¿Cómo defender el sector público?

Primero, la del ideólogo , liderada por personas sinceramente convencidas de que entre más insignificante sea el sector público seremos más desarrollados. Segundo, existe la amenaza del obediente , liderada por personas que acatan lo que Estados Unidos o los organismos financieros internacionales propongan. Tercero, tenemos la amenaza del interesado consciente , liderada por personas que desean disminuir los espacios del sector público porque ven en ellos oportunidades de negocios.

Cuarto, sobresale la actitud del interesado que amenaza al sector público de manera inconsciente. Se trata por lo general de algunos líderes sindicales y de izquierda, los cuales con el fin de robustecer sus intereses personales y políticos recurren a la defensa y promoción de excesos, abusos, privilegios injustificados, duplicidades, malas decisiones, extravagancias fiscales.

Sin quererlo, terminan edificando la argumentación del ideólogo, el obediente y el interesado consciente. De hecho los protagonistas de las reformas neoliberales rara vez necesitan apelar a sus verdaderas razones. Ante el electorado siempre justifican sus propuestas para limitar el papel del sector público, a partir de la denuncia de las ineficiencias, abusos y excesos que lo caracterizan.

Finalmente, registramos la amenaza al sector público originada en el político común , liderada por personas cuya única motivación es el poder.

Estas, no solo conviven apaciblemente, sino que cuando han ostentado cargos han fomentado la ineficiencia, las duplicidades, los desperdicios y los excesos y han actuado de manera dispendiosa cuando se trata de gastar dinero público, conceder privilegios o firmar convenciones colectivas que les hagan populares con los empleados públicos.

Este tipo de político también facilita la tarea del ideólogo, el obediente y el interesado consciente.

El papel de este tipo de político es patético. Su especialidad es el oportunismo, se acomoda a cualquier propuesta, sea esta a favor del sector público o privatizadora, siempre y cuando le haga popular y le permita ascender o mantenerse en el poder.

Una vez satisfecha su aspiración central –la de llegar a ser presidente ejecutivo, ministro, diputado o presidente de la República– deja que la gestión pública siga su curso, no toma riesgos, trata de quedar bien con todos los sectores, culpa a otros de la inoperancia y los abusos, nombra jerarcas por amiguismos o para pagar trabajo de campaña (solo por chiripa con capacidad gerencial) y termina otorgando primacía a la comunicación por sobre la sustancia.

Este tipo de político, en materia de calidad de la gestión pública solo suma los pasados, lo cual simplemente significa acumular ineficiencias, traslapes, abusos, duplicidades, politización de decisiones y actitudes acomodaticias ante los grupos de presión, incluidos los evasores de impuestos. Temen al más mínimo cambio, y cuando se les recuerdan sus promesas de campaña responden que ante otras urgencias las reformas cualitativas de fondo en la gerencia pública deben esperar.

Ese tipo de político no se percata de que la reforma más urgente en Costa Rica, la que es evidente desde hace tres décadas, la que ya no puede esperar, tiene que ver con la eficiencia del sector público, con la productividad con que se cobran los impuestos a los que deben pagarlos y con la que se utilizan los recursos públicos y con la eficacia de las instituciones y los programas.

Inercia. Muchos de los cambios administrativos urgentes se pueden poner en práctica sin modificar una sola ley (ej. nombramientos de acuerdo a capacidad gerencial); otros más bien resultarían de aplicar correctamente las leyes existentes (ej. pago de anualidades solo a quien se las gane con la calidad de su trabajo o pago de dedicación exclusiva solo a quien debe dedicarse exclusivamente a su trabajo en el sector público).

Otros cambios es posible hacerlos desde la Asamblea Legislativa, por ejemplo, reduciendo partidas del presupuesto que sirven para financiar privilegios injustificados.

Pero el político cuya especialidad es acomodarse y no gobernar, como temiendo a su propia sombra, escoge la inercia y la extrapolación del pasado; el mismo pasado que antes de llegar a Zapote, al ministerio o a Cuesta de Moras, atacó con vehemencia y convincente elocuencia.

Este político común, al igual que el líder sindical (el interesado inconsciente) son en la práctica aliados estrechos. Uno defiende lo que el otro practica y ambos alimentan los argumentos de los que por ideología, obediencia o interés consciente quieren debilitar al sector público.

Algunos líderes sindicales y del FA acusan de querer destruir al Estado a las personas que luchamos por la eficiencia y contra los abusos.

Es cierto que algunas personas denuncian los abusos para justificar el debilitamiento del Estado. Pero otros que creemos firmemente en el papel del sector público en el desarrollo, estamos preocupados porque al no cumplir sus funciones de manera eficiente se hace cada vez más difícil controlar las finanzas públicas, reducir la pobreza y las desigualdades, mejorar la competitividad y, por lo tanto, defender ante la población el papel del sector público.

Dilema. Costa Rica está en una encrucijada. Ante los desafíos sociales, ambientales, tecnológicos y de competitividad internacional, el sector público es una herramienta vital para el progreso integral del país.

En un régimen democrático, la mejor forma de fortalecer ese papel es mejorar los resultados de la gestión pública (eficacia) y reducir sus costos (eficiencia).

Quienes crean que defender, por ejemplo, las duplicidades en los programas, los abusos en el empleo público o el déficit fiscal, es defender la supervivencia del sector público están en un serio error, y cuanto más pronto se percaten, mejor para sus propios objetivos.

Ottón Solís es diputado por el Partido Acción Ciudadana.