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Un cierre necesario

Actualizado el 08 de noviembre de 2016 a las 12:00 am

Los reos en el ámbito F de La Reforma eran objeto de trato cruel y degradante

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La ministra de Justicia y Paz y su viceministro ordenaron el cierre del ámbito de convivencia F del Centro Institucional La Reforma, conocido como “las tumbas”, lo cual era necesario.

En el 2001, cuando funcionaba como ámbito de máxima seguridad, con 23 horas de encierro y una hora de sol durante la semana, cada quince días las personas que no recibían visita familiar se quedaba por más de 48 horas sin la hora de sol.

El Comité Contra la Tortura de la Naciones Unidas, en las observaciones finales del 18 de mayo del 2001, que emitió para el Estado costarricense, en el apartado “Motivos de preocupación” punto f, señaló que “el régimen de detención de máxima seguridad, con 23 horas de encierro y 1 fuera de la celda, parece excesiva”.

Dentro de su historia de reclusión, estas celdas también fueron utilizadas para alojar a personas adultas jóvenes que tenían problemas de convivencia y para ubicar a muchas otras personas que no reunían el perfil de peligrosidad para ser puestas en una máxima seguridad, pero sí como método de “protección”, estableciéndose un exceso en la sanción y la violación del principio de separación de categorías.

Nueva estructura. En atención a las observaciones emitidas por el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, en el 2005, las autoridades construyeron un nuevo ámbito para máxima seguridad en La Reforma, el ámbito de convivencia E. No obstante, el F continuó funcionando bajo el mismo modelo de represión, hasta hace pocos días.

En el Informe Anual del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura del año 2015, sobre este tema, se mencionó que “catorce años después de las observaciones del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas, llamaba poderosamente la atención la negligencia de las autoridades penitenciarias en poder resolver la situación de infraestructura y el sistema represivo que se utilizaba en el ámbito F”.

El Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura siempre consideró que el ámbito de convivencia F representó un fracaso administrativo de las autoridades del sistema penitenciario, las que, a lo largo de casi 14 años, no pudieron o quisieron tomar una decisión para revertir un modelo represivo de reclusión, y lo convirtieron en un depósito de personas.

Trato cruel. El funcionamiento del ámbito F fue un caso típico del efecto o impacto acumulativo de las condiciones de reclusión que, en su conjunto, constituyen una forma de trato cruel, inhumano y degradante, como lo ha señalado la Corte Interamericana de Derechos Humanos en múltiples resoluciones.

El relator de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, en relación con una visita realizada en febrero del 2016 al ámbito de convivencia F observó que las celdas se encontraban en condiciones deplorables, y que las dos pequeñas ventanas con que contaban no permiten el ingreso de luz natural ni una adecuada ventilación.

Las celdas oscuras, con una infraestructura deplorable, con servicios sanitarios tipo turco –un hueco en el piso– y malolientes, con derrame por doquier de aguas servidas y aguas de cloacas, con un sistema eléctrico hechizo y peligroso, y con una infraestructura también deplorable para garantizar adecuadas condiciones laborales al personal del sistema penitenciario, se constituyó por muchos años en un lugar que reunía condiciones inhumanas y que producía tratos degradantes para las personas privadas de libertad y violación de derechos laborales para los funcionarios que ahí laboraban.

Costa Rica estaba en mora ante el concierto de las Naciones Unidas, ante el derecho convencional y ante la misma legislación nacional al tener funcionando un ámbito con este tipo de reclusión.

Por lo anterior, reconocemos las acciones realizadas por la ministra de Justicia, Cecilia Sánchez Romero, y por el Ministerio de Justicia y Paz para proceder con la reubicación de las personas privadas de libertad de ese ámbito y su cierre definitivo.

El autor es director del Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura.

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