La competitividad de la industria costarricense

Primero: La que el Estado cree que tenemos, con la que salen a negociar tratados de libre comercio y conquistar inversión extranjera para el país.

Segundo: La de las empresas en zonas francas, que cuentan con todo el apoyo del Gobierno y, consecuentemente, sus miembros se desviven por complacerlos y facilitarles todo.

Tercero: La del productor nacional, que tiene que batallar contra absolutamente todo para poder salir adelante y en este todo se incluye al sinnúmero de regulaciones, a la voracidad fiscal, a la inoperancia del Estado, a la mala infraestructura, etc.

En la industria privada ajustamos nuestros gastos y egresos a lo que logramos vender, o mejor dicho, a nuestros ingresos; y no podemos aumentar precios de forma desmedida, pues nuestros clientes merecen respeto y cuando se aumenta un precio hay que justificarlo completamente.

Por eso, me llama la atención que meses atrás se dijera que el Estado costarricense pondría un tope a sus salarios de 4%, y luego en el presupuesto para el 2013 aparece que la realidad es otra, y que pretenden aumentar salarios en un 7.7%, que según el periódico El Financiero del 10 al 16 de septiembre, significa prácticamente el doble de la inflación esperada.

Lógicamente así no hay dinero que alcance, y tienen que salir a ver de dónde sacan para tapar los faltantes que lógicamente se generarán. Esto hace que se eche mano a ideas y todo tipo de ocurrencias, para aumentar la carga impositiva del productor nacional, sin que nadie internamente en el Ministerio de Hacienda se siente a analizar sus implicaciones de corto y mediano plazo.

Competitividad en entredicho. Como ejemplo de lo anterior, tenemos la reciente Directriz No. DGT-D-002-2012 de julio del presente año, la cual afecta seriamente la posición competitiva de la empresa costarricense netamente exportadora. Dicha directriz pretende gravar con el impuesto de venta los insumos, materiales y embalajes, que se requieren para producir. Esto basándose en la letra muerta de la ley del impuesto de ventas, y desconociendo lo que dice su reglamento, que ya ha venido operando desde 1982.

La fecha de la ley y reglamento del impuesto de venta resulta importante, por el hecho de que es precisamente en ese año, en que el país define un modelo netamente exportador, con leyes de fomento a la exportación y una nueva política arancelaria, que redujo la protección de gozaba el sector productivo, y así buscar la inserción en los mercados internacionales. Esta política ha sido sumamente beneficiosa para el país, pero con la nueva directriz en cuestión damos un enorme paso para atrás.

La Directriz de Tributación Directa, no solo pretende derogar parcialmente lo que indica el reglamento, lo que según abogados conocedores de la materia me indican que es ilegal, sino que también:

a) Se infringe el denominado Principio de Confianza Legítima, junto con el de Buena Fe en las relaciones jurídico-administrativas el cual se encuentra ligado al principio de seguridad jurídica, esto relacionado con la certidumbre que debe existir en las relaciones con los poderes públicos, puesto que el administrado (en este caso el productor nacional) debe saber siempre a qué atenerse, y la administración debe evitar las situaciones confusas como las que aquí se acusan, y se deben mantener las situaciones jurídicas aunque no sean absolutamente conformes con el ordenamiento jurídico.

b) Se introduce una discriminación contraviniendo el principio de igualdad, entre los exportadores costarricenses y los ubicados en las zonas francas, a los cuales no se les aplica los alcances de la interpretación que la nueva directriz, que grava insumos, materiales y embalajes, en el impuesto de ventas a los exportadores ubicados fuera de las zonas francas, que somos los que pagando impuestos hemos financiado el desarrollo del país.

Por tanto, a la luz de la Directriz No. DGT-D-002-2012, se introduce algo más al todo contra lo que debe luchar el productor nacional, que es la inseguridad jurídica.