EscucharDescubrimientos de los últimos meses imponen revisar el sistema de elección de magistrados para garantizar —además de independencia y probidad— el más alto nivel de excelencia de los jueces de la Corte Suprema. Solo deben ser elegidos juristas sin compromisos con sectores políticos o económicos para asegurar imparcialidad y objetividad.
La designación no debe ser encargada a pocos porque favorecería la componenda a la sombra, ni estar a cargo de muchos porque potenciaría la elección de los menos aptos.
Un reciente editorial de La Nación (“Elección de magistrados”, 10/11/2017) propone una enmienda para que los nombres de los candidatos pasen el filtro de distintas instituciones públicas y privadas. Mi experiencia en temas de justicia durante algunos años en una Comisión de las Naciones Unidas me permitió conocer de cerca ese sistema.
El resultado es la agresiva campaña del candidato, quien debe adquirir compromisos con todos los sectores involucrados para resultar elegible. Correlativamente, grupos interesados en colocar “sus fichas” en la Corte Suprema crean y crean universidades para tener más votos y controlar la formulación de la nómina. Confío en las buenas intenciones de quienes desde vieja data hablan positivamente de ese procedimiento, pero lo rechazo porque lo conozco y no asegura el nombramiento de los mejores.
Nuestro sistema de elección de magistrados tiene ventaja. En general, han sido designados juristas que —tanto histórica como actualmente— dieron y dan brillo a la justicia costarricense. Pero eso no implica que en algunos casos no se amañara el procedimiento y se designara un nombre y no al mejor de los postulantes.
Riesgo. Los nombramientos a cargo de la Asamblea Legislativa carecen de adecuada regulación, por lo que pervive el riesgo del capricho y la arbitrariedad. Paradójico: candidatos con extraordinario currículo, experiencia y reconocida solvencia moral y profesional son entrevistados y descalificados por legisladores sin preparación o conocimiento de materias tan elementales como la división de poderes y la justicia.
La reforma debería —entre otros— excluir de la candidatura a quienes se hubieran postulado a cargos de elección popular, o hubieran servido durante los diez años anteriores al nombramiento como ministros en el Poder Ejecutivo, en las distintas oficinas del Poder Legislativo, o como abogados del Estado en la Procuraduría General de la República. Además, debería contemplar un período de doce años para el ejercicio de la magistratura sin posibilidad de reelegirse y prorrogar el pago por prohibición para el ejercicio liberal de la abogacía hasta por tres años más, estableciendo una pena severa en caso de transgredir esta restricción.
Tres años es tiempo suficiente para que se establezca la distancia necesaria entre el exmagistrado y la Corte, a fin de evitar el tráfico de influencias.
Para evitar el lobby, la componenda y el compromiso, debe legislarse para que la selección de magistrados deje de ser discrecional y llegue a ser reglada conforme a criterios objetivos. Así, los costarricenses tendremos asegurado que en la nómina para la elección estarán quienes cumplan los requisitos para ser jueces independientes, los candidatos no se verán compelidos a promover su imagen y los diputados no podrán actuar a su antojo, pues quedarán limitados por la normativa.
El autor es abogado.
