Opinión

Un cobro desmesurado e injusto

Actualizado el 11 de octubre de 2013 a las 12:00 am

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Un cobro desmesurado e injusto

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Un cobro improcedente, que podría premiar con cientos de millones de colones a 66 notarios, mantiene en vilo a quienes servimos al Banco Nacional, la institución financiera más importante del país.

Obedeciendo diversos pronunciamientos de la Contraloría General de la República, modificamos el esquema mediante el cual la institución contrataba los servicios de los notarios. Pasamos de nombramientos directos y concursos de antecedentes a licitaciones públicas que permiten un esquema más transparente y ágil para asignar a los notarios encargados de formalizar las operaciones de crédito de nuestros clientes.

Temiendo que dejarían de prestar sus servicios y que dejarían de percibir ingresos por el cambio de esquema, 66 notarios demandaron al Banco Nacional. Sin embargo, cuatro años después de interpuestas esas demandas, queda claro que los notarios siguieron brindando sus servicios a los clientes. Cuarenta y tres lo hacen al amparo de las licitaciones que les fueron adjudicadas; y una veintena más, al amparo de medidas cautelares que garantizaron la continuidad de los servicios.

Tampoco dejaron de recibir ingresos. A lo largo de los últimos cuatro años y después de variar el mecanismo de contratación, los mismos 66 notarios que hoy reclaman multimillonarias indemnizaciones cobraron ¢4.400 millones a nuestros clientes por sus servicios. ¿Qué pérdida o lucro cesante reclaman? Absolutamente ninguno, porque igual siguieron brindando sus servicios y pasando factura por ellos.

Nos llama poderosamente la atención que, aunque consistentemente la Sala Constitucional rechazó los recursos de amparo presentados por los notarios al momento de rescindir sus contratos para ser elegibles por la vía de la licitación, un Tribunal de lo Contencioso Administrativo concede a los notarios pagos excesivos e irracionales.

A los notarios se les dan indemnizaciones sobre los ingresos percibidos en periodos que van de dos a cuatro años. El cobro es, a todas luces, improcedente e ilegal, porque no hay una relación laboral entre los notarios y el Banco: no tienen una jornada laboral, no reciben remuneración de parte del Banco por sus servicios (las formalizaciones las pagan los clientes), no hay una relación jerárquica con ellos y no forman parte de la planilla de los 5.300 servidores de esta noble institución.

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No entendemos, entonces, por qué el Tribunal Contencioso les otorga un beneficio desmedido. Un funcionario regular del Banco, cuya relación laboral termina, tiene derecho a un tope de veinte meses de salario por concepto de cesantía, según lo definió la Sala Constitucional. En el caso de los notarios –que no son funcionarios bancarios–, se les reconocen entre 24 y 48 meses de ingresos como indemnización. Es más que evidente que, aun sin ser empleados bancarios, se les reconocen beneficios a los que, incluso, ni nuestros colaboradores de planta tienen derecho.

La sentencia 84-2013 del Tribunal Contencioso Administrativo induce a una perniciosa inseguridad jurídica a la institución financiera más importante de este país. Un riesgo que, por el precedente, es extensivo a otras instituciones estatales. El perjuicio, además de lo legal, también induce a un gravísimo perjuicio económico al Banco.

Normalmente, por cada colón de utilidades obtenido por el Banco, colocamos diez más en manos de nuestros clientes en forma de operaciones crediticias. Si la confusa sentencia quedara en firme, ese impacto equivaldría a ¢119.000 millones.

¿Cuántas casas, cuántas microempresas, cuántos proyectos se dejarán de beneficiar por el afán desmedido y la indemnización desproporcionada a la que aspiran 66 notarios?

Como gerente general del Banco Nacional manifiesto mi obligación de hacer valer lo dispuesto por los tribunales, pero expreso mi abierta oposición a una disposición contradictoria, confusa y despojada de todo asidero legal.

Como costarricense, y como custodio de los fondos públicos que han sido confiados al Banco Nacional, expreso nuestra profunda preocupación por el castigo al que 66 notarios someten a nuestra institución y a sus clientes, al vulnerar las finanzas de la institución.

Creemos en el Estado de derecho y, en virtud de ello, nuestro equipo legal ha presentado un recurso de adición y aclaración ante el Tribunal Contencioso Administrativo para que rectifique. Adicionalmente, acudiremos a la Sala Primera, con el fin de procurar que se haga justicia y se enmiende este yerro jurídico que no solo lastima las finanzas de una noble institución, sino que también pone en peligro y en manos de un pequeño grupo de profesionales los recursos que pertenecen a todos los costarricenses.

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Tenemos fe en Dios y en la justicia.

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