¿Saben los costarricenses cuál es el objetivo de las exoneraciones de los combustibles otorgado por el Estado a los pescadores? Mediante la Ley 8114, de Simplificación y Eficiencia Tributaria, en su artículo 1, se exonera a la flota pesquera nacional del pago de los impuestos a los combustibles que pagamos todos los ciudadanos, con el fin de apoyar a este sector en su actividad productiva.
No criticamos la buena intención para favorecer a un grupo de costarricenses necesitados de este beneficio; sin embargo, la duda salta cuando Guardacostas denuncia que el 70% de las incautaciones de droga se movilizan con combustible exonerado.
Desde la Cámara de Empresarios del Combustible hemos hecho innumerables denuncias de venta ilegal de hidrocarburos en predios, parqueos y hasta en la calle, donde también ha estado presente el combustible exonerado de impuestos.
En los alrededores del plantel de Barranca, por ejemplo, es “corrillo día a día” la existencia de un mercado negro de venta de boletas otorgadas a pescadores y, posteriormente, vendidas a terceros.
Esto, obviamente, no cumple el propósito establecido de beneficiar al pescador en su actividad, sino, más bien, nutre el abastecimiento y ventas irregulares en cualquier parte del país y al narcotráfico.
Sin control. La realidad demuestra la inexistencia de controles eficientes. El beneficio pasó de ser un incentivo a fomentar un “mercado de sangre”. Quienes se dedican a traficar con drogas se aprovechan de la fragilidad del sistema.
El Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca), entidad responsable del adecuado uso del sistema de exoneración, no cumple a cabalidad con el seguimiento y vigilancia del aprovechamiento de los hidrocarburos.
No sabemos a ciencia cierta cuánto del combustible destinado a este fin cumple su propósito, o si el fundamento de la ley ya expiró, en cuyo caso, hacemos un llamado a las autoridades del Gobierno y a la Asamblea Legislativa para replantear la normativa. Mientras tanto, el clamor a Incopesca es ponerle coto a este descalabro para no convertirnos en cómplices de esta desestabilización social.
¿Cuánto porcentaje de este incentivo se desvió para otros fines? Las cifras no engañan, en el 2016 se otorgaron 25 millones de litros de diésel a este sector productivo, equivalente a una exoneración de más de ¢3.575 millones. Entretanto, en gasolina, se entregó a los pescadores poco más de 8 millones de litros, lo cual representó ¢2.000 millones en impuestos no cobrados.
Se calcula que, en los últimos cuatro años, 18.593 kilos de cocaína fueron transportados por 22 naves que recibieron el beneficio de Incopesca
Estos datos son alarmantes por su representación económica, pero especialmente por el impacto en la tranquilidad social y económica del país.
El autor es presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible.