El Banco de Costa Rica (BCR) cuenta con información detallada de los salarios de sus empleados en formato digital, usable en computadoras, pero al entregar tales datos públicos a El Financiero (EF) instaló al archivo de Excel una clave secreta sin la cual es imposible procesar esos datos. Cuando EF le solicitó la clave, el BCR se negó a entregarla.
La clave solo es superable si se cuenta con conocimientos técnicos que el ciudadano promedio no tiene, ni la ley debiera exigirle.
Lo peor y más grave viene a continuación: la Sala Constitucional no pareciera haber encontrado nada ilegal en tal práctica. En nombre de EF, presenté un recurso de amparo para denunciar la obstaculización deliberada del acceso a la información por el BCR y los magistrados lo declararon sin lugar.
Estoy a la espera de que se me notifique la sentencia 6198-16 para conocer los argumentos, pero es posible que haya una mala interpretación de los hechos o un análisis ligero (o ambos escenarios).
La solicitud. Aclaremos: no es este un caso en que el BCR tiene la información de toda su planilla en hojas de papel y le exijo a sus empleados que gasten miles de horas de trabajo para que digitalicen la información para que me la entreguen en un archivo de Excel. Eso sería un exceso.
En realidad, los datos de su planilla ya están digitalizados, ya los procesan con libertad las computadoras del BCR para uso interno, pero cuando entregan los archivos digitales a los ciudadanos, sin autorización legal, les imponen una barrera que bloquea la posibilidad de que computadoras lean el documento.
Esto genera que nuestro ordenador no pueda decirnos cosas tan básicas como cuál es el salario más alto en el BCR, el más bajo o el promedio salarial de la institución.
¿Por qué puso esa barrera el BCR? No lo explica. Su departamento legal argumenta que si los datos son “legibles” (en este caso, que los periodistas los podamos leer en la pantalla de la computadora), se cumple conel derecho al acceso a la información en Costa Rica.
Sí, eso es absurdo. El BCR (y parece que los magistrados) se olvidaron de que en el mundo presente importa muchísimo que las computadoras puedan procesar la información pública.
Datos procesables. Las masas de datos con información de los ciudadanos, instituciones y empresas proliferan y la única forma realista y eficiente de convertir esa inmensa cantidad de información en conocimiento es haciendo los datos procesables por las rápidas y precisas computadoras, no solamente por los seres humanos, relativamente lentos y proclives al error.
Por eso, la práctica de imponer una barrera como la clave secreta que introdujo el BCR, que otras instituciones podrán poner en funcionamiento para bloquear nuestro acceso real a la información si nadie le pone freno, implica obstaculizar el proceso intelectual de generación de conocimiento de un país. Es castrar al ciudadano, a la sociedad civil.
En este caso, EF abrió la puerta a la Sala Constitucional para que aclarara en qué consiste el acceso real a la información en el siglo XXI. Pareciera que esa oportunidad se desaprovechó.
Esto debo advertirlo al público, a la defensora de los habitantes y a las organizaciones promotoras de la libre expresión y la transparencia en Costa Rica. Algo muy malo puede estar pasando. Esperemos atentos la sentencia.
El autor es periodista de datos.