Celso Gamboa: Ellos lo eligieron

Hoy, esa ligereza de 43 diputados tiene al Poder Judicial inmerso en un escándalo de desprestigio que toca directamente a la Corte Plena, a la investidura de los 22 magistrados. Algo nunca visto en la historia reciente, al colmo de que, por primera vez, la Fiscalía allana la oficina de un magistrado y de su letrado para buscar pruebas.

Los congresistas deben asumir responsabilidad por haber llevado a un cargo de exigente honorabilidad a una persona que defrauda con su actuar y, por eso, deben tomar acciones para evitar que la institucionalidad del Poder Judicial se debilite más.

Un primer paso debería ser reformar el proceso de elección de los magistrados para hacerlo transparente. La política Comisión de Nombramientos del Congreso debe apoyarse en una empresa de experiencia que califique a los aspirantes por su capacidad académica, sus antecedentes, su probidad y hasta por su estado psiquiátrico, cosa que hoy se ignora al sugerir ternas al plenario.

Igualmente, el sistema de reelección urge de un cambio porque prácticamente les garantiza a los 22 magistrados la renovación tras ocho años en el cargo: se requieren al menos 38 votos para vetar su reelección. Debería ser al revés: exigirse 38 votos o más para seguir en el cargo.

Otro punto: si ahora la Corte Plena no logra remover a Gamboa, será el momento para reconsiderar el artículo 165 de la Constitución Política, que faculta a los magistrados a tomar esa decisión. Antes era impensable destituir a un magistrado, pero luego de este escándalo, esa Costa Rica debe quedar atrás.

Los magistrados no pueden seguir exponiendo su investidura a la vergüenza pasada por su colega en la comisión legislativa, donde los diputados le dijeron “mentiroso” en incontables veces.

Este trago amargo para el sistema judicial deben enmendarlo los que lo provocaron. Los diputados, con un mea culpa, deben dar pasos para reformar la elección.

Armando Mayorga es jefe de redacción en La Nación.