electores siguió la nefasta práctica de “quebrar” su voto, repartiéndolo antojadizamente entre el resto de los partidos, dejando en minoría al de nuestro presidente, lo que equivale a inmovilizar al Estado y dejar al Poder Ejecutivo en manos de una Asamblea variopinta, escenario ideal para que medren los traficantes de la componenda y el trueque politiquero.

El nuevo Presidente, deseando contar en la Asamblea Legislativa con un Directorio de su partido, se vio obligado a negociar el apoyo de otras fracciones, incluyendo la del Frente Amplio, a la que en retribución le ofreció “levantar el veto” interpuesto por la expresidenta Chinchilla al Código Procesal Laboral, que permite las huelgas en servicios esenciales, y que los constituyentes de 1949, en interés de todos los ciudadanos, quisieron mantener a salvo de tales riesgos.

El veto presidencial es un acto que no tiene recurso alguno y que adquiere firmeza en el acto mismo en que el presidente lo firma, por lo que nadie, ni siquiera quien lo emitió, puede posteriormente revocarlo o modificar sus alcances. Considerar que se puede “levantar” un veto legalmente emitido es como pretender que los jueces de la República pueden revocar o modificar una sentencia firme, que ellos mismos o sus antecesores hayan dictado anteriormente.

La Constitución que el señor presidente juró respetar al asumir su cargo le impedía adquirir el compromiso que contrajo con sus circunstanciales aliados del Frente Amplio. No hay duda de que el señor presidente estuvo mal asesorado cuando contrajo un compromiso que legalmente no podía cumplir, y aun peor cuando preocupado por el portillo que le abrió a los sindicatos intransigentes, pretende ahora paliar las consecuencias de su imprudencia anunciando un decreto ejecutivo que evidentemente no podrá prevalecer sobre la ley.

Es lamentable que un presidente que obtuvo una mayoría abrumadora en segundas elecciones, haya dilapidado en forma tan rápida su caudal político. Hay una justificada preocupación de que el clima de agitación e intranquilidad que provocarían los sindicatos, haciendo uso de las prerrogativas que se les conceden, implique el cierre de empresas ya establecidas y coarte la posibilidad de que otras nuevas vengan al país, lo que aumentaría aún más nuestros índices de desocupación, que actualmente son los más altos de Centroamérica.

Sindicatos. En un artículo reciente, publicado en la página 27 A de La Nación, el exministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides, dice que la posibilidad de declarar huelgas en servicios públicos esenciales y la correlativa prohibición para que el Estado y sus instituciones puedan contratar personal que sustituya temporalmente a los huelguistas, “constituyen el instrumento perfecto para que los sindicatos arrodillen al Gobierno de turno y logren la aprobación de sus demandas, por exageradas e injustas que sean”.

Todo el mundo sabe que los Sindicatos, independientemente de que estén constituidos por profesionales o por muelleros, en donde quiera que operen, aun cuando proclamen consignas patrioteras, invariablemente persiguen exclusivamente el beneficio de sus afiliados, incluso a costa de los más sagrados intereses del país.

El carácter “apátrida” del sindicalismo, que se repite en todas las circunstancias y latitudes geográficas, nunca ha quedado más claramente puesto en evidencia que en el siguiente episodio, que nos narra Peter F. Drucker en su libro La sociedad poscapitalista : en 1943, en plena Guerra Mundial, cuando cientos de soldados norteamericanos estaban muriendo en los frentes de Europa y el Pacífico Sur, y el país dependía de los combustibles fósiles para mantener su maquinaria de guerra, el famoso líder sindical John L. Lewis (1880-1969) se rebeló contra la congelación de salarios decretada por el Gobierno en las minas de carbón y llamó a sus mineros a una huelga, sin considerar el interés de la nación ni el hecho de que, pese a la congelación, los mineros eran, en aquel momento, los trabajadores mejor pagados del país.

El presidente Roosevelt, un aristócrata de izquierda, amigo personal de Lewis, le rogó, en vano, que reconsiderara la situación y suspendiera la huelga, pero este se negó con palabras que pasaron a la Historia: “Al presidente de los Estados Unidos le pagan para que vele por el interés nacional y a mí me pagan para que vele por los intereses de los mineros”.

La huelga finalmente se impuso, sin embargo, Lewis, por su miopía y mezquindad, se ganó la repulsa de todo el país, que entendió que había ido demasiado lejos. Inmediatamente Lewis perdió todo su poder, toda influencia y el respeto dentro del movimiento obrero y aun dentro de su propio sindicato.

La victoria de la huelga de l943 señaló el comienzo de la decadencia del sindicalismo en los Estados Unidos. Diez años después, las huelgas de las carboneras habían perdido toda importancia. Lewis vivió para ver las consecuencias de su obstinación, pero hasta su muerte, siguió considerando que había tenido razón, que la guerra era una gran oportunidad para que los obreros reclamaran lo que él llamaba “una paga decente” y nunca pudo entender por qué la opinión pública se había volcado en su contra.

Como en nuestro país, guardando las proporciones, muchos líderes pueden resultar caricaturas del legendario Lewis, aunque quizás nunca hayan oído hablar de él. Resulta altamente peligroso poner en sus manos un arma tan poderosa y nociva, como la contenida en el proyecto que en buena hora vetó la presidenta Laura Chinchilla.

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