Opinión

Cómo combatir la pesca ilegal

Actualizado el 28 de noviembre de 2016 a las 12:00 am

La pesca de especies en extinción y las prácticas destructivas dañan cada vez más los ecosistemas

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La pesca ilegal afecta no solo al medioambiente. Amenaza a todo un sector productivo y roba a los Estados entre $10.000 millones y $23.000 millones al año. A pesar de la falta de información estadística sobre la pesca ilegal, sabemos que el panorama de nuestros recursos pesqueros es desalentador: la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) calcula que el 50% de las capturas de pescado en el mundo proviene de actividades ilegales.

En un informe publicado en el 2010, el Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura (Incopesca) concluyó que en el interior del golfo de Nicoya se utilizaba entre un 95% y un 100% de trasmallos ilegales. La situación en el golfo no ha cambiado mucho.

Ese sitio es una de las principales fuentes del producto pesquero de Costa Rica. Es decir, es muy probable que el pescado que consumen en su hogar tenga un origen ilegal.

Un diagnóstico hecho por Fundación MarViva en Costa Rica, Panamá y Colombia concluyó que existe una falta de control de dicha actividad por parte de las autoridades nacionales. Las razones: el escaso personal con que se cuenta, la poca capacitación del personal a cargo de las inspecciones, la ausencia de coordinación adecuada entre autoridades y la inexistencia de un sistema que permita compartir datos entre los países de la región. El producto pesquero ilegal entra constantemente a los mercados nacionales.

Prácticas como el uso de artes de pesca prohibidos, el irrespeto de épocas y zonas de veda o la pesca sin licencia generan gran parte del producto ilegal capturado y afecta la salud de las diferentes poblaciones de peces.

La pesca de especies en extinción y el uso de prácticas destructivas como el desaleteo de tiburones y el arrastre, dañan cada vez más los ecosistemas.

Medidas. Existen instrumentos internacionales que establecen lineamientos para reducir el impacto de la pesca ilegal. Costa Rica aprobó recientemente uno de ellos.

El 8 de octubre del 2015 se publicó la Ley 9321, en la cual el país se adhirió oficialmente al “Acuerdo sobre medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada” (acuerdo sobre las MERP de la FAO).

El Acuerdo establece medidas que los Estados firmantes deberán tomar para el control de barcos de pesca extranjeros en sus puertos. Define requisitos claros. Si las embarcaciones extranjeras incumplen, no podrán entrar a un puerto costarricense.

Representa un importante paso en la lucha contra la pesca ilegal. Pero el reto está en la ejecución de las medidas que se incluyen en el Acuerdo.

Las autoridades aún deben trabajar más en el desarrollo de capacidades. Debe existir voluntad política para trabajar con los homólogos de otros países de la región y con los organismos internacionales. La sistematización de la información debe darse de manera ordenada.

Falta información. Queda un largo camino para obtener la información que necesitamos como país para establecer políticas concretas. Necesitamos saber quiénes pescan, dónde y cuánto se pesca y, aún más importante, necesitamos saber cuánto recurso nos queda.

Solo estos datos permitirán a los Estados, los mercados y al consumidor conocer si el producto que compran y comen cumplió con las leyes o si, por lo contrario, su consumo contribuyó al agotamiento del recurso.

Durante los últimos tres años, la Fundación MarViva ha ejecutado el Proyecto Puertos junto con autoridades de seis países y en alianza con organismos intergubernamentales para combatir la pesca ilegal.

Como parte de los resultados se generaron manuales de procedimientos de inspección pesquera para las autoridades, se elaboró un protocolo de coordinación interinstitucional que funciona efectivamente en Panamá, se organizaron reuniones para promover la coordinación entre países, se capacitó a inspectores y se ajustaron las bases de datos de las autoridades para modernizar la inspección pesquera, entre otros logros.

Solo con coordinación entre autoridades, un personal capacitado, información sistematizada y cooperación regional será posible alcanzar el control de la pesca ilegal.

Es urgente que el manejo del recurso pesquero se base en datos científicos y tenga estrictos controles. Es el único camino para asegurar la supervivencia de las diferentes pesquerías, mantener la economía de muchas familias costarricenses y asegurar el consumo de millones de personas.

La autora es asesora legal del Programa de Incidencia Política de Fundación MarViva.

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