27 agosto, 2016

El Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa (Cenecoop R. L.) tiene una trayectoria de más de treinta años en la administración y custodia de recursos públicos y cooperativos en la que nunca han dejado de existir controles externos –desde la Contraloría General de la República hasta el Infocoop– e internos, que siempre se han enmarcado en las disposiciones legales y en el respeto a la institucionalidad pública de Costa Rica.

En virtud de lo publicado por el periódico La Nación el 19 de agosto, en su artículo titulado “Cenecoop se negó a dar actas a la Contraloría” ejercemos nuestro derecho de respuesta.

Como siempre ha sido de conocimiento público e institucional, el Cenecoop R. L. recibe recursos de diferentes orígenes, entre ellos los recursos públicos aportados por el Infocoop según la ley de presupuesto, fondos que son debidamente planificados, presupuestados, ejecutados y liquidados de forma semestral ante la Contraloría General de la República, como lo ordena la legislación vigente.

Por otro lado, los recursos girados al Cenecoop R. L. con fundamento en el artículo 80 de la Ley de Asociaciones Cooperativas son cancelados directamente por las cooperativas (entes privados), con lo cual estamos ante fondos privados, que no se encuadran en la definición de fondos públicos del artículo 9 de la Ley Orgánica de la Contraloría General de la República y, por tanto, no los recibe el Cenecoop R.L. como una transferencia o subvención proveniente de un ente componente de la hacienda pública.

El jueves 18 de agosto, se presentaron a las oficinas del Cenecoop R. L., en el edificio cooperativo, cuatro funcionarias del área de fiscalización de servicios generales de la Contraloría General de la República para solicitar la entrega inmediata de las actas del Consejo de Administración y libros contables del Cenecoop R. L., correspondientes a varios años.

Se les aclaró que, en primer término, los documentos solicitados contienen abundante información privada, por lo que debían especificar cuál es la información que requieren, atinente al uso y destino de recursos públicos. Igualmente, se procedió a indicarles que el auditor interno del Cenecoop R.L. estaba coordinando un proceso de revisión y traslado de la información derivado de las denuncias del diputado Mario Redondo Poveda y de la diputada Natalia Díaz Quintana, con la división de denuncias e investigación de la misma Contraloría, prueba manifiesta del compromiso institucional con el ente contralor y con su capacidad de auditar los recursos públicos que así considere conveniente de acuerdo con su origen y naturaleza.

Este proceso se inició el pasado mes de junio, por tanto, el auditor interno del Cenecoop R. L. tenía dos meses de estar recolectando una serie de requerimientos de la misma Contraloría General de la República y en contacto permanente con los funcionarios de la división de denuncias e investigación de ese ente, para rendir un informe que sería entregado días después.

Finalmente, los documentos y pruebas relacionados con las denuncias fueron entregados a la Contraloría, incluso antes del plazo fijado para ese efecto.

Adicionalmente, se les indicó a las funcionarias de la Contraloría que existe una causa abierta en el Ministerio Público y debíamos entregar la documentación interna.

No obstante lo anterior, la gerencia general del Cenecoop R.L. Remitió dos comunicados a la Contraloría ratificando su disposición a aportar la información específica que necesiten.

Por ende, no es cierto que el Cenecoop R.L. haya negado el control o fiscalización sobre el manejo de los ingresos públicos que percibe, siendo que ese control es una actividad periódica y regular en el Cenecoop R. L.

Rodolfo Navas Alvarado

Gerente general del Cenecoop R. L.

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