EscucharDesde hace muchísimos años, persiste un grave vicio en la sociedad costarricense, cual es la opacidad y falta de rendición de cuentas por los malos manejos discrecionales que la clase política gobernante se da el lujo de hacer con los dineros que obtiene producto de las millonarias donaciones que históricamente ha recibido y sigue recibiendo en mayor o menor medida, a nivel nacional e internacional.
Es decir, si un funcionario público gestiona una donación en beneficio de actividades o funciones públicas y/o si en ejercicio de su cargo donantes privados se le acercan para ofrecerle recursos financieros para colaborar en las tareas públicas de determinados programas gubernamentales, normalmente se opta por canalizar esos recursos mediante una organización privada –normalmente una fundación u otro tipo de ONG u organismo internacional–, y con ello nunca el país tendrá el derecho de saber el destino y buen uso de esos recursos, salvo si los personeros responsables de esas personas jurídicas receptoras de dichos fondos están dispuestos a suministrar todos los detalles, documentos de respaldo e informes del caso, ya que esa información no se considera de naturaleza pública, sino que esos recursos se estiman de índole privada.
Además, para explicar el motivo que genera evitar todo control o escrutinio público de esos dineros, se acude al expediente de indicar que sale del dominio de la autoridad pública el decidir el manejo que el donante quiera hacer de los recursos financieros que pone a disposición del país y de sus instituciones, razón por la cual si los recursos donados a la patria se mantienen privados, es porque el donante así lo ha decidido... claro con la conveniente e indispensable aquiescencia del funcionario público responsable.
Y es que el ordenamiento jurídico costarricense admite que una persona que ocupa una función pública tenga la opción de realizar un manejo totalmente extrapresupuestario de cientos de millones de colones, en el tanto el donante de fondos no reembolsables no deposite en una cuenta corriente de una entidad pública el dinero que va a donar para actividades y funciones públicas, con lo cual esos dineros quedan “esterilizados”; es decir, no adquieren ni adquirirán nunca la condición de fondos públicos.
La lógica que opera en estos casos consiste en preferir ese tipo de manejos de forma privada para evitar los trámites propios del uso de dinero público: modificar el plan operativo, presupuestar esos recursos, ejecutar los procesos de contratación pública, llevar los controles documentales y contables propios de régimen público, etc.
Legalmente, ese manejo de las millonarias donaciones que personas físicas y jurídicas privadas realizan para el desarrollo de actividades, funciones y servicios públicos se considera enteramente privado, y por ende, debe ser el propio donante quien se preocupe de suscribir algo tipo de convenio con las autoridades públicas que asegure los fines a los cuales están destinados esos dineros y los controles –informes, auditorías, etc.– a los cuales estarán sujetos.
¿Habremos aprendido la lección? Este estado de cosas es de muy vieja data y ultraconocido por la clase política gobernante de turno, lo cual le permite actuar con mucha libertad en estos asuntos. Esto no sería moralmente reprochable si fueran ángeles quienes hacen estos manejos, pero resulta que son seres humanos sujetos no solo a errores, sino a indecibles intereses los que se benefician de esta situación de no control, no transparencia, no rendición de cuentas y no responsabilización.
Y lo malo es que la historia se repite una y otra vez, tanto con altos funcionarios públicos como presidentes de la República y ministros, como con otros funcionarios de menor nivel.
Viene a nuestra mente cómo hace casi cuarenta años un presidente de la República al preguntársele sobre el uso de este tipo de donaciones para beneficio del programa de la sinfónica se limitó a señalar que “me los comí en confites”, en tanto que desde hace como dos o tres años se discute lo acontecido con los fondos no reembolsables del BCIE que el entonces ministro de la Presidencia utilizó como quiso.
Un llamado a los legisladores. Ya es hora de poner el cascabel al gato, por lo cual parece necesario que el legislador se ocupe de ordenar el régimen de las donaciones de la que se beneficia la institucionalidad pública.
Para ello basta una reforma a la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República, conforme a la cual el legislador no solo establezca por imperativo de ley el carácter público de los fondos donados al país para efectos de ser sujetos al escrutinio público, así como a los principios de transparencia, rendición de cuentas y responsabilidad.
Además, debe regularse lo atinente a los tipos e intensidades de los controles a los cuales quedarán o no sujetos esos recursos, a fin de mantener esquemas más flexibles de administración, aunque no totalmente desregulados, lo que debería incluir un sistema público de información sobre el uso y destino de estos fondos a cargo de la Unidad de Cooperación Internacional de MIDEPLAN.
Mientras se sigan poniendo oídos sordos a esta situación, la clase política gobernante sabe que cuenta con un esquema jurídico de cooperación muy favorable a su haber, del que además puede sacar mucho provecho económico-político y del que legalmente es muy poco el riesgo que corre por un eventual abuso o mal uso de esos fondos.
Y además, agrego, la ciudadanía debe quedar advertida de que se mantienen las condiciones jurídicas que permiten futuros abusos e impunidades en esta materia, de manera que las autoridades competentes poco o nada podrán hacer si persisten insanas conductas en estos manejos de las donaciones que el país recibe para fortalecer el adecuado desempeño de su institucionalidad pública y el Estado de derecho.
